La audiencia fue convocada por el magistrado José Fernández Osorio en el marco de la acción popular interpuesta por el ciudadano Jorge Enrique Cuervo en 1999. Han pasado 24 años desde que la comunidad de la zona acudió a mecanismos legales para obligar a las autoridades a detener el vertimiento de aguas residuales y sanear el embalse que pasó de ser un regulador de aguas lluvias a un depósito de malos olores, zancudos y roedores.
La de este jueves 20 de abril fue una más de las tantas audiencias convocadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá para revisar la ejecución de acciones puntuales encaminadas a garantizar la calidad de vida para doña Alcira Pedraza Martínez, y el centenar de habitantes de la zona que por años han tenido que padecer las consecuencias de la desidia institucional.
A lo largo de estos 24 años se han planteado varias alternativas que apenas resultan paliativas: mantener un régimen de fumigación para controlar la presencia de zancudos y roedores; y regular el crecimiento del buchón, un alga acuática que logra su mayor desarrollo gracias a la presencia del fósforo y el nitrógeno aportado por los desechos sanitarios y agropecuarios allí arrojados.
A pesar de la situación, y contrario a lo que piensan los residentes en este sector de Tuta, el magistrado Fernández consideró que en los últimos cuatro años se han registrado avances positivos, uno de ellos lo representa “la voluntad de las entidades vinculadas de querer solucionar el problema”.
Frente al reclamo permanente de la comunidad, que no ve acciones definitivas para superar la crisis de la cual son víctimas cotidianas, Fernández Osorio dijo: “mientras haya la contaminación como está actualmente siempre habrá vectores”.
El magistrado fue enfático en lamentar el desinterés del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en relación con la efectiva puesta en operación de las plantas de tratamiento de las cárceles de mediana seguridad de El Barne, y de alta seguridad de Cómbita.
Aunque los representantes de estas entidades aseguraron que sus unidades de tratamiento de aguas sanitarias están funcionando adecuadamente, los monitoreos ordenados por el Tribunal para comprobar su eficiencia no se están realizando como lo ordenó el ente judicial.
El magistrado Fernández Osorio insistió en el incumplimiento de estas y otras obligaciones como el trámite del permiso de vertimientos que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) debe gestionar ante Corpoboyacá, “un permiso que a la fecha no han solicitado, razón por la cual la autoridad ambiental le tiene abiertos dos procesos sancionatorios”.
El funcionario destacó el compromiso de Corpoboyacá, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Alto Chicamocha (Usochicamocha) para superar la problemática.
Durante la audiencia del pacto de cumplimiento, el secretario de desarrollo de Tunja, Wilson Leonardo Velásquez Ayala, mencionó los progresos que ha demostrado la capital al tener en operación tres módulos de la planta de tratamiento y el adelanto de los estudios para la construcción del cuarto módulo.
Velásquez le dijo al Magistrado que para su materialización se requieren 30 mil millones de pesos, de los cuales ya se tiene el compromiso de la Gobernación de Boyacá y de Corpoboyacá para financiar parte de ese monto, el resto será presupuestado por la Alcaldía de Tunja y se está a la espera de la contribución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Vertimientos en aumento
Desde Usochicamocha, su gerente Sandra Ríos Ravelo, explicó que, como operador del embalse, apoya las acciones lideradas por la Agencia de Desarrollo Rural, dueña de la infraestructura, y en esa labor realiza cada cuatro meses, desde 2020, análisis de aguas con resultados preocupantes.
“Las condiciones del agua a la entrada del embalse siguen siendo absolutamente negativas. Seguimos teniendo aguas de muy mala calidad a la salida del embalse”, y frente al control del buchón “que no es el causante de la enfermedad de la represa, sino que es una consecuencia de la contaminación”, aclaró, explicó que se ha hecho un control mecánico para retenerlo y mantener limpias cerca de 42 hectáreas de las 132 de la represa.
Denunció que manos criminales rompieron la contención instalada para frenar el buchón lo que representa una amenaza por la previsible nueva invasión del alga. Lamentó asimismo el incremento de puntos de descarga de aguas residuales procedentes de centros poblados que se suman a los aportados por Tunja, Cómbita, Tuta, Oicatá y el complejo carcelario tanto a la represa de La Playa como al río Chicamocha en la parte baja del embalse.
Consideró necesario investigar el origen de esas nuevas descargas irregulares que comprometen la calidad del agua de la que se surte el distrito de riego del Alto Chicamocha.
Inconformidad persiste
Omar González, integrante de la Veeduría Embalse La Playa, insiste en que las entidades “se están tirando la pelota y no hay compromisos concretos” mientras los malos olores y los vectores (zancudos y roedores) siguen molestando a los pobladores de este sector de Tuta.
Se refirió en específico al hecho de que Tunja sigue arrojando parte de sus aguas residuales a la represa y al lento accionar del Inpec y de la Uspec para tramitar los permisos correspondientes y asegurar el efectivo funcionamiento de las plantas de tratamiento del complejo carcelario.
Reconoció el trabajo adelantado por Usochicamocha para retirar el buchón y tenerlo a raya, pidió a la Alcaldía de Tunja sumar recursos para garantizar la continuidad de esta labor y mantener la regularidad de las jornadas de fumigación.
Las PTAR son la solución
A pesar de lo expuesto por el secretario de Desarrollo de Tunja, Wilson Velásquez; y el gerente de planeación de Veolia Aguas de Tunja, Fredy Acosta, en relación con el porcentaje de tratamiento efectivo de los tres módulos de la PTAR de Tunja, que lo situaron en un 90 %, el alcalde de Oicatá, Fredy Garzón Rojas, no cree que sea así.
El funcionario considera necesario que se valide esa información y que la eficiencia de la PTAR de la capital se pueda ver reflejada en cambios notorios en el punto donde el río Jordán descarga sus aguas a la represa de la Playa.
Garzón lamentó que en la audiencia de este 20 de marzo la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) haya propuesto tres alternativas de solución, incluida la construcción de un box culvert para recoger las aguas contaminadas y descargarlas directamente al río Chicamocha, adelante de la represa, “eso no soluciona nada, es trasladar la contaminación a Paipa, a Duitama y a Sogamoso”, advirtió.
Planteó como solución definitiva la construcción del cuarto módulo de la PTAR de Tunja y de las plantas de tratamiento de Tuta, Cómbita y Oicatá, obras que estimó en 80 mil millones de pesos, y planteó el uso del dinero de las regalías como su principal fuente de financiación.
Impactos acumulados
Herman Amaya Téllez, director general de Corpoboyacá, la principal autoridad ambiental de la zona, reconoció que el conflicto social, sanitario y ambiental de la represa de La Playa es el resultado de muchos impactos acumulados que no tienen solución en el corto plazo.
“Llevan 60 años de acumulación de sedimentos y de ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios y del complejo penitenciario”, expuso Amaya.
Se refirió al plan de descontaminación formulado en conjunto con la ADR y Usochicamocha y presentado al Tribunal Administrativo de Boyacá en 2020. Describió que el mismo expone la necesidad de construir y poner en funcionamiento las plantas de tratamiento, “solo de esa manera se evitaría que los sedimentos y el agua contaminada sigan llegando al embalse”.
El segundo componente del plan diseñado está relacionado con la gestión ambiental del embalse, este incluye la extracción de los sedimentos y del buchón y el procesamiento de este último como se hace en otras regiones del país.
“No son caminos fáciles de transitar en términos de recursos y de articulación de instituciones y de poner en marcha las iniciativas una vez conseguiros los recursos”, admitió Amaya. Al final valoró la evolución de la ADR en relación con los trámites para la actualización de la licencia ambiental, una acción que suma en el propósito de sanear el embalse.
Al cierre de la audiencia citada por el magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, José Fernández Osorio, se determinó que el 4 de mayo se instalará una mesa especializada “para evaluar con los técnicos la mejor forma de salir de esta situación”.
El concepto de la mesa técnica será enviado al Tribunal para determinar el camino a seguir y si hay necesidad de vincular a otras entidades del orden nacional para comprometerlas en la financiación del proyecto definitivo.
