Organizaciones sociales piden al Senado y al Gobierno de Colombia ratificar el Acuerdo de Escazú
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Lunes, 07 Septiembre 2020 12:41

Organizaciones sociales piden al Senado y al Gobierno de Colombia ratificar el Acuerdo de Escazú

Este tratado internacional garantiza el acceso a la información, la participación pública y a una justicia efectiva en asuntos ambientales.

En un comunicado conjunto firmado por cerca de 200 organizaciones sociales y ambientales nacionales e internacionales se les solicita a senadores, representantes de la Cámara, autoridades ambientales y al gobierno de Colombia “la ratificación expedita del Acuerdo de Escazú” a través de la aprobación del Proyecto de Ley que actualmente cursa en el Senado de la República. 

En el comunicado se le recuerda el presidente Iván Duque que este acuerdo regional, respaldado por el gobierno de Colombia el 4 de marzo de 2018 al momento de su concepción, en Costa Rica, busca fortalecer de manera decisiva el marco de derechos humanos, territoriales, ambientales y de la naturaleza conforme a la Constitución Política de Colombia y la normatividad ambiental vigente, el Derecho Internacional Ambiental, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Río o Carta Mundial de Derechos de la Naturaleza. 

Las organizaciones firmantes del comunicado insisten en la urgencia de ratificar el Acuerdo de Escazú dada la actual coyuntura que vive el país y la vulnerabilidad de quienes dedican su vida a proteger la naturaleza. Respaldan su petición con el reciente informe presentado por Global Witness en el que Colombia “ocupa el primer lugar a nivel mundial en términos del asesinato, persecución, violencia, vulneración de derechos y enormes riesgos a los que se enfrentan las lideresas y los líderes comunitarios, defensoras ambientales y procesos organizativos ambientales en el país”.

Un poco de historia 

Tal como se describe en un documento publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el 4 de marzo de 2018 esta parte del continente hizo historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 

Este Acuerdo Regional, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, es el fruto de una fase preparatoria de dos años y de nueve intensas reuniones de su Comité de Negociación. 

Durante las negociaciones, lideradas por Chile y Costa Rica en su calidad de Copresidentes y por otros cinco integrantes de la Mesa Directiva (Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago), se reunieron delegados gubernamentales, representantes del público y del sector académico, expertos y otras partes interesadas, que participaron activamente, de manera colaborativa y en pie de igualdad.

Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. 

Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto. 

Urge su ratificación

A la fecha el Acuerdo Regional de Escazú cuenta con la firma de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela, sin embargo hasta el momento solo nueves países lo han ratificado.

“Colombia – aseguran los firmantes de la comunicación - debe ejercer su liderazgo en el impulso del acuerdo” y se remiten a las palabras pronunciadas por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano, durante la radicación del proyecto de Ley en el Congreso:

“El Señor Presidente se comprometió a blindar el país con el más robusto marco normativo que brinde las herramientas suficientes para aplicar nuestra máxima protección al medio ambiente. Hoy radicamos ante el Congreso este proyecto de Ley que fortalece el rol de la sociedad ¡civil en la política ambiental con miras a hacerla más participativa, representativa y acorde con los intereses de los diferentes grupos sociales”.

La ratificación del Acuerdo contribuirá a la construcción de una sociedad democrática y sólida en materia ambiental, promoviendo la toma de decisiones informadas, dar un tratamiento no violento a los conflictos socioambientales, conservar el patrimonio natural y generar un contexto adecuado para las inversiones, integrando la visión y vocación ambiental de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, en el que dicho acuerdo sea implementado y de manera activa por parte del gobierno y la sociedad civil.