“Si al agua, no a la sísmica” fue el coro que entonaron el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y un grupo de pobladores de Sáchica, municipio de la provincia de Ricaurte, en donde hace presencia la firma polaca Geofizyka Torun, encargada de realizar estudios de suelos para identificar el potencial del subsuelo de la zona.
La intervención de Amaya se dio luego de que una riña entre operarios de la empresa y algunos miembros de la comunidad obligara a que unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional actuarán para controlar la alteración del orden público. Su actuación dio pie a denuncias sobre excesos de las fuerzas oficiales que de inmediato se pusieron en conocimiento de la Defensoría del Pueblo.
{source}<blockquote class=»twitter-tweet» data-lang=»es»><p lang=»es» dir=»ltr»>Luego de <a href=»https://twitter.com/hashtag/DialogoSocial?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#DialogoSocial</a> con la comunidad de Sáchica, damos un parte de tranquilidad. Solicitamos nuevamente a la <a href=»https://twitter.com/ANHColombia?ref_src=twsrc%5Etfw»>@ANHColombia</a> y a <a href=»https://twitter.com/FONADE?ref_src=twsrc%5Etfw»>@Fonade</a> suspender inmediatamente el contrato de Sísmica en 13 municipios de Boyacá. A una sola voz decimos: ¡Sí al Agua, No a la Sísmica! <a href=»https://t.co/sq0GQBGGB2″>pic.twitter.com/sq0GQBGGB2</a></p>— Carlos Amaya (@CarlosAmayaR) <a href=»https://twitter.com/CarlosAmayaR/status/1011134481099644928?ref_src=twsrc%5Etfw»>25 de junio de 2018</a></blockquote>
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La queja vino también del lado de los polacos. Representantes de la empresa Geofizyka Torun reportaron que los vehículos en los que se movilizaban sus trabajadores fueron agredidos con objetos contundentes al arribar a Sáchica y que situaciones similares se han registrado desde que iniciaron la ejecución de sus operaciones en Boyacá.
Edgar Pinilla, vocero de Geofizyka, sostuvo que se han sentido intimidados, que los manifestantes han retirado los equipos de monitoreo y que en varias ocasiones han debido cancelar los desplazamientos para evitar confrontaciones con la comunidad.
Lo de Sáchica podría repetirse en otras localidades y así lo han expresado líderes de los colectivos ambientales que se oponen a los trabajos de sísmica, pues consideran que ese es el primer paso para la llegada de las multinacionales petroleras.
¿Hasta dónde puede llegar este nivel de alternación?
Esta es una pregunta que inquieta a las autoridades. El gobernador Carlos Andrés Amaya ha reiterado su rechazo a los proyectos petroleros que amenacen ecosistemas sensibles como el Lago de Tota, sin embargo, ha pedido prudencia y moderación a las comunidades que se resisten al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios.
Amaya y alcaldes como Wilmer Castellanos, del municipio de Sutamarchán; y Carlos Luis Vanegas, de Cucaita, han pedido a los ministerios de Minas y de Ambiente y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) respeto por los recursos naturales de las provincias de Ricaurte y Occidente, y en general por la tradición campesina y las actividades productivas sostenibles como el ecoturismo y el turismo comunitario que ya se ofrece en varias localidades de la región.
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En el marco de esta solicitud le han pedido al presidente de la ANH, Orlando Velandia, suspender la ejecución del contrato de sísmica y escuchar los reclamos de los boyacenses que rechazan el estudio de suelos contratado por Fonade con Geofizyka Torun.
«No nos crean ingenuos»
“La ANH y Fonade saben que en este territorio hay hidrocarburos, por eso están haciendo esos estudios, por eso están trabajando de noche. No nos crean ingenuos”, dijo el personero de Chiquinquirá, Andrés Ignacio Rivera, en un reciente encuentro de autoridades locales con habitantes de la región.
Rivera instó a que se acuda a las vías legales para exigir una consulta popular a través de la cual se les pregunte a los pobladores de los municipios en donde se adelanta el proyecto ‘Adquisición y Procesamiento de Información Sísmica de la Cordillera 2D’ si quieren o no actividades petroleras en sus predios.
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Otros alcaldes y defensores públicos se han sumado a los reclamos de los colectivos ambientales, juntas de acción comunal, concejales y operadores turísticos que han decidido obstaculizar las labores de sísmica y presionar el retiro de los equipos de las vías intermunicipales.
Esta disputa tendrá un nuevo capítulo el próximo viernes 29 de junio en Chiquinquirá cuando se lleve a cabo la Audiencia Pública sobre el “impacto social, ambiental y paleontológico del proyecto de sísmica con vibros en Ricaurte y Occidente”, y a la que se espera asista el presidente de la ANH, Orlando Velandia.
