Aunque la Ley plantea alternativas para asegurar que la agricultura y la ganadería puedan hacerse de manera sostenible en convivencia con los frailejones, algunos artículos del texto final generan controversia.
Asocars, la entidad que aglutina a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, considera que lo expuesto en el artículo 24 es contrario a la autonomía financiera de las autoridades ambientales regionales.
Asocars explicó que en la redacción de la Ley se establece que las tasas de transferencias del sector eléctrico (TSE) y las tasas por utilización de agua (TUA) que iban directamente a las CAR ahora pasarán a ser administradas por el Fondo Nacional Ambiental, lo cual en opinión de los representantes de las Corporaciones “es inconstitucional y menoscaba el principio de autonomía” con el que fueron creadas.
“Se deja sin financiación una serie de programas y proyectos alrededor del recurso hídrico y la gestión ambiental”, aseguró el presidente del Asociación de Corporaciones, Ramón Leal Leal, quien a partir de este argumento le pidió al presidente Juan Manuel Santos objetar la Ley y devolverla al Congreso de la República para su modificación.
¿Una ley inconsulta?
César Pachón, el electo representante a la Cámara por Boyacá y recordado por liderar el paro agrario de 2013, aseguró que aunque la Ley contempla la preservación de la vegetación del páramo y del agua, esta representa una amenaza para las familias que por décadas han habitado en la alta montaña.
Pachón dijo que a partir de la Ley de Páramos se modificará el uso del suelo y se formularán los planes de manejo y con ello la reducción de las posibilidades económicas de los campesinos y del mínimo vital que pueda garantizar su subsistencia digna.
“Desvalorizaron las tierras de los campesinos, no fueron tenidos en cuenta. Vulneraron sus derechos y su economía. Los programas de reconversión y sustitución no les permitirán los ingresos necesarios para vivir y tendrán que desplazarse y enfrentarse a la pobreza extrema”, expresó el dirigente político.
En su opinión, el Gobierno y el Congreso debieron emprender un proceso de diálogo con las comunidades para concertar la implementación de un sistema agroecológico, la recuperación de zonas de páramo deterioradas a partir de la implementación de viveros de alta montaña y el desarrollo de actividades productivas tradicionales que posibilitaran mantener la valorización de los predios.
Beneficios y conservación
Las nuevas disposiciones prohiben grandes extensiones de cultivos en los páramos.
Luciano Grisales, represente a la Cámara por el departamento del Quindio y uno de los promotores de la Ley, defendió las bondades de la norma y destacó que con ella se plantean posibilidades para quienes se vieron afectados por las restricciones planteadas en la Sentencia C – 035 de la Corte Constitucional.
Grisales agregó que en el documento final se determinó un plazo de cuatro años a partir de la delimitación de cada páramo para que las autoridades ambientales formulen los correspondientes planes de manejo y con ellos los programas de reconversión y sustitución de la agricultura y la ganadería a gran escala, y de la minería, para lo cual habrá un periodo adicional de 10 años.
“Hay herramientas importantes para que la reconversión se dé a partir de criterios técnicos, socio – económicos y ambientales. Los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente quedaron con la responsabilidad de coordinar el cierre de las minas que se encuentren en zonas de páramos delimitados, así como la restauración de las áreas intervenidas”, indicó el parlamentario.
En respuesta a los alcaldes de municipios con grandes proporciones de predios en zonas de páramo, Grisales sostuvo que la Ley estableció la creación de una subcuenta de páramos que permitirá canalizar recursos para que en esas localidades se adelanten proyectos de conservación y de saneamiento básico, se refirió además a otras opciones como el de pago por servicios ambientales y el programa de guardapáramos y aseguró que se garantizaron escenarios de concertación para escuchar a todos los involucrados.
Por ahora la Ley está en el escritorio del presidente Santos para su sanción y tendrá menos de cuatro semanas para decidir si la firma o la objeta como se lo están pidiendo las autoridades ambientales regionales.
