Por décadas la labor de desenterrar gemas verdes en varios de los municipios del Occidente de Boyacá se ha realizado de manera informal.
Las personas o las familias a cargo de los títulos y las concesiones otorgadas por el Estado para explotar esmeraldas acordaban con los habitantes de la zona pagos o porcentajes por las piezas de valor que hallaran en las minas, o en los residuos provenientes de estas, conocidos como estériles.
Su actividad, la de los obreros locales, por considerarse informal o artesanal y en pequeña escala, es conocida en la región como guaquería, un oficio heredado de abuelos a padres y de estos a hijos, y en la mayoría de los casos sin condiciones salariales, prestacionales o de seguridad social adecuadas.
A partir de la llegada de empresas con capital extranjero a la región, primero Minería Texas Colombia, en 2009; y en 2018 Fura Gems Cosquez S.A., y el otorgamiento de las respectivas concesiones por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), sus administradores avanzaron en procesos de vinculación laboral formal para los trabajadores y en el control territorial de las áreas tituladas.
Las medidas restrictivas para el acceso a las minas, como parte de su obligación de velar por la integridad de los obreros contratados, de reducir la ocurrencia de accidentes, y de prevenir, mitigar y compensar contingencias ambientales, generó molestias entre quienes tradicionalmente ingresaban a las minas o hurgaban en los estériles en busca de fortuna.
Dicha inconformidad se transformó en protestas, estas en enfrentamientos con los responsables de la vigilancia y en otras ocasiones con miembros de la Policía y del Ejército Nacional. A pesar de los escenarios de diálogo propiciados por actores como la Iglesia o la Gobernación de Boyacá, las tensiones se mantienen. Los mineros informales se han agremiado en asociaciones y le piden al gobierno del presidente Gustavo Petro garantías para formalizarse y subsistir.
El caso Puerto Arturo
Entre Muzo y Quípama opera una mina emblemática, la de Puerto Arturo, y desde hace 14 años su explotación está a cargo de Esmeraldas Mining Services (EMS), antes Minería Texas Colombia, una firma respaldada por capital norteamericano.
Julián Jiménez, representante de EMS para esta entrevista con entreojos.co, refirió las condiciones artesanales halladas en esta zona de Boyacá cuando asumieron la concesión y las etapas para modernizar el proceso extractivo. Mencionó además el plan de formalización laboral para los guaqueros, el apoyo a proyectos sociales y el incremento de los niveles de escolaridad en los más jóvenes, un escenario que les permite a las nuevas generaciones vislumbrar otras posibilidades económicas diferentes a las de sus padres.
Pese a esos avances socio – laborales y a la dinámica empresarial orientada a asegurar la trazabilidad de la esmeralda extraída legalmente, según lo detalló Jiménez, admitió que el fenómeno de la minería ilegal es un asunto que merece mayor atención del Estado.
Relató que, por solicitud de las autoridades departamentales, y como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia, se vieron obligados a reactivar una operación conocida como La Voladora en la cual se esparce el residuo de la mina en una planicie y en ella cientos de personas, en condiciones de alto riesgo por el tumulto, se apiñan para escarbar en la tierra negra. Las posibilidades de encontrar una esmeralda de valor son reducidas.
Aunque tienen registro de invasiones de mineros ilegales al área administrada por Esmeraldas Mining Services, desconocen el origen de los recursos con los cuales se financian. El vocero de la firma extractora considera que quienes aún pretenden ingresar a hurtadillas, y animan a otros a hacerlo, “son agitadores, no son mineros artesanales”.
Al consultarle sobre procesos de formalización minera con los guaqueros, el delegado de EMS explicó que se avanza en el diseño de un modelo con quienes logren asociarse. La propuesta es que ellos operen uno o varios frentes de producción y la empresa les facilita capital semilla para la adquisición de la maquinaria y asume el costo de las inversiones ambientales y sociales. La iniciativa no ha logrado materializarse por “complicaciones administrativas”, sostuvo Jiménez.
El caso Cosquez
Cosquez es el nombre de una inspección de policía de San Pablo de Borbur, allí está una de las minas de esmeraldas más codiciadas por su potencial. Su operación actual está a cargo de la multinacional india Fura Gems Cosquez S.A.
De acuerdo con la descripción de Alejandro Amelines Guerrero, abogado de la compañía, esta se viene explotando desde la época de la conquista, primero por los indígenas, luego por los españoles y posteriormente por el Estado colombiano a través de contratos de concesión celebrados con particulares.
En 2018 Fura Gems asumió el control de los bienes operados por la empresa Esmeracol, concesionario hasta entonces de esa mina, y cambió su nombre a Coscuez S.A. “Allí encontramos una mina operada de manera artesanal y miles de personas trabajando dentro del título en condiciones de informalidad, personas llevando tierra para lavarla como lo habían hecho durante al menos 100 años”.
Amelines Guerrero explicó que con el arribo de Fura Gems se han hecho millonarias inversiones en tecnología y en condiciones laborales apropiadas para garantizar la seguridad de los empleados. “Recibimos la empresa con siete trabajadores y hoy están contratados 500 directos y otros 250 indirectos lo que representa un beneficio para familias de Cosquez, Santa Bárbara, San Pablo de Borbur y Otanche”.
Aunque la informalidad ha sido la constante en la región esmeraldera de Boyacá, en 2020, a raíz de la crisis generada por la pandemia, se desbordó la presencia de guaqueros locales y otros provenientes de diferentes regiones del país. Alejandro Amelines asegura que junto a ellos empezaron a aparecer en la región grandes capitales ilícitos y otros lícitos para invertir en minería ilegal tecnificada.
“No estamos en contra del minero artesanal, la que se ha hecho tradicionalmente por las comunidades locales con herramientas manuales, pero no se puede llamar minería artesanal a la que hoy opera dentro de nuestra concesión con explosivos, con generadores de alta potencia conectados a las redes de la EBSA (la Empresa de Energía de Boyacá), con ventiladores, con martillos y extractores”.
El abogado de Fura Gems Cosquez S.A. agregó que se trata de una explotación paralela a la titulada oficialmente por la autoridad minera, estimó la apertura ilegal de 50 bocaminas, aproximadamente, y se refirió a la muerte de 15 personas por accidentes mineros asociados a la falta de seguridad al interior de esos socavones, “abiertos y explotados con capitales ilícitos”, insistió.
Alejandro Amelines mencionó una cifra para dimensionar el fenómeno de la minería ilegal en el predio a cargo de la empresa y que representa un dolor de cabeza para su operación en condiciones normales: “inversionistas y personas al margen de la ley que financian la minería ilegal pueden invertir capitales de dos mil millones de pesos y obtener ganancias de $ 7 mil millones en una semana o de $ 30 mil millones en un mes, estamos ante un problema complejo”.
El vocero de la compañía expuso además un escenario problemático: “Cuando se toman medidas para restringir la ilegalidad, lo que se dice que es la empresa está en contra de las comunidades y de la minería artesanal, cuando realmente las esmeraldas de baja calidad le quedan a la gente de la región y las ganancias de esa operación se las lleva el financiador. Nos preocupa la instrumentalización de las comunidades para el beneficio económico de personas inescrupulosas”, anotó.
Frente a la posibilidad de establecer acuerdos de formalización con los mineros tradicionales, una de las opciones contempladas en la Ley, Amelines Guerrero sostuvo que la propuesta de Fura Gems es la vinculación formal de los trabajadores, sin embargo, manifestó, esta es frecuentemente rechazada por las responsabilidades que impone como el cumplimiento de horarios y los controles a la alcoholemia, “no es fácil cambiar esa mentalidad”.
Al final el vocero de la multinacional dijo que la firma esmeraldera está comprometida con el acompañamiento y la financiación de proyectos productivos alternativos como cría de cerdos y de gallinas ponedoras con el propósito de ofrecer a la comunidad de la zona opciones diferentes a la minería.
En busca de reconocimiento
Luz Miriam Duarte (centro) es representante de las Asociaciones de Mineros Tradicionales, Ancestrales, Raizales y Agromineros de San Pablo de Borbur. Los integrantes de esas organizaciones sociales han sido críticos con el Estado por la titulación a multinacionales de predios tradicionalmente explotados por guaqueros.
A través de diversas manifestaciones han rechazado las restricciones impuestas por Fura Gems Cosquez y Esmeraldas Mining Services para el ejercicio de su actividad y han denunciado infracciones ambientales y violaciones a los derechos humanos por parte de estas compañías, situaciones que han sido desvirtuadas por sus representantes.
Corpoboyacá, la autoridad ambiental de la zona, informó sobre la realización periódica de visitas a las áreas de explotación para evaluar el cumplimiento de los planes de manejo y se percató de las tensiones existentes, un escenario que propicia este tipo de discusiones.
Recientemente la Coordinadora de Sostenibilidad de Sectores Productivos del Ministerio de Ambiente, Karen Romero Martínez, le pidió a la Corporación realizar una inspección para atender la queja presentada por dos ciudadanos y relacionada con presuntos incumplimientos y afectaciones ambientales ocasionados por Coscuez S.A. Fura Gems.
A la par con estas observaciones, Luz Miriam Duarte, en representación de las asociaciones de mineros tradicionales, insistió en la necesidad de que el Estado los reconozca, “su oficio no ha sido reglamentado dentro del Código de Minas, no tienen una reglamentación que los favorezca y por tanto ellos son considerados por el Estado como ilegales. Nos preocupa que mientras no salga la reglamentación, la Policía y el Ejército los puedan seguir persiguiendo”.
Una de sus más importantes apuestas es lograr que el gobierno del presidente Gustavo Petro les titule 36 bocanimas para operar dentro del marco normativo vigente, y de esta forma dignificar el oficio y asegurar condiciones económicas favorables y competitivas para quienes han decidido persistir en la actividad extractiva.
Este trámite viene siendo acompañado desde el Congreso de la República, a través de la senadora del partido de gobierno, Aída Avella, quien ha servido de puente para presentarle al Ministerio de Minas y Energía el proyecto diseñado por la comunidad y titulado ‘Reconocimiento de mineras y mineros tradicionales, raizales – ancestrales, guaqueros y guaqueras de esmeraldas del Occidente de Boyacá’.
Frente a los comentarios de Fura Gems por la presencia de organizaciones y capitales ilegales señalados de financiar la minería ilegal a través de la instrumentalización de los mineros tradicionales, la representante de las asociaciones desestimó cualquier tipo de proximidad con grupos subversivos.
“La gente de San Pablo de Borbur, del Occidente de Boyacá, es gente campesina, trabajadora, mineros tradicionales, arraigados al territorio. Mal haríamos si nos vinculáramos con grupos armados”, insistió.
Un código más justo
Los reclamos de Luz Mirian Duarte y de los guaqueros de Occidente fueron respaldados por Germán Suárez, ingeniero civil y gestor en 2011 de la Fundación Casa Luna, creada para “defender la pequeña minería que se combina con la producción de alimentos”.
Su planteamiento parte de señalar que antes de la vigencia del actual Código de Minas, Ley 685 de 2001, la minería en Colombia tenía tres tamaños diferenciales para el tipo de minería: “la gran minería era atendida por Carbocol, se regulaba con contratos de concesión minera; para la mediana minería existían los contratos en virtud de aporte, y había una política pública diferente para fomentar la pequeña minería desarrollada en municipios alejados y estaba a cargo de Minercol”.
Suárez señaló al gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango de entregarle a un grupo empresarial canadiense la responsabilidad de redactar el actual código de minas culpable, según dijo, de haber “sumido a los territorios mineros en la miseria absoluta, y una prueba de ello es que volvió a los mineros colombianos como los parias de la sociedad”.
En su opinión, la política pública fue escrita para saquear el territorio, “no hay una herramienta fiscal que permita a los entes territoriales opinar sobre cuántas regalías le corresponden por extracción de minerales en su territorio”.
Insistió en que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001 se empezó a criminalizar a los pequeños mineros “y sus títulos fueron superpuestos por grandes solicitudes desde Tokio, Canadá e Inglaterra sin que se les exija conocer el territorio, ni siguiera ser propietario de un centímetro del suelo”.
Explicó que, para hacerle frente a esta problemática, desde la Fundación Casa Luna se ha promovido un modelo agrominero para la pequeña minería, busca que las minas, además de producir los minerales requeridos para el desarrollo del país, subsidie la producción de alimentos de las familias.
Frente al mecanismo de formalización minera contemplado en la ley vigente y a través del cual un gran titular acuerda con mineros artesanales la posibilidad explotar en la concesión a su cargo, Suárez lo cuestionó de plano e insistió en la necesaria legalización de aquellas minas explotadas tradicionalmente por las comunidades campesinas.
Argumentó además la posibilidad de comprobar la ilegalidad del otorgamiento de permisos de explotación a grandes empresas sobre áreas ya trabajadas por familias y organizaciones locales. Estas, reiteró, deben volver a manos de los pequeños mineros.
“La reforma al código minero debe otorgarles títulos mineros y tierras a comunidades organizadas en virtud de la constitución y la ley”, sostuvo y se refirió al avance legislativo en esta materia.
Citó el trabajo de la comisión tripartita integrada por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Congreso de la República, las comisiones quintas de Senado y Cámara, y las asociaciones de mineros.
Producto de ese trabajo surgió la Ley 2250 de 2022 que establece un marco jurídico especial en materia de legalización y formalización minera, y la misma incluye las claves para el tratamiento diferencial en materia de financiación, comercialización y cumplimiento de disposiciones ambientales. Su reglamentación está pendiente.
Mientras eso sucede, Germán Suárez plantea la posibilidad de avanzar en la formulación de planes de trabajos y obras (PTO) diferenciales con prerrogativas de explotación anticipada. En lo ambiental también se puede acudir, explicó, a lo determinado en la Resolución 0448 de 2020, relativa a los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental requerido para el trámite de la licencia ambiental temporal para la formalización minera.
De guaqueros a productores y emprendedores
En el Occidente de Boyacá no quieren repetir la violenta historia de su pasado, prefieren que se asocie el verde de la esmeralda al color de la naturaleza exuberante de la zona y no a una guerra responsable de muerte e incertidumbre durante casi cuatro décadas. La paz, o el acuerdo de no agresión entre los patrones o empresarios esmeralderos, como prefieren llamarla algunos líderes de la región, se firmó el 12 de julio de 1990.
Aunque desde entonces se han registrado varios episodios armados que han cobrado la vida de personas vinculadas a la explotación de esta piedra preciosa, la decisión colectiva de esta comunidad concentrada especialmente en los municipios de San Pablo de Borbur, Otanche, Pauna, Quípama, Muzo y Maripí, es mantener la vigencia de los acuerdos, evitar confrontaciones y estar alerta frente a la presencia de actores externos que pudieran alterar la tranquilidad.
Son diversos los esfuerzos para tener más días en calma. Instituciones estatales, nacionales y regionales, en alianza con asociaciones campesinas y alcaldías locales, han impulsado proyectos agroforestales y de seguridad alimentaria que incluyen el cultivo de cacao y frutales y la cría de especies menores para procurar condiciones dignas de subsistencia a la comunidad.
Según datos de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Productivo y Empresarial (Fundescampo), el fenómeno de la guaquería incide, como es natural, en el incremento de la población y por supuesto en el surgimiento de conflictos sociales. Mientras las cifras del Dane sitúan en 1.442 habitantes la población oficial de Cosquez, inspección de Policía de San Pablo de Borbur, municipio distante 192 kilómetros de Bogotá, por sus calles y caminos se movilizan alrededor de 2.500 personas.
José Eduardo Martin Salamanca, representante de Fundescampo, informó que entre 2020 y 2021 esta organización, en alianza con la empresa Fura Gems Coscuez S.A., adelantaron un trabajo de campo con la comunidad para identificar las problemáticas locales, sus necesidades, sus expectativas y los proyectos que podrían ser de su interés como alternativa a la actividad minera.
El resultado de este diagnóstico social arrojó datos inquietantes, según Martin. De las 1.442 personas identificadas como pobladores permanentes, nacidos allí o con varios años de residencia en ese lugar, el 65 por ciento vivía, para la época del estudio, en condición de pobreza extrema, sus ingresos semanales no superaban los 50 mil pesos y en la mayoría de los casos provenían de lavar tierra en los depósitos de material extraído de las minas de esmeraldas en procura de un golpe suerte, porque allí la suerte es más invocada que la fe.
“Es frecuente que se encuentren con piedras de poco valor, de 30 o 50 mil pesos, pese a ello persisten en su empeño de hallar una gema que les cambie la vida”, describe Martin.
La precaria condición social de muchos de quienes hoy están dedicados a la guaquería se explica en la informalidad laboral de los mineros. Los patrones, quienes tenían el control de las minas, “nunca los vincularon formalmente, no pagaban salarios mensuales ni seguridad social”, nos explicó el director de Fundescampo. La comunidad dependía de la oportunidad que estos les dieran, muchos abandonaros sus tierras y cultivos para buscar fortuna y con el paso del tiempo y el cambio de las condiciones cientos se quedaron sin oportunidades.
Con la llegada de Esmeraldas Mining Services (EMS), antes Minería Texas Colombia, a Muzo en 2009, y luego con la licencia de explotación otorgada en 2018 por el gobierno de Colombia a Fura Gems Coscuez S.A. , en la inspección de Coscuez, un porcentaje importante de la extracción de esmeraldas quedó en manos de empresas multinacionales. Martin destacó que el ingreso de estos nuevos actores trajo consigo la industrialización de la explotación, la vinculación laboral formal de trabajadores de la zona, el cierre de bocaminas y el control sobre las áreas licenciadas.
Estas medidas, las de cierre de bocaminas y el control de áreas licenciadas, impopulares por la manera como se venía trabajando en la zona, generó discrepancias entre las empresas y los guaqueros al punto de que estos fueron catalogados como mineros ilegales a la luz de la legislación minera actual.
Aunque las tensiones no han desaparecido, José Eduardo Martin destacó que la vinculación laboral formal de alrededor de 550 personas de la región promovida por Fura Gems Coscuez ha permitido avanzar en la generación de oportunidades, la capacitación de mano de obra local y la profesionalización de los guaqueros y de miembros de sus familias.
Algunos, como en el caso de Hernán Guerrero, nacido en la vereda Buenavista de Otanche, han tenido la opción de formarse. Él logro ser Ingeniero Industrial, estudiar en el exterior, se especializó y hoy labora en la empresa esmeraldera aportando en la automatización de sus procesos.
A esta posibilidad se suma el camino recorrido para explorar alternativas económicas dignas para superar la pobreza extrema, promover la asociatividad, estimular el emprenderismo y el bienestar socio – económico integral.
La alianza entre Fura Gems, Fundescampo y la comunidad empezó a concretarse con las capacitaciones brindadas por el SENA en temas administrativos, agropecuarios, ofimáticos y de proyectos asociativos. La siguiente fase permitió identificar a las personas interesadas en continuar transitando hacia la fase productiva y a continuación se formularon cinco proyectos encaminados a garantizar al establecimiento de empresas avícolas, porcícolas, de piscicultura, de transformación de cacao en chocolates tipo exportación y de lácteos a partir de leche de cabra.
“Se trata de proyectos de tipo empresarial, más allá de la mera subsistencia o de las tradicionales iniciativas de seguridad alimentaria”, explicó el vocero de Fundescampo. José Eduardo Martin precisó que los primeros en ponerse en marcha fueron los avícolas y los porcícolas luego de que los interesados se capacitaran de manera específica en cada una de esas áreas.
A la par se constituyó una cooperativa integrada por miembros de la comunidad y su responsabilidad es gerenciar la materialización de los cinco proyectos pretendidos, gestionar recursos adicionales a los apartados por Fura Gems, así como alianzas de cooperación con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, y compartir su experiencia con otras comunidades del territorio.
El plan está diseñado para que en cinco años los procesos productivos se hayan constituido efectivamente y estén consolidados, hayan alcanzado su punto de madurez y adquieran independencia económica y autonomía financiera. A la par se acompañará a otro tipo de emprendimientos locales para alcanzar la meta propuesta de 400 personas capacitadas, empoderadas y capaces de gestionar sus propios ingresos lejos del riesgo y la incertidumbre que representa la informalidad minera.
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Este reportaje fue posible gracias al apoyo de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM) y la Voz de América.
