Por Germán García Barrrera
El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), realizó este lunes 19 de octubre en el auditorio de la Cámara de Comercio de Tunja el ‘Encuentro Regional de Boyacá’.
Según el comunicado del DNP, allí se priorizaron iniciativas estratégicas en salud, agua, agroindustria y energía, con el fin de cerrar brechas sociales en el departamento. La entidad destacó la participación de cerca de 1.000 líderes, ciudadanos y alcaldes de los 123 municipios.
En ese marco funcionó una mesa ambiental, cuyos resultados se llevarán al documento del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, titulado oficialmente «Colombia: La Patria Milagro».
Cuatro "dolores" para empezar la discusión
El DNP definió cuatro temas centrales, a los que llamó «dolores», como prioridades ambientales para orientar el debate. El primero es la limitada capacidad de los municipios para prevenir y atender desastres. El segundo, la contaminación y el deterioro de cuencas y fuentes hídricas. El tercero, los incendios forestales recurrentes, que afectan ecosistemas y fuentes de agua. El cuarto, las inundaciones y desbordamientos en la cuenca alta del río Chicamocha.
Tras las intervenciones de quienes integraron la Mesa No. 1, la ambiental, de las siete instaladas para recopilar las propuestas regionales, se definieron tres como aporte de Boyacá al Plan:
- Ampliar la compra de predios en áreas estratégicas por su importancia hídrica, para proteger el agua, recuperar la cobertura vegetal y reducir la contaminación.
- Recuperar el río Chicamocha mediante limpieza o adecuación hidráulica, junto con más educación ambiental, participación ciudadana y presupuesto nacional.
- Diseñar e implementar una política pública preventiva que destine recursos específicos desde el nivel nacional para elaborar, actualizar y aplicar los instrumentos de planificación, en coordinación con autoridades y comunidades.
Carolina Coy Guerra, secretaria del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá, explicó que la Gobernación planteó dos proyectos: la limpieza y adecuación del Chicamocha en sus cuencas alta y media, y la adquisición de predios de interés hídrico.
Agregó que otras iniciativas quedarán en una «galería de proyectos», para recibir apoyo más adelante o ser incluidas en el Plan.
Según Coy, la mayoría de las instituciones coincidió en reforzar la educación ambiental y la descontaminación de fuentes hídricas, y se concluyó incluir ambos asuntos.
Sobre la financiación, dijo que la expectativa es que estas mesas regionales reúnan los «dolores» y «milagros» expresados para que puedan recibir cofinanciación nacional.
Ráquira: hornos, carbón y un proyecto en duda
Entre los participantes estuvo Dino Vargas Rubiano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Carapacho, en Ráquira. Él espera que lo planteado se concrete en su territorio y que su comunidad vea resultados.
Al preguntarle por los problemas ambientales de su municipio, Vargas señaló la contaminación de los hornos con los que se elabora la artesanía por la que Ráquira es conocida. Explicó que antes los artesanos cocinaban con leña, lo que a su juicio explica la aridez de la zona, y que hoy usan carbón, igualmente impactante para el ambiente.
Vargas recordó un proyecto de la CAR para construir hornos especiales que mitigaran esa contaminación. Hasta donde tiene entendido, había 3.600 millones de pesos ya presupuestados, pero dijo desconocer qué pasó con ese proceso. La información proviene de su testimonio y no fue contrastada con la CAR en esta nota periodística.
Gestión del riesgo: planes desactualizados y costos que los municipios no pueden asumir
Luis Felipe Pérez Torrado, director de la Defensa Civil de Boyacá, fue escogido como vocero de quienes participaron en la mesa ambiental.
Sostuvo que los servicios ecosistémicos son inherentes a las comunidades y que la gestión del riesgo es transversal al desarrollo. En su opinión, no se puede seguir permitiendo que los desastres sorprendan a los territorios con planes e instrumentos de planificación desactualizados desde hace ocho o diez años.
De ahí su insistencia en una política que entregue recursos nacionales para construir, implementar o actualizar esos instrumentos en cada municipio.
Según Pérez, actualizarlos cuesta entre 450 y 600 millones de pesos para un municipio de categoría 6, y cerca de 4.500 millones para uno de categoría 2 o 3. «Nuestros municipios no cuentan con esos recursos», afirmó.
Precisó que el propósito es que estos instrumentos incorporen lo comunitario, es decir, los lugares donde «le duele el territorio», donde están las necesidades y donde ocurren los desastres.
Añadió que gestionar el riesgo es proteger los recursos económicos del sector público, el privado y las comunidades, así como los medios de vida, y por eso debe estar en el Plan Nacional de Desarrollo.
La voz del sector productivo
Eduardo Gutiérrez Parrado, director de Mercadeo de Acerías Paz del Río, consideró que se logró transmitir las necesidades de empresarios e industria.
Dijo que la directora ejecutiva de Pro Boyacá resumió bien lo que el sector espera ver en el Plan: trabajo en logística, atención a los recursos minero-energéticos y reconocimiento de la capacidad de la industria siderúrgica del departamento, que a su juicio tiene abastecimiento asegurado para atender la demanda nacional.
También mencionó la reconstrucción de las zonas afectadas tras el terremoto como una oportunidad clave para el sector siderúrgico nacional. Ahora espera que las propuestas se traduzcan en planes de acción y queden consignadas en el Plan.
A partir de lo expuesto por el Presidente de la República, en su acto de posesión y en posteriores intervenciones, no sorprendió que la representante de Pro Boyacá, Gheidy Gallo Santos; y el director del Invias, Juan Camilo Ostos, hayan centrado sus intervenciones en la necesidad del estímulo al sector minero energético, y la escasa o nula referencias a la urgencia de adaptar el territorio a los retos del cambio climático y la producción sostenible.
Lo que quedó por fuera
Varios temas urgentes no fueron priorizados en este Encuentro Regional para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo:
- La contaminación del lago de Tota por vertimientos agropecuarios.
- El impacto de la minería en zonas de páramo, con contaminación de suelos y aguas, falta de control y de capacidad institucional, y poca articulación entre entidades para perseguir la minería ilegal y controlar efectivamente la legal a través del seguimiento efectivo y riguroso de los Planes de Manejo Ambiental.
- Los retrasos en la Ley de Páramos en los procesos de reconversión o sustitución de actividades productivas.
- La conflictividad ambiental en la ciénaga de Palagua y la reconversión productiva en zonas como la Serranía de las Quinchas.
- Los residuos sólidos: solo existe un relleno sanitario, el de Tunja, para los 123 municipios.
- La debilidad en economía circular y en el programa de basura cero del Ministerio de Ambiente.
- La debilidad en la implementación del Acuerdo de Escazú y en la gobernanza ambiental.
Las propuestas de la mesa ambiental, desde recuperar el Chicamocha hasta comprar predios para proteger el agua, dependen de que se conviertan en recursos y planes concretos.
Los testimonios de Dino Vargas, de Ráquira; y del director de la Defensa Civil en materia de gestión del riesgo, muestran que las soluciones funcionan cuando parten de lo que viven las comunidades.
Que entidades nacionales, regionales y locales reconozcan ese conocimiento y lo incorporen en los procesos de restauración y planificación es una condición para que los proyectos tengan sentido en el territorio y para la seguridad hídrica de Boyacá.
Las expectativas de Vargas, Pérez y Coy coinciden en un punto: que lo dicho en Tunja pase del encuentro al Plan.
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