Del 41 organizaciones postuladas en el departamento, nueve grupos fueron escogidos para ejercer control social ambiental durante los próximos cuatro meses en temas como agua, cambio climático, residuos sólidos y licenciamiento ambiental.
Boyacá ya conoce el resultado de la convocatoria que, desde abril, abrió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del programa estratégico Sistema Nacional de Control Social Ambiental #AlertaPorMiAmbiente 2024-2027, una estrategia nacional para que comunidades y organizaciones ejerzan vigilancia directa sobre la gestión pública ambiental.
Boyacá fue uno de los 16 territorios priorizados para 2026, y a la convocatoria se presentaron procesos de veeduría con presencia en Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Tasco y Firavitoba.
Para conocer los resultados y los alcances del proceso, entreojos.co conversó con Libardo Fernández, coordinador del proyecto Alerta por mi Ambiente de la Corporación Educapaz, entidad encargada de acompañar la implementación del programa junto con la organización aliada Inandina.
Un balance nacional con enfoque diferencial
Según explicó Fernández, la convocatoria tuvo alcance en ocho departamentos del país y recibió 298 postulaciones a nivel nacional, con la participación de 1.397 personas.
De ese total, 460 se identificaron como campesinas, 283 como víctimas del conflicto armado, 249 como mujeres cabeza de hogar y 208 como personas afrocolombianas.
En conjunto, 966 de los postulantes fueron mujeres y 523 jóvenes entre los 18 y los 29 años.
En Boyacá, específicamente, se recibieron 41 postulaciones, de las cuales resultaron seleccionados nueve grupos.
Universidades y comunidades, al frente del control social
Uno de los datos que destacó el coordinador es la participación del sector académico. De los nueve grupos seleccionados en Boyacá, dos corresponden a semilleros de investigación de instituciones de educación superior: uno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con sede en Sogamoso, y otro de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en Tunja.
Los demás grupos seleccionados tienen presencia en Firavitoba, Tasco, Paipa y Tunja.
Por disposiciones enmarcadas en el Acuerdo de Escazú, que busca proteger a líderes, lideresas y veedores ambientales de los territorios, el Ministerio y Educapaz reservan la identidad de las organizaciones sociales y comunitarias seleccionadas, aunque sí precisaron los municipios y las líneas temáticas que trabajará cada una.
¿Qué van a vigilar?
Durante los próximos cuatro meses, los grupos seleccionados en Boyacá recibirán acompañamiento técnico de Educapaz e Inandina, además de un recurso económico del Ministerio para desarrollar sus actividades de control social.
El trabajo se concentrará en seis líneas temáticas:
- Gestión del recurso hídrico, orientada a su protección, uso eficiente y control de vertimientos.
- Protección de la biodiversidad, incluyendo la prevención de la deforestación y la destrucción de ecosistemas.
- Mitigación y adaptación al cambio climático.
- Gestión de rellenos sanitarios y residuos sólidos.
- Ordenamiento y planificación ambiental del territorio, con énfasis en el recurso hídrico.
- Gestión pública de licencias, permisos, tasas y trámites para el uso o aprovechamiento de recursos naturales.
Según detalló Fernández, las veedurías harán seguimiento a las entidades del Sistema Nacional Ambiental que operan en los municipios seleccionados: Corporaciones Autónomas Regionales, alcaldías, la Gobernación de Boyacá, el propio Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
«Ellos van a estar muy juiciosos y pendientes de las entidades públicas. Básicamente lo que van a ayudar es a que las entidades públicas puedan priorizar e identificar en estos territorios estas problemáticas y sentires de la comunidad en relación a los temas ambientales del departamento”, explicó el coordinador.
Un mecanismo de participación en construcción
Este proceso de veeduría se da en un contexto en el que el departamento concentra una parte importante de los conflictos socio – ambientales del país, particularmente en torno a páramos, cuencas hídricas y actividades extractivas.
En ese escenario, el fortalecimiento de mecanismos de control social ambiental, alineados con los principios de acceso a la información y participación pública del Acuerdo de Escazú, se plantea como una herramienta para tender puentes entre la institucionalidad y las comunidades.
Con el arranque de esta fase, los nueve grupos seleccionados en Boyacá tendrán cuatro meses para adelantar su ejercicio de veeduría y presentar los resultados de su trabajo ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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