Durante años la gestión de los páramos colombianos estuvo en manos casi exclusivas de autoridades ambientales y científicos.
Hoy esa lógica empieza a cambiar. Así lo planteó en ese momento Alejandra Osejo Varona, antropóloga y magíster en Desarrollo Rural por la Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil), quien coordinó el componente social de los estudios que el Instituto Humboldt realizó como insumo para la delimitación de estos ecosistemas de alta montaña.
En una entrevista publicada por el Instituto Humboldt a comienzos de 2021, la investigadora expuso los hallazgos que sustentan la publicación ‘Participación y gobernanza. Caminos posibles para la gestión de los páramos’.
Su vínculo con la alta montaña, según relató, es casi familiar, y su trabajo de tesis abordó los paisajes andinos, los efectos del conflicto armado y el papel de las organizaciones sociales en la construcción de alternativas de desarrollo.
Desde su regreso al país se ha dedicado a investigar conflictos socioambientales en departamentos como Chocó, Cauca, Santander, Boyacá y Cundinamarca, una experiencia que la llevó a coordinar el componente social del Instituto Humboldt en los procesos de delimitación de páramos.
Una historia de poblamiento que se desconoce
Uno de los puntos que la investigadora subraya es que el poblamiento de los páramos por parte de comunidades indígenas y campesinas se remonta, en muchos casos, a al menos un siglo.
No fue un proceso sencillo: las condiciones climáticas y de suelo hacen de estos territorios lugares difíciles para vivir.
Parte de esa ocupación, explicó, respondió también a dinámicas de violencia en el país, cuando el desplazamiento forzado empujó a comunidades hacia la alta montaña mientras las tierras más fértiles de los valles quedaban concentradas en pocas manos.
Osejo Varona insistió en que no existe «una única comunidad» en los páramos, como suele creerse. Cada una constituye una experiencia particular, anclada a su territorio, lo que representa un reto para el diseño de políticas de conservación que, por el carácter centralista del país, tienden a ser homogéneas y difíciles de aplicar en contextos tan diversos.
Del impulso productivo a la conservación estricta
La entrevista repasa cómo, entre los años 70 y 90, la política agraria promovió en los páramos la llamada revolución verde: uso intensivo de agroquímicos, maquinaria pesada y apertura de vías, bajo la premisa de que más hectáreas sembradas significaban más desarrollo.
Las huellas de ese modelo persisten hoy en cultivos comerciales de papa y extensiones ganaderas, junto con la contaminación del suelo y el agua que generan los insumos agroquímicos.
Esa transformación productiva, dijo en su momento la investigadora, dejó comunidades más dependientes de tecnologías externas y menos autónomas para decidir cómo producir, en medio de altos índices de pobreza y dificultades de acceso a salud y educación, particularmente en las zonas más aisladas.
A inicios de los años 2000 el péndulo se movió hacia el extremo opuesto: políticas de conservación estricta que prohibieron el uso productivo de los páramos, cambiando de forma abrupta las reglas de juego para los pobladores rurales.
La Ley 1450 y el punto de quiebre
Entre 2000 y 2010, la expansión de cultivos comerciales y el aumento de la titulación minera en zonas de páramo pusieron a estos ecosistemas en el centro de la agenda nacional, en buena medida por la preocupación en torno al agua que abastece a las ciudades de alta montaña. En ese contexto, el Congreso expidió en 2011 la Ley 1450, que prohibió de manera absoluta tanto la minería como la agricultura en los páramos.
Según explicó Osejo Varona, esa decisión no distinguió entre un proyecto minero de gran escala y un cultivo campesino de papa, lo que profundizó los conflictos socioambientales y tensó aún más la relación entre los habitantes de los territorios y las autoridades ambientales. Prohibir la siembra de un alimento de la canasta familiar básica resultó, en la práctica, inviable.
El giro hacia la participación
Ese quiebre abrió paso, hacia 2018, a dos instrumentos que marcan un cambio de enfoque: la Resolución 886 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que plantea que las decisiones sobre estos territorios deben partir del diálogo, la concertación y la participación, y la Ley 1930 de 2018.
Según la investigadora, se trata de una legislación joven que reconoce la multiculturalidad de estos territorios y plantea una política diferencial para su gestión.
Osejo Varona señaló que el éxito de un proceso participativo depende de reconocer los saberes y el derecho legítimo de las comunidades a decidir sobre lo que las afecta, así como de construir relaciones de confianza que impliquen cumplir los compromisos adquiridos.
En aquella ocasión, en la entrevista de 2021, advirtió, además, que estos ejercicios exigen a las Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de ponerlos en marcha, una inversión considerable de tiempo y recursos, mayor que la de formular una política desde una oficina.
Justamente para apoyar esa labor, el Instituto Humboldt desarrolló la publicación ‘Participación y gobernanza’, resultado de un proceso de reflexión iniciado en 2018 junto con habitantes de páramo, investigadores y autoridades ambientales, con el respaldo financiero de la Unión Europea y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC).
El documento reunió bases conceptuales, herramientas prácticas y experiencias concretas de gestión participativa, pensadas para orientar el trabajo de las corporaciones.
La investigadora recordó, finalmente, que la etapa final de edición coincidió con el inicio de la pandemia por COVID-19, lo que obligó al equipo a repensar, junto con funcionarios de las corporaciones, cómo adaptar los lineamientos de participación a un contexto de distanciamiento social, tanto en lo metodológico como en lo operativo.
Un llamado a escuchar el territorio
Para Osejo Varona, ninguna medida ambiental, por bien fundamentada que esté técnicamente, logrará implementarse de manera efectiva si las comunidades no son incluidas en su diseño.
En un departamento como Boyacá, donde conviven páramos estratégicos para el abastecimiento hídrico de varias regiones, esa premisa cobra un peso particular: la gobernanza participativa no es solo un principio democrático, sino una condición para la seguridad hídrica y la conservación genética de estos ecosistemas de alta montaña a largo plazo.
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