Habitantes de cuatro veredas de Cucaita no quieren minería en su territorio.
Habitantes de cuatro veredas de Cucaita no quieren minería en su territorio. Foto: entreojos.co
Published in Conflictos,
Martes, 28 Agosto 2018 12:10

Acción popular en contra de la minería, la esperanza de campesinos de Cucaita

Habitantes de cuatro veredas denunciaron que hubo irregularidades en el otorgamiento de las licencias ambientales.

En la vereda Lluviosos de Cucaita, en Boyacá, el agua llega cada ocho días. Es una paradoja que genera desconcierto. Don Carlos Rodríguez Sierra recuerda que hace unos años de los nacimientos brotaba el líquido suficiente con destino al consumo de las familias, al riego de sus cultivos y al mantenimiento de sus animales.

Desde que la minería llegó a esta zona rural de Cucaita la vida sosegada de sus habitantes se ha visto alterada por la perforación del subsuelo, la contaminación de las quebradas y la disminución del caudal que surte a los acueductos de los que depende la vida tanto en Lluviosos como en las veredas Chipacatá, Escalones y Pijaos, esta última una de las más extensas del municipio.

Don Carlos aprovechó la audiencia que se realizó el viernes 24 de agosto en el Coliseo de la vereda Pijaos para denunciar ante la Procuraduría Ambiental y Agraria que la escasez de agua está comprometiendo el bienestar de los 40 niños que estudian en la Escuela Santa Lucía.

El centro educativo también se ve afectado por el racionamiento y el temor de los profesores y los padres de familia de que la Secretaría de Salud de Boyacá tome la decisión de cerrarlo por el riesgo sanitario que la situación genera.

¡Que por favor la Secretaría de Salud no se vaya a enterar de la falta de agua!, clamó don Carlos ante las autoridades presentes en la audiencia.

Su petición y el conflicto que hoy padece esta comunidad tienen su origen en los títulos concesionados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y en las licencias ambientales que al parecer de manera irregular otorgó entre 2007 y 2011 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) para extraer carbón en esta zona que hace parte del páramo Cundiboyacense y que limita con la Reserva Forestal Protectora El Malmo, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Tunja. 

Licencias cuestionadas

Con mapa en mano, Carlos Castillo denunció irregularidades en el otorgamiento de licencias ambientales.

Aunque no hay claridad sobre el número de títulos mineros activos, Carlos Castillo, un habitante de la vereda Pijaos, afirmó que la comunidad ha contabilizado preliminarmente 11 que se extienden a lo largo de 1.700 hectáreas tanto de Pijaos como de las veredas Chipacatá, Escalones y Lluviosos, de Cucaita. Los reclamos de los campesinos también incluyen a las veredas Barón Germania, Barón Gallero, La Lajita y El Porvenir, de Tunja

Castillo sostuvo que los permisos otorgados por Corpoboyacá no cumplen con los requisitos exigidos por la normatividad ambiental y que el seguimiento a los planes de manejo presentados por las empresas y las familias que se dedican a la actividad no es frecuente ni riguroso.

Advirtió que a pesar de que en algunos casos se han impuesto sanciones por irregularidades en la operación de las minas, de sus socavones se sigue extrayendo mineral incluso en horas de la noche sin que la autoridad aplique con rigor el peso de la Ley.

Su reclamo coincidió con las acciones de seguimiento que a la fecha adelantan de manera simultánea la Agencia Nacional de Minería y Corpoboyacá con el objeto de verificar el acatamiento de las obligaciones de los mineros y determinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de las fuentes de agua.

Que se deroguen los permisos

A pesar del compromiso asumido por la ANM y Corpoboyacá, quienes se oponen a la actividad minera acudieron a una acción popular para que el Tribunal Administrativo de Boyacá proteja su derecho a una vida digna y a un ambiente sano y ordené la revocatoria de todos los títulos mineros y de las licencias ambientales.

Ana María Ávila es la abogada que asumió la representación de los campesinos demandantes. Relató que el proceso comenzó formalmente en 2017 ante los daños provocados por tres operaciones mineras y que con el paso de los meses se ha incluido a otras empresas y personas propietarias de explotaciones carboníferas que inicialmente no habían sido identificadas.

Tanto la abogada Ana María Ávila como Carlos Castillo coincidieron en que están dadas las condiciones para que se ordene el cierre de las minas, y dentro del listado de argumentos se encuentran los que ellos consideran como serias irregularidades:

- Errores en la información técnica. Según sus denuncias, en los documentos presentados por quienes están explotando carbón, y que sirvieron de base para que Corpoboyacá expidiera las licencias ambientales, se indica que los predios concesionados están ubicados en la cuenca del río Suárez cuando en realidad corresponden a la cuenca del río Garagoa.

Castillo aseguró que esa información aparece registrada en cuatro licencias ambientales, en cuatro estudios técnicos, en cuatro modificaciones de licencias ambientales y que quienes firman los permisos son los mismos funcionarios. Su hipótesis es que al ubicarlos en una cuenca diferente se estaría tratando de falsear el hecho de que la actividad minera se realiza cerca al páramo, contraviniendo así la realidad. 

- Localización errada. Otro error advertido por la comunidad está en las coordenadas del título minero GBN 112 de 2007 que en la cartografía de las explotaciones que administra la autoridad minera está situado en la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar. Carlos Castillo dijo que la ANM reconoció el error y aunque hizo un ajuste esa entidad situó la explotación en el Vichada y no en Cuacita donde efectivamente se adelanta la explotación.

- Intervención del acueducto de la vereda Pijaos. Se indicó además que en 2007 Corpoboyacá le otorgó a la empresa Carbones de Samacá (Carsama) permiso para hacer explotación en un predio por donde se extienden las redes del acueducto veredal que surte a 35 familias. Tal situación ha sido negada por la empresa y la autoridad ambiental, sin embargo, los denunciantes se valieron de un Dron para recoger las pruebas y demostrar que la empresa modificó el trazado de la línea de conducción.

Corpoboyacá se defiende

Ricardo López Dulcey, actual director de Corpoboyacá, reiteró que las licencias a las que se refiere la comunidad fueron otorgadas entre 1995 y 2010 y que en su administración no se han entregado más permisos de esa naturaleza.

Dijo que lo que se presenta en Cucaita es un conflicto por el agua entre las comunidades que desarrollan actividades tradicionales y quienes se dedican a extraer carbón.  “Esta es una zona que históricamente no ha tenido grandes fuentes hídricas y por razones del uso del suelo se responsabiliza a la minería de la disminución de la oferta de agua en la región”, expresó López Dulcey.

Agregó que luego de los estudios contratados por la Corporación en 2015 se logró establecer que estas veredas de Cucaita se ubican sobre el acuífero de Tunja y que algunas minas pueden estar interfiriendo con zonas de recarga hídrica de este gran depósito de agua por lo que se “tomarán las medidas pertinentes para proteger el acuífero”.

En relación con la inconsistencia de la información presentada por los titulares mineros respecto a la ubicación de las concesiones, el director de Corpoboyacá indicó que luego de verificar los datos se hicieron las correcciones correspondientes y que el monitoreo de la entidad se adelanta sobre coordenadas reales.

López fue enfático en asegurar que la Corporación está haciendo un seguimiento estricto a estas minas. “Nos comprometemos con la comunidad a fortalecer ese seguimiento y cualquier irregularidad será objeto de una medida preventiva. La Corporación obligó a que se adoptaran medidas preventivas en al menos dos minas y se abrieran procesos sancionatorios”, aseguró. 

La comunidad denunció que las minas están próximas a los nacimientos de agua.

Explicó que Corpoboyacá revisa que los operadores mineros estén cumpliendo con el tratamiento de aguas residuales, con la disposición adecuada de los estériles, con la restauración de zonas afectadas y en general con el plan de manejo que incluye medidas de compensación, reducción o mitigación de los impactos ambientales.

Admitió, sin embargo, que la entidad no tiene la capacidad operativa para hacer controles en toda el área que tiene a su cargo y que con los recursos disponibles solo puede hacerlo en el 25 o el 27 de su jurisdicción.

Ricardo López negó que haya permisos para extraer carbón en la Reserva Forestal Protectora El Malmo, aunque reconoció que algunas minas con licencia ambiental pueden estar afectando el acuífero de Tunja.

Respecto a la explotación que se realiza sobre las redes del acueducto de Pijaos, se comprometió a revisar el tema al considerar que no es lógico que algunas tuberías estén interceptadas por los títulos mineros. 

Don Carlos Rodríguez y los estudiantes de la institución educativa Santa Lucía esperan que el interés que el Procurador Ambiental y Agrario No. 2, Álvaro Cardona; y la Defensoría del Pueblo han demostrado permita aliviar sus preocupaciones y que la acción popular en contra de la minería prospere para que el agua vuelva a fluir como antes, como todos los días.