entreojos.co consultó la opinión de voceros del sector ambiental para conocer sus preocupaciones y sugerencias frente a la tarea que adelanta Corpoboyacá de formular el Plan de Acción de la entidad para los próximos cuatro años: 2020 – 2023.
Luis Eleazar Piña Ramos, de la ONG Ambiental Cabildo Verde Los Sauces, de Cómbita, fue el primero en expresar que la planeación de la autoridad debe centrarse en la educación ambiental. “Podemos invertir todos los recursos disponibles, pero sin educación ambiental no se va a tener el impacto deseado».
Entre tanto José Danilo Guío Pedraza, de la ONG Corponaturaleza, resaltó su preocupación por la creciente y cada vez severa contaminación del río Jordán que vierte sus aguas al embalse de la Playa. La putrefacción de las corrientes provenientes de Tunja está ocasionando problemas de salud a la población de Tuta por los malos olores y la proliferación de zancudos.
Guío pidió a la Corporación prestarle especial atención a este tema, así como a los cultivadores de frutales y hortalizas que utilizan el agua del embalse de La Playa para regadío. Denunció igualmente la excesiva aplicación de agroquímicos en estas plantaciones lo cual incide en el bienestar de los vecinos del sector y de los consumidores.
El crecimiento de algas acuáticas a causa de la excesiva presencia de materia orgánica es uno de los mayores problemas del embalse.
Nelson Montero, de la ONG Planeta Vivo, elaboró un listado de prioridades del que se destacan las siguientes:
– Articular el plan de acción de Corpoboyacá con los comités interinstitucionales de educación ambiental, y formular la segunda fase del plan departamental de educación ambiental de Boyacá.
– Las Corporaciones Autónomas Regionales deben promover el empoderamiento de la ciudadanía, interactuar con las comunidades y a partir de ejecuciones efectivas volver a ganarse la confianza de la gente.
– Formular los planes de manejo de los 11 complejos de páramo de la jurisdicción y asegurar los recursos necesarios que permitan su ejecución.
– Disminuir la contaminación de ríos y quebradas a causa del vertimiento de aguas residuales. Se debe avanzar, al menos en un 60 por ciento, en la construcción y entrada en operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y en los planes de maestros de acueducto y alcantarillado de municipios pequeños.
– Trabajar en la gestión y mitigación del riesgo a lo largo de la cuenca alta del río Chicamocha y adelantar los estudios de modelación hidráulica de otros cuerpos de agua como los ríos Garagoa, Suárez y Moniquirá.
– Realizar inventarios estratégicos del potencial de las corrientes de agua del departamento a fin de consolidar una estrategia de gobernanza efectiva de las fuentes hídricas.
– Conservación y ampliación del Sistema Regional de Áreas Protegidas y articulación con alcaldías y fuerza pública para ejercer vigilancia y control de aquellas que pertenecen al Estado.
– Fortalecer el seguimiento a los planes de manejo ambiental y a los planes de compensación de las empresas que explotan los recursos naturales. Los titulares mineros deben cumplir de manera estricta lo determinado en las licencias ambientales.
– La Nación debe asegurar mayores recursos para que las Corporaciones Autónomas Regionales puedan cumplir con sus obligaciones.
La deforestación es uno de los problemas de la Serranía de las Quinchas.
Pedro Reyes, docente y líder ambiental de Duitama, centró su reflexión sobre la necesidad de definir cuáles son las prioridades ambientales de la cuenca alta del río Chicamocha, y mencionó la importancia de este ecosistema para la vida y el desarrollo de las provincias de Centro, Tundama y Sugamuxi.
“Es fundamental planificar el desarrollo de las ciudades a partir de su estructura ecológica principal teniendo en cuenta su dinámica económica. Todo está mediado por la conservación de los páramos para que haya agua, biodiversidad, paisaje y políticas de compensación”, sostuvo Reyes.
Clara Echeverría, del Colectivo Ambiental por la protección de la provincia de Sugamuxi, fue categórica: “Las Corporaciones se hacen las de la vista gorda ante tantas porquerías que están pasando, un ejemplo de ello son las recientes construcciones que dejaron levantar a orillas del Lago de Tota. Cómo es posible que todos los días pasan por allí los funcionarios y no advirtieron de la presencia de esas obras”.
Echeverría agregó: “Nos preocupa el doble discurso de las Corporaciones, dicen que cuidan, pero no lo hacen como deberían. Corpoboyacá debe trabajar con las comunidades es revisar las licencias expedidas sobre el territorio. Nos preocupa que el área de los municipios de Cuítiva e Iza estén listos para ser licenciados con proyectos de extracción petrolera lo que podría afectar seriamente el Lago de Tota”.
“Las Corporaciones tienen que abrirse a las comunidades, escuchar a la gente que realmente vive en los páramos. Generalmente hacen las reuniones de planificación en las ciudades y la gente de los páramos nunca se entera. Los que están opinando y tomando decisiones no viven en los páramos”.
“No se puede seguir licenciando más desde los escritorios de entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Cuando dimos la pelea por la presencia de Maurel & Prom, los funcionarios de la Corporación venían a acompañar a la empresa y solo le daban crédito a lo que ellos decían”.
El lago de Tota es afectado por la presencia de basuras, las aguas residuales y los residuos de la agricultura.
William Gómez, de la empresa comunitaria Naturar Iguaque, de Arcabuco, estimó que la prioridad de Corpoboyacá para los próximos cuatro años, tiempo de vigencia del Plan de Acción, es “ejercer, como les corresponde, la autoridad ambiental para que las normas de protección de los recursos naturales se cumplan y eso aplica para las autoridades locales, como los alcaldes que también son autoridades ambientales en sus territorios”.
Gómez dijo que en educación ambiental es clave superar el activismo para lograr que efectivamente las personas aprendan a reciclar, a ahorrar el agua. De las instituciones pidió que sean proactivas en el suministro de información, que promuevan escenarios para que la participación de los ciudadanos sea efectiva y las veedurías se fortalezcan en la vigilancia efectiva de la inversión pública.
Albaluz Ramos Franco, del Observatorio de Conflictos Ambientales de Boyacá, mencionó que uno de los principales problemas de las CAR es su falta de recursos. En su opinión, el gobierno se ha encargado de desfinanciarlas.
“Las pocas migajas que el gobierno deja de recursos para la parte ambiental y la gestión ambiental tienen que peleárselas las corporaciones y eso no alcanza para su funcionamiento. Por eso tienen que priorizar los licenciamientos que es de donde pueden obtener algo de recursos para poder funcionar”, sostuvo.
También afirmó que las CAR no tienen las herramientas para enfrentar los problemas ambientales de la región. “La articulación con otras instituciones como la gobernación depende del político que esté de turno. Muchos de los funcionarios que llegan a las CAR cada cuatro años llegan por favores políticos y muchas veces no tienen el perfil para responder a la misión de las Corporaciones”.
