En un pronunciamiento respaldado por asociaciones campesinas y de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, aglutinadas en la Alianza por la Agrobiodiversidad, explican que el Decreto 523 de 2020, es una es una medida regresiva que acaba con la producción nacional de alimentos y profundiza la crisis alimentaria de las comunidades rurales.
La norma fue expedida por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, en medio de la pandemia generada por el COVID-19.
El decreto en referencia establece 0% del arancel para la importación de maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya hasta el 30 de junio de 2020, medidas que podrán ser prorrogadas por tres meses adicionales.
Por el impacto que este puede tener en la economía campesina y la seguridad alimentación interna, estas organizaciones le pidieron al Concejo de Estado declarar su inconstitucionalidad.
Argumentan que el campesinado y los productores comunitarios y familiares son los más afectados con esta medida, a pesar de que históricamente han abastecido la mayor parte de la alimentación nacional. Advierten además que la eliminación de los aranceles a la importación de estos productos desestimula la producción agrícola de materias primas y alimentos.
Cuestionan la decisión del gobierno al señalar que con el Decreto 523 de 2020 se disfraza “la necesidad urgente de atención de los impactos económicos de la pandemia al plantear que para proveer a los colombianos proteína animal es necesario garantizar a la industria el acceso a materia prima barata en el mercado global. Con esto, deja en un segundo plano los estándares de calidad y sanidad”.
Consideran además que con la reducción de los aranceles se promueven los monocultivos industriales, la ganadería y la cría de animales en confinamiento, incrementando los profundos impactos ambientales, socioeconómicos y de sostenibilidad de la cadena agroalimentaria.
“Estos modelos productivos han destruido hábitats de especies silvestres y la invasión de estos por asentamientos urbanos y son uno de los factores asociados a la proliferación de plagas y enfermedades, que incluye la posibilidad de generación de mutaciones de virus y otros patógenos que favorecen situaciones críticas como la que se padece hoy día con la pandemia”.
En su petición al Consejo de Estado exponen que la profunda situación de pobreza y hambre que están sufriendo las poblaciones marginadas y vulnerables y el ataque a comunidades protectoras del territorio, demuestran la enorme vulnerabilidad, fragilidad e incapacidad del Estado colombiano para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos a un ambiente sano, a sistemas productivos sostenibles, el abastecimiento y el acceso de alimentos de calidad y adecuados para toda la población.
Denuncian asimismo que el mecanismo usado por el gobierno para expedir la norma busca evadir el control judicial constitucional y legal necesario a las medidas gubernamentales en tiempos de excepcionalidad y emergencia como corresponde en salvaguarda de la cláusula democrática relacionada con el equilibrio de poderes, la tutela judicial efectiva y la garantía de principios y derechos fundamentales.
Medidas urgentes
En el manifiesto las organizaciones sociales le piden al presidente Iván Duque adoptar políticas públicas rurales que busquen garantizar efectivamente el derecho humano a la alimentación de toda la población en todos sus componentes, de tal forma que se alcance la autosuficiencia alimentaria de Colombia. “Para ello se debe sustituir progresivamente la importación de los alimentos básicos en el país, por la producción agropecuaria nacional”, reclaman.
Insisten en que el Estado colombiano debe implementar los Acuerdos de Paz en temas de Reforma Rural Integral y del Sistema Progresivo para la Garantía del Derecho Humano a la Alimentación allí plasmado, además del cumplimiento de los Acuerdos suscritos con la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y la concreción de la política pública contenida en la Resolución 464 de 2017 sobre agricultura familiar, campesina y comunitaria.
“El gobierno debe implementar políticas que reconozca al campesinado como sujeto político de derechos, que protejan y promuevan la agricultura campesina familiar y comunitaria, mediante la producción local agroecológica biodiversa, los circuitos cortos de comercialización, y que se reconozca el rol fundamental que desempeñan en las transformaciones estructurales que requieren los sistemas agroalimentarios para enfrentar las actuales y futuras crisis climática, socioeconómica y sanitaria”. Así concluye su pronunciamiento.
