Mil quinientos millones de pesos para la segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Aquitania, y 600 millones para poner en marcha un modelo de producción limpia de cebolla larga en la cuenca del lago de Tota. Ese fue el presupuesto comprometido por el gobierno nacional para invertir en la protección de los recursos naturales del departamento.
El primer anuncio estuvo a cargo del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. El funcionario se refirió al aporte de la Gobernación de Boyacá y de la Alcaldía de Aquitania para la construcción de la primera fase de la planta de tratamiento. El departamento aportó 3.400 millones de pesos y el municipio 484 millones.
Malagón dijo que su cartera destinará $1.500 millones para la segunda fase de la PTAR que tiene un costo total de $4 mil millones. La Alcaldía se sumará con $100 millones, Corpoboyacá con $900 millones y la Gobernación hará lo propio con $1.500 millones.
El segundo anuncio lo hizo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano. Aseguró que esa dependencia tiene un capital semilla de $600 millones con los cuales se cofinanciará un proyecto de producción limpia de cebolla larga en la cuenca del lago de Tota. “El Ministerio de Agricultura va a aportar recursos para apoyar ese modelo sostenible y el convenio lo firmaremos en el mes de abril”, aseguró el Lozano.
Anuncios sin recursos
En desarrollo del Taller Construyendo País, el presidente Iván Duque reiteró su compromiso con los recursos naturales de Boyacá y con la necesidad de articularlos a su lema de campaña: “producir conservando, conservar produciendo”.
Sostuvo que su gobierno ha dado pasos importantes. Se refirió a la subasta de cargo por confiabilidad de la semana pasada en la que se presentaron proyectos de energía de distintas fuentes, y a la determinación de cerrar negocios para que el país pase de tener 50 megas de capacidad instalada en energías eólicas y fotovoltaicas, a 1.390 megas de energías renovables en los próximos años.
Su anuncio fue complementado por la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien aseguró que se trabajará en alianza con la Gobernación de Boyacá para destinar parte de las regalías a financiar “proyectos de energía solar para cuidar el medio ambiente y llevar luz a muchas veredas y municipios de Boyacá”. La ministra no se aventuró con ninguna cifra.
Tampoco lo hizo el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, cuando se refirió a la planta de tratamiento de aguas residuales de Duitama. Señaló que el gobierno está atento a la decisión que tome el alcalde de esa ciudad, Alfonso Miguel Silva, y que en ese momento se conocerá el monto del presupuesto de la Nación. Aseguró que Corpoboyacá tiene disponibles dos mil millones de pesos para ese propósito.
Ricardo López Dulcey, director de la Corporación, agregó que se han logrado avances para descontaminar el río Chicamocha, uno de ellos es la puesta en operación de la PTAR de Tunja. Destacó que la PTAR de Paipa está en funcionamiento y que la de Sogamoso se encuentra en fase de pruebas y muy pronto podría entrar en operación.
El futuro de Tota
Sobre el porvenir del lago de Tota, el presidente Iván Duque reiteró que “hay que protegerlo y acompañar todos los mecanismos ambientales y sociales para lograrlo”.
Javier Acevedo, gestor ambiental de Aquitania, confía en que los mecanismos ambientales y sociales a los que se refirió el jefe del Estado estén relacionados con su solicitud de declarar al lago como Patrimonio Hídrico de la Nación, de establecer una figura jurídica de protección y de revisar los avances del Conpes 3801 de 2014 que ordenó acciones estatales para asegurar el “manejo ambiental integral de la cuenca hidrográfica del lago de Tota”.
Sobre el particular, el ministro de Ambiente dijo que para adoptar una figura de protección como la de Distrito de Manejo Integrado (DMI) es necesario llegar a acuerdos con todos los sectores. “Hay que hacerlo de manera participativa, abierta y amplia, buscar la mejor figura para todos”.
Acevedo advirtió que en la región hay personas que se oponen a que las autoridades adopten figuras de protección como la de distrito de manejo integrado o que se tramite la declaratoria de sitio Ramsar por las restricciones que tales decisiones impondrían sobre algunas actividades productivas que actualmente se realizan en la cuenca del lago.
Delimitación concertada
Uno de los puntos trascendentales del Taller Construyendo País realizado en Aquitania era la petición de los habitantes del páramo de Pisba para que se les tuviera en cuenta a la hora de avanzar en la delimitación de ese ecosistema.
Al respecto el ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano, acudió de nuevo al lema del Presidente Duque: “La política de producir conservando y conservar produciendo en ningún momento va a sacar a nadie de los páramos”.
De esta manera Lozano respondió a los campesinos que expresaron su preocupación de ser despojados por cuenta de las decisiones de conservación promovidas desde el Ministerio de Ambiente.
El ministro dijo que así como lo ha hecho con los campesinos del páramo de Santurbán, a finales de marzo se reunirá con representantes de la comunidad del páramo de Pisba. Con ellos hará una evaluación del estado de sus predios, de la manera como conciben el desarrollo de sus actividades productivas y de los acuerdos a los cuales deben llegar para garantizar la protección del páramo y la provisión de los servicios que este ecosistema presta a las personas y a la fauna silvestre.
María Eugenia Castro, concejal de Socotá, insistió en que los habitantes de la zona no quieren la delimitación hasta tanto el Estado les garanticen sus derechos. A pesar de sus prevenciones y temores, dijo sentirse un poco más tranquila con la promesa del Ministro de Ambiente de reunirse con los ‘parameros’ para convenir una salida justa para todos.
