La Fiscalía señala que capturados en Boyacá son responsables de la tala de 353 hectáreas de árboles nativos.
La Fiscalía señala que capturados en Boyacá son responsables de la tala de 353 hectáreas de árboles nativos. Foto: entreojos.co
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Miércoles, 10 Febrero 2021.

Cae red que comercializaba madera extraída ilegalmente de la Serranía las Quinchas

La Fiscalía sugiere que los implicados pagaban dádivas a funcionarios públicos. Los señala como responsables de talar 353 hectáreas de árboles nativos.

El ente investigador, a través de su Seccional Boyacá, informó que dio un duro golpe a los principales eslabones de la cadena de explotación ilícita de madera en el Parque Natural Regional Serranía las Quinchas, área protegida que comparten los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca.

En el operativo, realizado en el marco de la Operación Artemisa y en el que intervinieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Primera Brigada del Ejército, fueron capturadas seis personas identificadas como Francisco Pinilla Virgüez, Édgar Diomedes Abril Castellanos, Benjamín Murcia Rodríguez, Fredy Alexander Barreto, Abel de Jesús Castellanos y José Isaías Parra Rodríguez. 

La investigación de la Fiscalía llevó al organismo a establecer que los capturados ocuparían un rol determinante dentro de la organización delictiva. “Todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por ser considerados un peligro para la sociedad”, se informó desde la entidad.

El fiscal del caso imputó a los implicados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, daños a los recursos naturales e ilícito aprovechamiento a los recursos naturales. 

Los 10 vehículos en los que eran transportados cerca de 1.400 bloques de madera fueron incautados y se les aplicará el proceso administrativo de extinción del derecho de dominio.

Esta es la imagen de los seis capturados señalados de tráfico ilegal de madera en las Quinchas. Foto: Fiscalía.

Habría funcionarios implicados

En octubre de 2019 la Fiscalía en Tunja conoció sobre la posible existencia de un cartel dedicado al ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, afectando gravemente la integridad del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas y su área circúndate. A partir de ese momento se creó un grupo especial de investigadores y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con sede en Tunja.

En la investigación se determinó que los implicados, al parecer, pagaban dádivas a servidores públicos para permitir el transporte y la comercialización ilícita de madera extraída ilícitamente de la Serranía de las Quinchas, y para ello utilizaban campaneros, además de licencias y salvoconductos expedidos por Corpoboyacá y el ICA.  

La Fiscalía dio a conocer que gracias a la interceptación de comunicaciones y a la ubicación de agentes encubiertos, fue posible el recaudo del material probatorio suficiente para vincular a los integrantes del ‘Cartel de la madera’, sindicados de la tala de 353 hectáreas de la Serranía de las Quinchas.

entreojos.co consultó al director de Corpoboyacá, Herman Amaya Téllez, sobre la presunta vinculación de personal de la entidad en el irregular seguimiento a las licencias de aprovechamiento. Amaya respondió que no tiene información sobre el particular, que la Fiscalía mantiene reserva sumarial sobre más detalles y otros involucrados y que al interior de la Corporación no hay una indagación para establecer responsabilidades.   

Modus operandi

Para transportar la madera por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima, los procesados usaban licencias otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Corpoboyacá a propietarios de fincas, familiares de los presuntos integrantes del ‘Cartel de la madera’.

Una vez otorgada la licencia para el aprovechamiento legal de madera, los presuntos implicados adquirían madera nativa talada ilegalmente en Pauna, Briceño, San Pablo de Borbur, Tununguá y el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, y la transportan hacia fincas que sí tenían la licencia. De esta manera le daban apariencia de legalidad a los procedimientos y desde las fincas de sus parientes tramitaban los salvoconductos.

A lo largo de la investigación se pudo determinar que la madera trasportada no era la misma autorizada en el salvoconducto, ni en las licencias de aprovechamiento, luego esta era comercializada en su gran mayoría en bodegas de Bogotá. 

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