En respuesta a un derecho de petición interpuesto por el ciudadano Pedro Cortés, el gerente de la Unidad de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), Carlos Barco Mora, dio a conocer el lunes 3 de septiembre la decisión de la empresa polaca.
Geofizyka Torun había firmado un contrato para la ejecución del proyecto ‘Adquisición del programa sísmico cordillera 2D /2017 con vibros en Boyacá’ que cobijaba a 13 municipios del departamento (Cucaita, Samacá, Sáchica, Ráquira, Maripí, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Saboyá, Pauna, San Miguel de Sema, Sutamarchán y Tinjacá) y uno de Cundinamarca (Simijaca).
Caldas, municipio del Occidente de Boyacá, fue una de las primeras localidades en las que Geofizyka Torun comenzó sus operaciones. Hasta allí desplazó la maquinaria y los operarios encargados de realizar los estudios de sísmica a partir de una técnica no invasiva que incluyó el uso de vibros para obtener información del subsuelo.
Su presencia generó alarma entre los pobladores al punto de que el voz a voz logró convocar a los habitantes del sector para impedir que los trabajadores continuarán con la recolección de los datos. El tema dio pie además para que se difundiera una noticia falsa en el sentido de que se estaba haciendo fracking en el Lago de Tota.
Ante las protestas ciudadanas y las alertas generadas desde la Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación de Boyacá, el 6 de junio pasado, el vicepresidente técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Omar Mejía, ofreció una rueda de prensa en Tunja para explicar el alcance de los trabajos.
Mejía dijo en ese momento que el resultado de los estudios de sísmica no implicaba necesariamente “el inicio de operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos” y que las inspecciones se realizarían solo si se contaba con el aval de las comunidades.
El tema alcanzó tal nivel efervescencia que fue necesaria la presencia del entonces presidente de la ANH, el boyacense Orlando Velandia. El alto funcionario asistió como invitado a una audiencia pública convocada por el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, el 29 de junio en Chiquinquirá.
Velandia escuchó las quejas del gobernador y de la comunidad en el sentido de que los estudios de sísmica no habían sido socializados y de que era necesario suspenderlos hasta tanto se evaluara la pertinencia de los mismos. Inclusive de allí salió la propuesta de acudir a una consulta popular regional para detener las pretensiones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Con la notificación de Fonade en el sentido de que la empresa GT Services Sucursal Colombia había determinado terminar anticipadamente el contrato celebrado con Fonade, tanto la comunidad como las ONG ambientales y el gobierno departamental se anotaron una victoria.
Al respecto la Red de Colectivos Ambientales de Boyacá reaccionó a través de un comunicado en el que señala que «la terminación de ese contrato es fruto de la movilización y las diferentes acciones ciudadanas e institucionales promovidas por las organizaciones, por el Gobernador de Boyacá y otros actores en el departamento».
Estefany Grajales, vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking y líder ambiental de Puerto Boyacá, destacó el papel de las comunidades que se unieron en torno a la defensa del territorio y ante la amenaza que significaría el fracking para un departamento de vocación agrícola como Boyacá.
«Nos mantendremos vigilantes y nos volveremos a movilizar ante cualquier proyecto que pretenda poner en riesgo las fuentes de agua, la salud y la vida de los boyacenses», sostuvo Grajales.
A continuación puede consultar la respuesta de Fonade al derecho de petición presentado por el ciudadano Pedro Cortés Lombana.
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