Una comisión de expertos concluyó que en Colombia no están dadas las condiciones técnicas ni institucionales para garantizar la utilización del fracking como lo pretende el Ministerio de Minas y Energía, aunque avaló el inicio de pruebas piloto bajo ciertas condiciones.
La ‘comisión de expertos para la exploración de los yacimientos no convencionales’ concluyó que es posible iniciar la fase exploratoria de este tipo de método de extracción de hidrocarburos, siempre y cuando se den ciertas condiciones. Admitió que el Estado debe fortalecer sus capacidades en asuntos como transparencia e información, desarrollo de capacidades institucionales, nivel de riesgo, efectiva participación ciudadana y aprobación de comunidades locales.
Ante el alcance del pronunciamiento de los 13 integrantes de la comisión, la Alianza Colombia Libre de Fracking le reiteró al presidente Iván Duque la solicitud de prohibir esta técnica en todo el territorio nacional “ante la falta de “licencia social” de la que carece esta práctica.
Voceros de esta Alianza insistieron en que “el país no cuenta con la suficiente información de base sobre acuíferos y sismicidad, ni con una evaluación ambiental integral del Magdalena Medio como lo señalan las conclusiones del informe”.
Carlos Andrés Santiago, uno de los integrantes de la Alianza, llamó la atención sobre los riesgos e impactos en temas de salud pública evidenciados en las conclusiones del informe de la comisión y le pidió al gobierno priorizar la protección de la naturaleza, la salud y los derechos humanos de quienes habitan los territorios, “por encima de los intereses económicos que puedan existir”. Sobre la posibilidad de que en Boyacá se adelanten proyectos piloto de fracking, Santiago dijo que aunque por ahora esa opción no está contemplada, en el departamento hay potencial para la exploración de yacimientos no convencionales. En Puerto Boyacá la empresa Parex tiene bloques destinados a ese propósito.
Incapacidad institucional
Hidroituango es el mejor ejemplo de la incapacidad institucional para mitigar los impactos que puedan generar los megaproyectos extractivos y así lo documentó la Alianza. Se remitió a una declaración del director de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, en la que el funcionario reconoce la falta de capacidad institucional de las autoridades ambientales para hacer monitoreo, seguimiento y control a megaproyectos.
Lo sucedido en julio de 2018 en la quebrada La Cristalina, en Puerto Boyacá, al interior de la Serranía de las Quinchas, así lo evidencia. Ante el derrame de crudo, producto de una fuga en el Oleoducto Central, las muestras de agua para determinar la contaminación de la quebrada fueron tomadas por un laboratorio particular contratado por la empresa Ocensa S.A., responsable de la operación del Oleoducto. Tal procedimiento fue cuestionado por la Procuraduría Ambiental y Agraria al considerar como inconveniente que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no disponga de equipos para realizar de manera independiente este tipo de evaluaciones.
Los altos riesgos del fracking podrían provocar graves consecuencias”, por lo que los integrantes de la Alianza saludaron que la Comisión haya manifestado estas mismas preocupaciones en sus conclusiones y en el texto final que será entregado al Gobierno en las próximas semanas.
Los ambientalistas aprovecharon para hacer un llamado enérgico al presidente Iván Duque y a la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, para que, como lo ha recomendado la Contraloría General de la República, y lo ordenó recientemente el Consejo de Estado, apliquen el principio de precaución y suspendan de manera inmediata todos los proyectos pilotos como el primer paso para prohibir el fracking en el país.
“El cambio climático es una realidad y la transición de los combustibles fósiles hacia energías limpias y amigables con el ambiente es el camino indicado. Esperamos que el Presidente cumpla su compromiso de campaña de no permitir esta nefasta práctica“, concluyeron.
