Clara Echavarría y Felipe Velasco valoraron la disposición de los cultivadores y coincidieron en que el proceso debe generar confianza.

Buscaban corroborar la presencia de especies amenazadas como parte de una estrategia de conservación.

Autoridades ambientales y agrícolas y cultivadores de la región asumieron el compromiso de implementar prácticas sostenibles. 

Los campesinos que tienen predios en el ecosistema guardan reservas frente al proceso.

La escasez y la contaminación de sus fuentes hídricas son los retos a los que se enfrentan autoridades sanitarias y ambientales. 

La primera fase se financiará con un aporte de $ 600 millones que hará la Comunidad Europea.