Y la confrontación regional se dio producto del actuar de grupos guerrilleros y paramilitares, de ejércitos privados al servicio de empresarios esmeralderos y de la operación irregular de integrantes de la fuerza pública.
Buena parte de esa confrontación se vivió en la zona rural y en regiones como el Norte, Gutiérrez, Valderrama, Cubará, la Provincia de La Libertad y el suroriente del departamento en límites con Arauca y Casanare; y en Puerto Boyacá y la provincia de Occidente donde se concentran los mayores yacimientos de esmeraldas del país.
Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en Boyacá se reportan 32.061 víctimas del conflicto interno que hoy esperan ser escuchadas y reparadas moral y económicamente. Y aunque en el Occidente de Boyacá los eventos bélicos descendieron luego del acuerdo de paz firmado entre los esmeralderos en 1990, la pobreza continúa en ascenso producto de la incipiente presencia gubernamental.
Como lo señala el padre Juan Pablo Romero, director Ejecutivo de Boyapaz, “en el Occidente cesó el conflicto pero no se generaron oportunidades de desarrollo para sus pobladores”.
Romero es uno de los invitados al Conversatorio ¿Cómo superar la conflictividad local en el posconflicto? que el proyecto Colombia2020 de El Espectador realizará en Tunja este viernes 28 de abril a partir de las 8 de la mañana en el auditorio San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás.
Junto a él estarán Juan Urbano, líder de una asociación de productores de cacao; Clara Lilia Saraza, personera de Ventaquemada; Luis Fernando Echavarría Estrada, coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizando de la Fundación Paz y Reconciliación; y Sonia Pabón, directora ejecutiva de Cordepaz.
Apuesta por la esperanza
Juan Urbano lo confiesa: “Fui guaquero y cocalero como muchos acá en Pauna”. Urbano es hoy el presidente de la Fundación Red Colombia Agropecuaria (Funredagro) que aglutina a 10 organizaciones de productores de cacao de los municipios de Pauna, San Pablo de Borbur, Quípama, Otanche, Muzo, Maripí, Coper, Buenavista, Tununguá y Briceño.
Fueron tiempos muy difíciles aquellos en los que la violencia intimidó a los pobladores del Occidente de Boyacá, sin embargo, pudo más el deseo de dejar atrás ese pasado de miedo y agitación y regresar a las parcelas para resembrar las semillas de los abuelos.
Juan recuerda que antes de 1970 los campos del Occidente producían grandes cantidades de caña, cacao, maíz, plátano y frutales pero con la fiebre de la esmeralda los trabajadores, los viejos y los jóvenes, abandonaron los surcos y se internaron en los socavones.
En 1997 la producción de esmeraldas bajó y fue entonces cuando llegó la coca a mantener el nivel de ingresos de los trabajadores, sin embargo, en 2002 las mismas comunidades fueron conscientes de la descomposición social asociada a estas plantaciones y empezaron a considerar la posibilidad de regresar a los cultivos lícitos.
Pero solo hasta 2007, cuando el gobierno intensificó sus operativos de erradicación, esa bonaza llegó a su fin. Juan Urbano recuera que la fuerza pública le destruyó seis hectáreas de las que dependía la economía de su familia, por fortuna la medida vino acompañada del programa de Guardabosques.
Quienes integran las 10 asociaciones que conforman Funredagro son el mejor ejemplo de cómo una comunidad es capaz de contribuir con la reconstrucción social y económica del territorio, y de que no todo se le puede dejar al Estado.
Después de 12 años y de muchos vaivenes, las familias cacaoteras llegan a las 1.267 y según los datos de Fedecacao el aporte de Boyacá a la producción nacional en 2016 alcanzó las 1.052 toneladas.
“El cacao no nos está volviendo ricos pero estamos viviendo dignamente y hoy nuestra lucha es contra la pobreza y para combatirla necesitamos la ayuda del Estado”, reclamó el presidente de Funredagro.
¿Dónde está el Estado?
Juan Pablo Romero es sacerdote de la comunidad de los dominicos y desde 2016 está al frente de la Corporación para el Desarrollo y la Paz del Occidente de Boyacá (Boyapaz), adscrita a la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz).
Romero está convencido de las enormes posibilidades que tienen los 15 municipios que integran la provincia. Esta región, insiste, es mucho más que las esmeraldas, esas piedras de color verde intenso por las que se pagan millones de pesos y que los pobladores, en medio de su pobreza, ven irse en helicópteros hacia mercados nacionales y extranjeros.
El director de Boyapaz es categórico al describir la situación actual. Destaca el silenciamiento de las armas gracias al acuerdo de paz entre los empresarios pero insiste fue una paz sin desarrollo porque el Estado legó su responsabilidad en los mineros para que ellos emprendieran proyectos educativos, viales y de salud.
Y esa soledad de los gobiernos hacia las comunidades es el principal germen de la pobreza y el abandono que hoy se percibe en las trochas por las que deben transitar el café, las frutas y el cacao hacia los principales centros urbanos de la región.
Ante este panorama, y de la mano de la Iglesia Católica y de Reprodepaz, surgió el 2 de mayo de 2016 Boyapaz una corporación de la que hacen parte organizaciones campesinas, de guaqueros, de paneleros, empresarios y otros representantes de la sociedad civil articulados en lo que la Red ha denominado “la apuesta por la vida querida”.
Y lo que se propone esta alianza es empezar a traducir el ambiente de paz y de reducción del conflicto en acciones concretas de desarrollo integral que garanticen la prosperidad y el bienestar de las 250 mil personas que pueblan este costado de Boyacá, y para ello han formulado tres líneas estratégicas: asociatividad, incidencia política y reconciliación.
Un primer impulso lo constituye el acompañamiento a las asociaciones de productores de cacao, café, frutales, cítricos, aguacate y panela y la presencia de Acción Cultural Popular (ACPO) que en las localidades de Maripí, Muzo y Otanche capacita a 60 campesinos a través de sus Escuelas Digitales en temas como inclusión tecnológica, liderazgo y emprendimiento.
Romero considera que el desarrollo debe complementarse con reconciliación y refuerza su argumento en el hecho de que los pobladores de esta región de Boyacá se beneficiaron de la paz pero no fueron sus protagonistas, por ello plantea la necesidad de hacer un trabajo que permita superar el dolor que aún persiste en el corazón de las víctimas para que la región sienta que hubo verdad, justicia y reparación.
Servicio público por convicción
Clara Liliana Saraza se declara servidora pública por vocación y con orgullo confiesa que su mayor inspiración es su papá, un juez de la República que pudo estudiar derecho solo después de educar a sus hijos, cuando rayaba los 40 años.
Ella es la personera del municipio de Ventaquemada, en Boyacá, una población que dista 34 kilómetros de Tunja, y desde allí ha logrado poner en práctica su convicción de que el funcionario público debe estar al servicio de las necesidades de la comunidad especialmente cuando esta tiene la condición de víctima.
Clara Liliana se duele de aquellas situaciones en la que la falta de ética de algunos trabajadores del sector ocasionaron la revictimización de personas que han padecido los rigores del conflicto armado. Describe como la indolencia, incluso la corrupción, obligó a muchos afectados por el conflicto a pagar para tener acceso a ayudas humanitarias de urgencia.
En su condición de funcionaria del Ministerio Público – desde hace 10 años se vinculó a la Procuraduría General de la Nación y hoy cumple una comisión de servicios en la Personería de Venquemada – esta joven abogada ha trabajado en la recuperación de la ética pública, esa que aprendió en su casa con el ejemplo de puntualidad, responsabilidad y dedicación que le ha dado su papá.
En la Procuraduría tuvo la oportunidad de ingresar a la red de formadores del Instituto de Estudios del Ministerio Público, y dentro del proyecto Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia, ha capacitado a muchos servidores, especialmente a personeros en valores y comportamientos éticos particularmente para el trámite adecuado de declaraciones en el marco de lo previsto por la Ley 1448 de 2011 que dispuso medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Como formadora estuvo en el Amazonas y allí vivió en carne propia el drama de cientos de familias desplazadas del Putumayo que llegaron en busca de ayuda. Sus únicas pertenencias eran la ropa que trían puesta y los zapatos desechos por el barro y las largas caminatas que a toda prisa debieron emprender para escapar de la muerte.
Esta vivencia, y la instrucción recibida en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, le permitió diseñar las matrices para la recolección de la información que entregan los declarantes y a través de las cuales se canalizan las ayudas que el Estado debe ofrecer a quienes tienen la condición de víctimas.
Además de ser abogada y especialista en derechos humanos, Clara cursó una maestría en Historia en la UPTC, la universidad pública de Boyacá, con el propósito de entender el origen de la confrontación política y de aportar en la búsqueda de alternativas que permitan mitigar los efectos de la guerra.
Ya en la personería de Ventaquemada, en 2016 lideró la pedagogía de los acuerdos para superar el conflicto con las Farc
Aunque es consciente de que falta mucho por hacer, se declara satisfecha por el resultado de sus trabajo y el de sus compañeros que aceptaron el reto de recuperar la ética pública a favor de los más necesitados.
