El voto del delegado del presidente de la República ante el Consejo Directivo de Corpoboyacá, Alfonso Avellaneda Cusaría, se anticipaba orientador, y por qué no esperanzador, frente a la incertidumbre por el nombre de quién sería elegida o elegido en la dirección de la entidad para el periodo 2024 – 2027.
Avellaneda fue una voz disidente en el Consejo Directivo de la entidad durante la gestión del ex director Herman Amaya Téllez y criticó, entre otros temas, su falta de liderazgo para hacer frente a la descontaminación del río Chicamocha.
Por eso en la sesión de este miércoles 24 de enero se esperaba que su decisión marcara la pauta para reorientar los destinos de la entidad, fortalecer su papel como autoridad ambiental, enfrentar los conflictos con la minería, la legal y la ilegal; planear, por fin, el manejo de los páramos delimitados; liderar, como se espera, la descontaminación de las fuentes de agua y el control al vertimiento de aguas residuales; y formular, sin más dilaciones, una política departamental de gestión eficiente y sostenible de los residuos sólidos.
Al inicio de la votación de los 12 integrantes del Consejo Directivo. Alfonso Avellaneda, profesor universitario y vehemente veedor ambiental de Paipa, expuso lo que denominó “un pacto programático” para concertar con la dirección de Corpoboyacá que se elegiría en los siguientes minutos.
En un documento de 16 puntos que leyó en su totalidad, planteó, entre otros aspectos, la necesidad de garantizar que el Plan de Acción que deberá formularse para el cuatrienio en curso, “recoja las voces de los movimientos sociales y ambientales de la jurisdicción mediante escenarios de participación y acciones específicas de articulación de los instrumentos de planeación ambiental, y de protección de la biodiversidad de la región”.
Algunas de esas voces habían pedido minutos antes, a través de una comunicación firmada por varios representantes de ONG a sus delegados en el Consejo Directivo, Eduardo García Pérez y Sandra Patricia Montoya Manrique, que eligieran con honestidad y basados en la idoneidad técnica del cargo a designar, y que demostraran ser “dignos de la confianza depositada”
El pedido de los ambientalistas, de académicos, del sindicato de Corpoboyacá, y de otros sectores que esperaban, quizá de manera ilusa, que primara la rigurosa evaluación de los perfiles de los 46 candidatos habilitados, no fue escuchado. Alfonso Avellaneda, el designado por el presidente Petro para representarlo en la Corporación, dijo sin ambages, y luego de leer los puntos del pacto programático, que le bridaba su respaldo a Yeimy Liseth Echeverría Reyes, ex secretaria de Planeación de la Gobernación de Boyacá durante la administración de Ramiro Barragán Adame.
Echeverría Reyes es ingeniera industrial con especialización en planeación y gestión del desarrollo territorial, y en economía para ingenieros, y estudios de maestría en gestión pública. Durante la sesión de designación no se hizo referencia a ninguna experticia ambiental de la hasta ese momento candidata.
Los siguientes 10 consejeros copiaron su libreto o el dictado para la ocasión, según las conveniencias o los acuerdos previos, podría decir quien se considere desconfiado. Unos argumentando que se trataba de darle la confianza a una mujer en representación de las féminas del departamento, otros destacando su humildad y sencillez, otros mencionando la disposición de la ingeniera Echeverría Reyes para asumir los retos ambientales de esta autoridad ambiental, y unos declarando su obediencia a la guía definida por el gobierno nacional.
Además de Avellaneda, votaron por la nueva directora la delegada de la Ministra de Ambiente, Edna Rocío Vanegas Rodríguez; el vocero de la comunidad indígena U´wa, Lorenzo Caballero, a quien se le notó muy dubitativo; los representantes del sector privado, Edwin Eximio Monguí Albarracín y Jairo Leal Abril; los avalados por las ONG, Eduardo García Pérez y Sandra Patricia Montoya Manrique, y los alcaldes de Boavita, Alberto Sandoval Valcárcel; Miraflores, Ledys Soraya Vera Monroy; Muzo, Ximena Elizabeth Castañeda de Molina; y Pesca, Edgar Ricardo Gámez Amaya.
Sara Vega, delegada del Gobernador de Boyacá ante el Consejo Directivo, sorprendió cuando anunció que no votaría por instrucciones del mandatario regional, Carlos Andrés Amaya. Vega argumentó que pese a que el equipo jurídico no veía riesgos frente a una recusación presentada en contra de Amaya, la mejor opción era abstenerse de hacerlo. De inmediato viene a la mente el nombre de Poncio Pilato.
Pilar Vega y Amanda Medina, integrantes del Sindicato de Corpoboyacá, intervinieron al final de la sesión, y expresaron su malestar por la decisión final. Lamentaron la determinación adoptada por el Consejo Directivo. Aseguraron que se mantendrán vigilantes del rumbo de la entidad y que como funcionarias de planta seguirán trabajando por dignificar la gestión institucional y rescatarla del desprestigio.
