Boyacá llega a 2026 con una contradicción que pesa más que cualquier eslogan institucional: mientras el departamento concentra la mayor representatividad de páramos del país (18,3%), sigue descargando su huella cotidiana —aguas residuales y residuos sólidos— sobre ríos, quebradas, cuerpos de agua y el suelo, recursos que deberían ser intocables.
La crisis no es nueva. Lo nuevo es el nivel de riesgo y el margen cada vez más estrecho para seguir aplazando decisiones. En el territorio se acumulan deudas ambientales que atraviesan lo urbano y lo rural: vertimientos sin tratamiento, un modelo de “enterrar” la basura que se acerca a su límite, y una institucionalidad que avanza por tramos, con capacidad desigual y resultados todavía insuficientes.
entreojos.co propone aquí una lectura directa del panorama: qué está fallando, qué debería cambiar en 2026 y qué responsabilidades recaen, sin excusas, tanto sobre gobiernos locales y autoridades ambientales como sobre los hábitos ciudadanos.
Aguas residuales: la contaminación como rutina
En Boyacá el saneamiento básico se volvió un tema de “obras en proceso” y diagnósticos repetidos, mientras los vertimientos continúan. La descarga de aguas residuales domésticas e industriales a ríos y quebradas no es un accidente: es un patrón sostenido, municipio tras municipio, que deteriora ecosistemas y compromete la salud pública.
La radiografía departamental describe una gestión fragmentada, con acciones puntuales y un avance “por goteo” condicionado por la capacidad de ejecución y los recursos disponibles para cubrir el conjunto de municipios. En esa misma línea se mencionan esfuerzos específicos como la PTAR de Tunja (quinta etapa) e inversiones en Aquitania que aún sigue arrojando aguas negras al lago de Tota. Las millonarias obras aún no se ven materializadas en una solución efectiva.
Pero el problema no está en la lista de los proyectos ni en los anuncios que inundan las redes sociales: está en el balance real. Sin tratamiento suficiente, la contaminación hídrica se mantiene como el costo oculto del crecimiento urbano, y la protección de ecosistemas estratégicos —incluidos los páramos— queda reducida a un discurso sin coherencia territorial.
Basuras: Pirgua y una sobrecarga que inquieta
La crisis de los rellenos sanitarios en Boyacá no se explica solo por cierres y restricciones, se anticipa por la dependencia de un único centro de acopio para recibir los desechos de todo el departamento.
El Parque Ecológico y Tecnológico de Pirgua (Tunja), operado por Urbaser, recibe en promedio 23.823 toneladas al mes provenientes de 125 municipios (algunos de Cundinamarca), en un contexto donde Garagoa y Sogamoso ya no están disponibles como antes, y otros sitios enfrentan restricciones.
El dato que debería estar en el centro de la agenda de 2026 es otro: las proyecciones citadas sobre la vida útil de Pirgua apuntan a un margen de apenas siete años. En términos prácticos, esto significa que el departamento camina hacia un cuello de botella: si no reduce lo que entierra, se quedará sin dónde disponer.
La salida no puede limitarse a buscar un nuevo lote —un debate que suele estallar cuando el sistema ya está al borde—. La salida exige construir, por fin, un esquema real de economía circular: separación en la fuente, aprovechamiento con escala, manejo de orgánicos y formalización efectiva de recicladores, con rutas, infraestructura y garantías económicas.
Ciudades grandes con deudas significativas
El panorama ambiental de Sogamoso muestra un conjunto de fallas acumuladas: se describen vertimientos ilegales (domésticos y no domésticos) sobre fuentes como el río Chiquito, el Canal de Venecia y los ríos Monquirá y Chicamocha.
En calidad del aire, la alerta no es solo la actividad industrial y alfarera, sino la falta de diagnóstico completo y actualizado que permita dimensionar impactos y orientar controles con evidencia.
En residuos sólidos, el municipio reporta un nivel de aprovechamiento cercano al 15%, sin recolección selectiva de orgánicos y sin programas sólidos para residuos especiales. La economía circular aparece como intención, pero el sistema —tal como está— todavía funciona más como contención que como transformación.
Duitama: la PTAR que no llega y el agua que paga la demora
En Duitama, el problema del tratamiento de aguas residuales vuelve a ser un síntoma de la misma enfermedad: se reportan afectaciones por vertimientos asociados a zonas industriales y descargas que terminan conectando con el Chicamocha.
El municipio ha monitoreado múltiples puntos de vertimiento y se ha hablado de la necesidad de una PTAR con inversiones altas. Sin embargo, mientras esa infraestructura no exista y opere con suficiencia, el resultado es predecible: el río continúa recibiendo la carga contaminante y la ciudadanía normaliza un daño que no debería ser aceptable.
Tunja: el año de medir promesas con indicadores
Tunja no solo es capital: es hoy el nodo de la disposición final para buena parte del departamento. Por eso, lo que haga —o no haga— tiene efecto regional.
En sus propuestas de campaña, el hoy alcalde Mikhail Krasnov habló de acciones como la siembra de árboles en el perímetro como parte de una estrategia de protección hídrica. A esto se suman compromisos como involucrar al sector privado en el cuidado de áreas verdes, promover transformación de residuos (incluidos orgánicos), impulsar un cinturón verde para el acuífero y trabajar con recicladores.
En 2026, el reto es simple de enunciar y difícil de ejecutar: pasar de la promesa a la trazabilidad. Si Tunja quiere liderar, debería poner sobre la mesa —y actualizar públicamente— metas verificables sobre:
- Toneladas aprovechadas vs. toneladas enterradas en Pirgua.
- Cobertura de separación en la fuente (por barrios, instituciones, comercio).
- Inclusión real de recicladores: rutas, remuneración justa, formalización y acceso estable a material.
- Manejo de orgánicos con metas trimestrales (compostaje/biodigestión).
- Compras públicas sostenibles para mover mercado y reducir residuos desde el origen.
Corresponsabilidad ciudadana
Sería cómodo reducir el problema a “lo institucional”. Pero la crisis también es cultural: consumo alto, separación intermitente, reciclaje entendido como gesto y no como obligación cotidiana.
En el diagnóstico departamental las autoridades ambientales reconocen que sin cambio de hábitos (reducir, separar, aprovechar), la presión sobre rellenos aumenta y las soluciones se vuelven paños de agua tibia.
Para 2026 la ciudadanía tiene una tarea concreta: dejar de tratar la sostenibilidad como una opinión y asumirla como práctica diaria. Separar en casa, reducir el volumen de desechos y exigir evidencia a alcaldías y operadores no son acciones heroicas: son mínimos de supervivencia territorial.
Boyacá no necesita más diagnósticos para entender que está en deuda. Necesita voluntad política para corregir, instituciones con capacidad para ejecutar y ciudadanía dispuesta a cambiar hábitos.
2026 será el año en que el departamento decida si protege su capital natural con coherencia… o si continúa degradándolo hasta que la crisis deje de ser una noticia y se convierta en normalidad irreversible.
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