Desde el aire, lo que hace pocos años era un espejo de agua de más de mil hectáreas hoy se confunde con una pradera verde.
La ciénaga de Palagua, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, alberga a un huésped incómodo: la taruya, una planta acuática invasora también conocida como buchón o lechuga de agua, que impide la navegación, asfixia la vida acuática y borra, poco a poco, uno de los humedales más importantes del Magdalena Medio.
Para las comunidades que viven en su ronda, en las veredas Palagua, Calderón, Muelle Velásquez, Cruce Chaparro, Agua Linda y El Ermitaño, la ciénaga no es solo un paisaje: ha sido históricamente su despensa alimentaria, su fuente de ingresos por pesca artesanal y, más recientemente, una apuesta de turismo y ecoturismo.
Hoy, dicen, ven ese sustento desaparecer sin que las autoridades ambientales actúen con la urgencia que la situación exige.
Una crisis que no es nueva
La preocupación por Palagua no es reciente. Este medio documentó ya en 2019 que el humedal enfrentaba fenómenos de colmatación, sedimentación y disminución de su espejo de agua, agravados por deforestación, pasivos de la industria petrolera y ausencia de tratamiento de aguas residuales. En ese entonces, la extensión del espejo de agua se calculaba en 195,8 hectáreas, dentro de un área total delimitada que hoy supera las 1.100 hectáreas.
En 2022, Mansarovar Energy, una de las empresas petroleras con operación en la zona, reportó que extraía taruya en jornadas de cuatro meses al año junto a la asociación de pescadores Asopes Palagua, como parte de sus compensaciones ambientales ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Pero desde entonces, voces de la comunidad ya advertían que el esfuerzo era insuficiente.
Dora Luz Sierra, de la Corporación para el Desarrollo Ambiental y Social (Desams), cuestionó en ese momento que la limpieza dependiera del dinero de las petroleras y no de un compromiso comunitario sostenido en el tiempo. Corpoboyacá, consultada entonces por este medio sobre el manejo de la planta invasora, no respondió.
Para 2023, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del humedal, la herramienta técnica llamada a ordenar su recuperación, llevaba ya siete años en formulación, desde que Corpoboyacá delimitó la ciénaga mediante la Resolución 3765 de 2016.
Antonio Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Turismo Ambientales de Palagua (Apata), calificaba entonces como insuficientes las seis jornadas anuales de limpieza que realizaban Mansarovar y Ecopetrol.
Tres años después, ese diagnóstico se mantiene casi intacto. Solo que ahora la cobertura de la taruya es más amenazante, de acuerdo con el clamor de los colectivos comunitarios.
También le puede interesar: Controlar la taruya y reducir impactos agropecuarios y petroleros
El primer foro y la declaratoria de emergencia
El 12 de junio de 2025, organizaciones sociales de la zona, agrupadas en lo que hoy se conoce como el Colectivo Humedal Ciénaga de Palagua, convocaron el primer foro por la recuperación integral del ecosistema.
Al encuentro fueron citados el Ministerio de Ambiente, la ANLA, Corpoboyacá, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Puerto Boyacá, el Concejo Municipal, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) y las empresas privadas con operación en el área: Mansarovar, Ecopetrol y Unión Temporal IJP.
Allí se ratificó una declaratoria de emergencia ambiental (SOS) para el humedal y las comunidades presentaron un pliego de catorce solicitudes: intervención con maquinaria especializada (una cosechadora) para retirar la vegetación invasora, recuperación de las fuentes hídricas que alimentan la ciénaga, rendición de cuentas sobre los recursos de compensación ambiental petrolera de la última década, mejoras en vías y acueducto, cumplimiento de las normas de pesca y repoblamiento íctico, entre otras.
En respuesta, distintas entidades adquirieron compromisos puntuales: la Alcaldía se comprometió a avanzar en tratamiento de aguas residuales, movilidad y acueducto; la Gobernación, a articular a los demás actores; Corpoboyacá, a acelerar la adopción del Plan de Manejo Ambiental; y las empresas petroleras, a reforzar su acompañamiento técnico.
También le puede interesar: ¿Cómo controlar la taruya en la ciénaga de Palagua?
Lo que reveló la mesa técnica de julio
Un mes después, el 14 de julio de 2025, una mesa de trabajo interinstitucional reunida en la Gobernación de Boyacá dejó en evidencia un dato que cambia la lectura del problema.
Según consta en el acta oficial de esa reunión, elaborada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá, el biólogo Hugo Díaz, delegado de Corpoboyacá, explicó que desde 2012 los pescadores de la zona instalaron una manila y una malla en el caño de salida de la ciénaga para impedir que los peces regresaran al río Magdalena.
Sin saberlo, esa práctica, pensada para proteger su propia actividad pesquera, redujo la velocidad de la corriente y favoreció el enraizamiento acelerado de la taruya, agravando el mismo problema que hoy se busca resolver.
El acta de esa reunión también reveló que el PMA ya había sido presentado ante el Consejo Directivo de Corpoboyacá en diciembre de 2023, pero no fue adoptado en ese momento por un derecho de petición de la asociación de pescadores Asopezpalagua que generó inquietudes adicionales. Es decir, entre la primera propuesta técnica y su adopción definitiva pasarían casi dos años más.
En esa misma mesa se acordaron cinco compromisos con responsables asignados —desde el retiro de la manila y la malla hasta el saneamiento básico en Muelle Velásquez—, pero en el acta oficial, revisada por este medio, la columna dispuesta para registrar el estado de cumplimiento de cada compromiso permanece en blanco.
Diez días después, el 24 de julio, en una segunda reunión, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez se comprometió, según documentos de la comunidad, a gestionar la compra o el alquiler de una cosechadora para la remoción mecánica de la taruya antes de que terminara el año 2025 y antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales, que restringe la contratación pública en periodos preelectorales.
También le puede interesar: La ciénaga de Palagua y los retos para su recuperación
Un Acuerdo con observaciones
El 21 de agosto de 2025, el Consejo Directivo de Corpoboyacá expidió el Acuerdo 011, mediante el cual finalmente adoptó el Plan de Manejo del Humedal Ciénaga de Palagua.
El acto administrativo actualizó la delimitación de 2016 al nuevo sistema oficial de coordenadas del país, mantuvo la extensión del humedal en 1.105 hectáreas y estableció tres zonas de manejo: preservación estricta (34,2%), recuperación ambiental (39,3%) y producción sostenible condicionada (26,3%). En las tres, quedaron expresamente prohibidas la minería y la explotación de hidrocarburos.
El acuerdo aprobó, además, un plan de acción con dieciocho líneas de inversión a diez años, agrupadas en seis estrategias: manejo sostenible del humedal, conservación de ecosistemas, restauración, seguimiento y monitoreo, investigación, y gobernanza ambiental.
El documento convierte al PMA en determinante ambiental de superior jerarquía, lo que obliga al municipio de Puerto Boyacá a incorporarlo en su Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Sin embargo, ni el compromiso puntual de la cosechadora ni la rendición de cuentas sobre las compensaciones petroleras de la última década —dos de las peticiones más insistentes de la comunidad— quedaron incorporados como obligaciones específicas y exigibles dentro del articulado del acuerdo.
La socialización, el silencio y el derecho de petición
El 15 de octubre de 2025, en el salón comunal de la vereda Palagua, se realizó el segundo foro para socializar el Plan de Manejo ya adoptado. A la cita asistieron delegados de Corpoboyacá, la Gobernación, la Alcaldía y el Concejo Municipal, pero ninguno con capacidad real de decisión, según denuncia la comunidad, que además lamenta que ni el gobernador ni la directora de Corpoboyacá hayan asistido personalmente a ninguno de los dos foros realizados hasta ahora.
Pasado más de un mes sin pronunciamientos oficiales sobre cronogramas, responsables o fuentes de financiación, siete líderes sociales, representantes de las asociaciones Ecopalagua, Apata, Asopez, Desams y las Juntas de Acción Comunal de las veredas Palagua y Muelle Velásquez, radicaron el 20 de noviembre de 2025 un derecho de petición ante el gobernador Amaya.
Le solicitaron, entre otros puntos, precisar el estado del proceso contractual para el suministro de la cosechadora, socializar el cronograma de ejecución del PMA por entidad responsable, y conformar mesas de trabajo interinstitucionales con participación efectiva de la comunidad y el sector privado.
La Gobernación respondió el 16 de enero de 2026, fuera de los términos legales, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En su respuesta, la entidad reconoció no tener competencia legal para ejecutar directamente el Plan de Manejo Ambiental, función que, según la Ley 99 de 1993, corresponde a Corpoboyacá como autoridad ambiental regional, y admitió no conocer fechas oficiales para las mesas de trabajo solicitadas por la comunidad.
La tutela y el llamado a la Procuraduría
Ante lo que consideraron una respuesta evasiva, los mismos siete líderes interpusieron en febrero de 2026 una acción de tutela contra la Gobernación de Boyacá, solicitando al juez ordenar una respuesta clara, precisa y de fondo a sus peticiones, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.
Sin dar por agotada la vía institucional, la comunidad escaló su reclamo un paso más.
El 8 de mayo de 2026, los representantes de las organizaciones sociales de la ronda del humedal enviaron una carta al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, solicitando su intervención y pidiendo expresamente que se investiguen las posibles responsabilidades por omisión de las autoridades ambientales a lo largo de los últimos años.
En el documento, la comunidad advierte que, de mantenerse la desatención actual, el humedal podría convertirse en potreros para ganado en un plazo de diez años.
Lo que dicen (y no dicen) las autoridades
Para la elaboración de este artículo, entreojos.co consultó tanto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá como a Corpoboyacá para conocer su versión actualizada sobre el estado del proceso de recuperación de la ciénaga de Palagua, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los foros de 2025 y las razones del retraso en la remoción mecánica de la taruya.
Al cierre de esta edición, ninguna de las dos entidades había dado respuesta a las preguntas formuladas por este medio.
El patrón no es nuevo: en 2022, Corpoboyacá tampoco respondió a un cuestionario similar de este medio sobre el manejo de la misma planta invasora. Tres años después, la pregunta sigue sin resolverse.
Un ecosistema que no puede esperar
Palagua es, según la propia Corpoboyacá, uno de los pocos humedales del departamento delimitado formalmente mediante acto administrativo, hogar de aves acuáticas y migratorias, y de especies como el zorro, el puma y, según registros históricos, el jaguar.
Es también, para cientos de familias de pescadores y guías turísticos de Puerto Boyacá, la base de una economía que hoy se sostiene sobre un espejo de agua que, según las propias autoridades, ya casi no existe.
Mientras las competencias se discuten entre entidades y los compromisos verbales tardan meses en convertirse en actos administrativos, la comunidad insiste en una idea que ha repetido en cada foro, cada derecho de petición y cada carta: los acuerdos consignados en actas no pueden quedar archivados mientras el humedal desaparece.
______________________________________
Queremos conocer tu opinión
Tu opinión es muy importante para nosotros 
, ya que nos ayudará a mejorar y seguir haciendo un periodismo más útil y cercano.
Te tomará solo unos minutos responderlo.
Puedes participar aquí 
https://forms.gle/j3XD1ya2ouyy1HkZ6
______________________________________
Hacemos periodismo confiable
El pasado 3 de junio entreojos.co recibió de CMD Certification la certificación Journalism Trust Initiative (JTI) un esquema de certificación basado en el acuerdo de taller CWA 17493, desarrollado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y promovido por Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El 10 de junio de 2026 CMD Certification S.A.S. tomó la decisión de mantener la certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable (JTI) a entreojos.co
