Un poco más de 500 personas y organizaciones firmaron este comunicado dirigido al presidente Iván Duque en el que le exigen respeto a los derechos de la naturaleza, y protección para quienes desde la sociedad civil han asumido su defensa.
En el petitorio se pide involucrar a los voceros de las comunidades campesinas, ancestrales, locales, a las autoridades étnicas, a los promotores de las consultas populares, los representantes del Movimiento Nacional Ambiental y a los expertos, profesores e investigadores que defienden el territorio, la vida y los derechos de la naturaleza en todo el país.
Las solicitudes expresas de los ambientalistas son las siguientes:
1. Garantizar la protección de la vida de las defensoras, defensores, cuidadoras y cuidadores del territorio y reparar integralmente a las víctimas, entre ellas por medio del derecho a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, implementando el decreto 660 de 2018 que cuenta con enfoque de defensoras ambientales.
2. Cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana.
3. Cesar los procesos arbitrarios y autoritarios de judicialización en contra defensores y defensoras ambientales con el fin de desanimar su lucha
ambiental.
Cambio climático y deforestación
4. Adopción de una política concertada e incluyente de transición energética justa, descentralizada y democrática, acorde a las vocaciones territoriales y culturales de las regiones para enfrentar la crisis climática y fortalecer la resiliencia ecológica y cultural territorios del país como forma efectiva de adaptación. Esta política debe reducir la dependencia de combustibles fósiles de diversos sectores, entre ellos el agrícola y permitir sistemas descentralizados de producción y uso de energía como bien público.
5. Incluir la extracción de combustibles fósiles en Colombia dentro de la contabilidad de gases efecto invernadero.
6. Reemplazar las políticas de economía verde en las que las soluciones se basan exclusivamente en incentivos al mercado privado por una política pública deliberada y concertada de transición energética y cuidado de los bosques.
7. Control a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad.
8. Mantener el procedimiento de levantamiento de las vedas como medida de manejo y control a la pérdida de biodiversidad y fomentar la investigación científica.
9. Dictar normas y efectuar un control efectivo a la contaminación de suelos, agua, aire, biodiversidad, como elementos centrales para el buen vivir de las presentes y futuras generaciones.
10. Crear procesos de formación (en todo nivel educativo – institucional – comunitario) por regiones para la identidad y apropiación de la diversidad y protección de las especies propias de cada territorio.
11. Adecuación y construcción de caminos de paso (subterráneos o puentes), para las rutas de migración de especies de fauna que son afectadas y atravesadas por las carreteras del país.
Actividades extractivas
12. Prohibición del fracking y cancelación inmediata de las pruebas pilotos.
13. Prohibir la minería de metálicos y carbón. En particular, no autorizar proyectos mineros en Jericó, Cajamarca, Santurbán, Salento, La Vega, Cauca y demás municipios del Macizo colombiano y en la Sierra Nevada de Santa
Marta.
14. Abstenerse de suscribir contratos petroleros, mineros e hidroeléctricos, así como suspender los suscritos donde se expidieron acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural y se realizaron consultas populares, hasta tanto el Congreso de la República expida la ley orgánica que garantice la aplicación de los principios de coordinación y concurrencia entre la nación y los entes territoriales y la participación activa y eficaz de la ciudadanía.
15. Revisar, ajustar y/o revocar los títulos mineros suscritos sin cumplir con los principios de coordinación y concurrencia.
16. Revocar los títulos mineros otorgados en zonas con presencia de conflicto armado y sin la realización de la consulta previa en los territorios étnicos.
17. Prohibir la expansión de yacimientos no convencionales en el mar, desarrollar una política de protección de áreas protegidas marinas a partir de los pobladores locales.
18. Eliminar o reducir las exenciones y deducciones tributarias a actividades de explotación petrolera y minera, especialmente de carbón y metálicos.
19. Constituir a Ecopetrol como la principal empresa nacional de energía para liderar la transición energética en Colombia.
Semillas y fumigación
20. Adoptar medidas de protección de las semillas criollas y las prácticas ancestrales de agricultura campesina y la soberanía alimentaria. Prohibir la importación y el uso de transgénicos.
21. Eliminar las normas que restringen o limitan, por motivos de propiedad intelectual, el uso libre y la circulación de semillas criollas.
22. Prohibir la aspersión de glifosato con fines de erradicación de cultivos de uso ilícito y establecer alternativas sociales sustentables para la sustitución de
dichos cultivos con la estricta participación de los pueblos originarios, el pueblo negro y los campesinos y una política que limite los beneficios de los grandes eslabones de la cadena, teniendo en cuenta el desincentivo de uso de agrotóxicos en la agricultura.
Derecho a la participación, protección de líderes y lideresas, consultas populares
23. Aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú.
24. Respetar y aplicar en debida forma el derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, como mecanismos de salvaguarda de la diversidad étnica, ambiental y cultural de los pueblos étnicos y de sus territorios.
25. Adoptar como norma interna colombiana, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otros pueblos que trabajan en zonas rurales (Resolución A/RES/73/165 aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2018).
26. Respetar, financiar y dar continuidad a los mecanismos constitucionales de participación ciudadana sobre aspectos mineros y petroleros. Respetar el mecanismo de consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado y los resultados de las mismas. Acatar las recomendaciones efectuadas durante la evaluación de Colombia por parte del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (E/C. 12/COL/CO/6 del 6 de octubre de 2017 y las recomendaciones efectuadas por otros Estados a Colombia durante el Examen Periódico Universal sobre esa misma materia (A/HRC/39/6, 9 de julio de 2018.
27. Revisar y ajustar la política nacional de empresas y DDHH desde la perspectiva del Acuerdo de Escazú y demás garantías de derechos de las comunidades.
28. Formular una política y emprender acciones concretas para garantizar la igualdad y la equidad de género.
29. Proteger los liderazgos de las mujeres y de sus derechos a la protesta y a sus acciones de cuidado y defensa de la naturaleza.
30. Respetar los principios constitucionales de autonomía, descentralización y diversidad intercultural que implica también respetar las distintas cosmovisiones y miradas distintas a la del desarrollo convencional.
31. Proteger de manera efectiva los páramos, bosques altoandinos, glaciares, nacimientos y zonas de recarga de acuíferos, humedales, manglares y demás ecosistemas estratégicos para las comunidades.
32. Adoptar medidas consensuadas que garanticen los derechos fundamentales del campesinado y habitantes de los páramos, humedales, bosques, otros ecosistemas estratégicos para las comunidades y áreas protegidas, sin menoscabo de la protección ambiental. Reconocimiento del campesinado como sujeto protector del ambiente.
33. Formular políticas de protección y uso de la naturaleza desde y con las comunidades étnicas, campesinas, locales, raizales que incluya enfoques culturales, ambientales y territoriales.
34. Respetar y garantizar la complejidad ecosistémica, étnica y cultural de la Amazonia, absteniéndose de autorizar y/o permitir el desarrollo de la agroindustria, la ganadería extensiva, minería, hidrocarburos y grandes centrales hidroeléctrica, en cumplimiento de la Sentencia STC4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia. Revisar y ajustar los programas Visión Amazonia y Corazón de la Amazonia, de manera que sean efectivos y eficaces.
35. Respetar y garantizar la complejidad ecosistémica, étnica y cultural del Chocó Biogeográfico y dar cumplimiento a la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional que le concede derechos al Río Atrato.
36. Respetar y garantizar la complejidad ecosistémica, étnica y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Macizo Colombiano, la Orinoquia y demás áreas estratégicas del país.
37. Fortalecer las formas comunitarias de protección de biodiversidad y del agua por medio de saberes propios y gestión comunitaria, entre ellos los acueductos comunitarios y la agricultura ecológica. Para ello se deben eliminar los obstáculos normativos y administrativos que dificultan o desestimulan estas actividades.
38. Reconocer y fortalecer el papel de los grupos tradicionalmente discriminados como las mujeres, los pueblos indígenas, el pueblo negro y los campesinos en la trasmisión y ejercicio de estos saberes que garantizan la reproducción de la vida.
39. Generar, en condiciones de diálogo y concertación con las comunidades, corredores que garanticen la conectividad estructural y funcional entre los ecosistemas.
40. Garantizar participación efectiva en los procesos de actualización de POT, PBOT, EOT y POMCA.
Puertos marítimos, ciudades, transición energética, plásticos, educación ambiental
41. Adelantar el ordenamiento marino costero de manera consensuada con las comunidades locales, indígenas, negros, raizales y adelantar acciones concretas en el control de la erosión costera.
42. No autorizar los puertos marítimos de Tribugá, Chocó, San Antero, Córdoba y Taganga, Magdalena.
43. Formular y desarrollar programas de protección de la estructura ecológica principal en las ciudades.
44. Desarrollar programas de transición energética comunitarios a escala construido desde y para los territorios.
45. Adoptar políticas y normas de respeto por los animales y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y revisar y ajustar las regulaciones sobre los recursos hidrobiológicos de manera que no se mantenga el fraccionamiento existente.
46. Compromiso por el bienestar animal también para los animales de producción, reglamentación del transporte, comercio y sacrificio de los animales de producción en materia de bienestar animal.
47. Prohibir los plásticos de un solo uso.
48. Establecer en el pensum académico -desde el nivel escolar hasta el universitario-, la cátedra ambiental de manera que se enseñe la importancia y necesidad del cuidado de la casa grande.
49. Compromiso de adecuación de corredores biológicos para la conexión y conservación de la fauna, así como la propagación natural de semillas en todas las áreas protegidas.
