La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP 31 –  es la mayor cumbre internacional dedicada a negociar e impulsar la cooperación mundial frente al cambio climático. Se desarrolla en el Centro de Exposiciones de Antalya, Turquía entre el 9 al 20 de noviembre de 2026.

La cumbre está presidida por el ministro turco Murat Kurum, y las negociaciones están a cargo del ministro australiano Chris Bowen, en tiempos de fragmentación geopolítica, tensiones comerciales y guerras que dificultan la cooperación multilateral.

El sitio oficial de esta cumbre climática hace un inventario de hitos de eventos anteriores.

• En Glasgow se buscó mantener vivo el límite de 1,5 °C.

• En Sharm el-Sheij se creó el Fondo de Pérdidas y Daños para países vulnerables.

• En Dubái se acordó una transición para alejarse de los combustibles fósiles.

• Entre Bakú y Belém se fijó el compromiso de movilizar al menos $300.000 millones anuales para 2035, dentro de una meta global de $1,3 billones.

• En Antalya, la agenda apunta a triplicar las energías renovables al 2030, expandir redes eléctricas, reducir metano y habilitar financiamiento.

El secretario ejecutivo de la CMNUCC, Simon Stiell, planteó en la apertura de la Cumbre que las cumbres anteriores sirvieron para fijar orientación y que el reto es traducirla en resultados medibles. Pero advierte un abismo entre esas exigencias diplomáticas y la capacidad operativa de los gobiernos locales en el mundo en desarrollo.

El clima ya se siente en la montaña

Ese abismo tiene incidencia en Boyacá.

Un análisis de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), basados en datos del Ideam, confirma un patrón sostenido de déficit de lluvias y anomalías de temperatura.

En Güicán de la Sierra, por ejemplo, el Ideam reportó una temperatura máxima histórica que superó en 1 °C el récord de 2024, una señal de vulnerabilidad en un ecosistema históricamente frío y en áreas de recarga hídrica.

Las alertas de la Organización Meteorológica Mundial y de la UNGRD por la consolidación de El Niño anticipan menores caudales en ríos y nacimientos.

Según el análisis, el golpe es más duro para las poblaciones rurales que dependen de acueductos comunitarios con poca capacidad de almacenamiento.

A esto se suma que el aumento de la temperatura altera la humedad del suelo en los páramos, ecosistemas de alta montaña que regulan el ciclo del agua, y reduce su capacidad de captarla.

En el Magdalena Medio boyacense, las coberturas vegetales enfrentan un riesgo crítico de incendios, con efectos sobre la biodiversidad y el almacenamiento de carbono.

Una crisis que empieza en la planeación

Como lo ha documentado entreojos.co, luego de consultas con varias fuentes institucionales, entre ellas la Secretaría de Ambiente de Boyacá, el problema se origina en la falta de planificación territorial.  

La gestión del agua y de los residuos exige cinco fases (planeación, ejecución, seguimiento, control y evaluación), pero en el departamento el proceso se detiene en la primera.

Múltiples municipios carecen de Planes de Ordenamiento Territorial actualizados y de planes maestros de acueducto y alcantarillado.

Sin un ordenamiento que defina dónde ubicar plantas de tratamiento o colectores, resulta jurídicamente imposible estructurar proyectos para buscar cofinanciación del Gobierno Nacional.

El gobierno departamental estima que actualizar los instrumentos de gestión del riesgo y ordenamiento cuesta entre $450 y $600 millones para municipios de categoría 6, y hasta $4.500 millones para los de categoría 2 o 3. Son cifras inalcanzables sin apoyo departamental o nacional.

La conclusión de los expertos es que sin POT ni PGIRS actualizados no hay proyectos formulables; sin proyectos se bloquea el acceso a recursos del Ministerio de Ambiente; y sin recursos se agravan la contaminación hídrica por vertimientos y la saturación de rellenos.

Basuras y aguas residuales, serios pendientes

El Parque Ecológico y Tecnológico de Pirgua, en Tunja, administrado por Urbaser, recibe en promedio 23.823 toneladas mensuales de residuos de 125 municipios de Boyacá y Cundinamarca.

La situación está directamente relacionada con los cierres preventivos y definitivos de los rellenos sanitarios de Sogamoso y Garagoa, especialmente. Las proyecciones citadas le dan unos siete años de vida útil. Cada año se entierran en el departamento 160.000 toneladas de desechos y solo se recupera el 17%.

En saneamiento hídrico, la quinta etapa de la PTAR de Tunja se ha retrasado por reajustes presupuestales, pues sus costos, calculados inicialmente en $20.000 millones, quedaron desactualizados. La PTAR de Aquitania ha sido cuestionada por fallas de diseño y por advertencias de presunto detrimento patrimonial de la Contraloría General de la República.

Conflictos, pasivos y páramos

A esta realidad se suman las tensiones entre comunidades, empresas y autoridades, y el sombrío panorama que ofrecen pasivos ambientales como los vertimientos o los impactos causados por la minería.  

En la vereda Horizontes, en San Luis de Gaceno, hay emanaciones de crudo y gas desde 2014; la Gobernación y la comunidad pidieron a la ANLA suspender la licencia de Nikoil Energy Corp.

En Duitama y Santa Rosa de Viterbo, la mina San Antonio, operada por Argos S.A., choca con las Juntas de Acción Comunal por el traspaso de expedientes entre la ANLA y Corpoboyacá.

En Pisba persisten las controversias por la minería de carbón y por una carretera ilegal en el Parque Natural, que la Procuraduría investiga por presunta injerencia del ELN.

Frente al Plan Nacional de Desarrollo “Colombia: La Patria Milagro”, en el encuentro regional promovido por el Departamento Nacional de Planeación en Tunja se priorizaron la descontaminación del río Chicamocha y la compra de predios de importancia hídrica, pero quedaron por fuera la contaminación del Lago de Tota por fertilizantes, la transición de los hornos de carbón de Ráquira, la crisis de basuras y el Acuerdo de Escazú.

Las cumbres como la COP31 fijan metas y mueven recursos, pero su valor para Boyacá dependerá de que lleguen a las comunidades que los necesitan: acueductos veredales, páramos y municipios sin capacidad para planear.