La alerta que se vive por estos días en Cubará (Boyacá) a raíz de la desaparición de una niña de seis años y de un adulto de 18, presuntamente atacados por un ejemplar de jaguar hembra, y de quienes no se han encontrado sus cuerpos, revive el conflicto entre la fauna silvestre y los humanos.
Los hechos fueron advertidos el pasado 11 de febrero por la Alcaldía de Cubará que a través de un comunicado dio cuenta de dos ataques por felino en el Resguardo Indígena Unido U´wa, y de un pronunciamiento posterior en el que además se pide el apoyo del Ministerio de Ambiente para atender la situación y obtener la autorización de una cacería bajo control para evitar que se sigan registrando víctimas fatales.
En declaraciones al periódico El Tiempo, Álvaro Camacho, integrante del equipo de fauna de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), informó que se ejecuta un plan para capturar y reubicar al felino señalado de los ataques, presumiblemente un jaguar hembra, según las versiones entregadas por miembros de la comunidad. El plan incluye la instalación de cámaras trampa.
“Rastrear a un felino en este corredor biológico de la cordillera oriental es complejo –explicó Camacho. La comunidad indígena tiene un predio de 220.000 hectáreas, así que esperamos que con estas cámaras se pueda dar alguna pista”, dijo Camacho a El Tiempo. El plan incluye monitorear las cámaras, seguirle el rastro al presunto responsable, ubicarlo, sedarlo y reubicarlo en el Parque Nacional Natural El Tuparro, en departamento del Vichada.
El origen del conflicto
Un estudio adelantado por la Fundación Omacha y Cormacarena concluyó que la depredación de animales domésticos por parte de los felinos es una de las principales causas de disminución de las poblaciones de grandes carnívoros alrededor del mundo.
En el documento titulado ‘Protocolo para la atención y el manejo del conflicto con felinos por depredación de animales domésticos en el departamento del Meta’ se plantea que “este problema ha existido desde que el hombre comenzó a extender sus actividades en el territorio transformando los hábitats naturales en agroecosistemas, con la consecuente pérdida de hábitat natural; ésta es una amenaza frente a la cual los grandes carnívoros son particularmente sensibles debido al tamaño de su cuerpo, a sus bajas tasas reproductivas y densidades de población, y a la necesidad de grandes áreas con suficiente oferta de presas para suplir sus requerimientos”.
Este protocolo aborda además el equilibrio entre el bienestar de los recursos naturales, incluida la fauna, y el derecho de los particulares a la propiedad privada y a la necesidad de proteger los activos del patrimonio familiar, como el ganado, de la presencia depredadores.
Según los datos aportados por los investigadores, la caza de jaguares y pumas por la afectación a las ganaderías, grandes o pequeñas, ha llevado a su desaparición “en más del 40% de sus áreas de distribución en el continente americano, lo cual se manifiesta no solamente en la transformación del hábitat natural, sino también en la cacería de sus presas y de los felinos por retaliación frente a las pérdidas económicas”.
El estudio de la Fundación Omacha y Cormacarena expone además la problemática provocada por la transformación de inmensas extensiones de bosque para usos agrícolas y pecuarios donde las quemas son frecuentes, la deforestación avanza constantemente y se desarrollan centros poblados y proyectos agrícolas y de infraestructura, lo cual corresponde a modelos de producción que dejan huellas irreversibles en los ecosistemas y presionan progresivamente a las poblaciones de fauna silvestre.
Y es en ese momento cuando “los grandes carnívoros entran fácilmente en conflicto con el hombre y son desplazados o eliminados de estas áreas; con su desaparición se pierden las funciones ecológicas que cumplen y que son indispensables para la integridad de los ecosistemas”.
Cómo manejar el conflicto
En el documento ‘Protocolo para la atención y el manejo del conflicto con felinos’ se expone que organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y autoridades ambientales trabajan en el desarrollo de modelos para el manejo del conflicto por depredación, “conscientes de la necesidad de coexistir con estos grandes mamíferos, y reconociendo que la cacería del depredador no soluciona el problema del conflicto”.
Los investigadores reconocer aquí un choque de intereses, “un enfrentamiento entre el capital privado y los bienes públicos. El ganado es un bien privado y valorado económicamente en el patrimonio de particulares; por otro lado, los felinos forman parte de la biodiversidad, que es un bien colectivo y sin representación en el mercado”.
Dentro de las alternativas planteadas para encontrar soluciones reales al problema se expone la de “orientar esfuerzos hacia el trabajo colaborativo con los propietarios y, principalmente, ayudar al productor en la protección de sus animales, disminuyendo las oportunidades de éxito del depredador”.
Adicionalmente se plantea la necesidad de incorporar mejores prácticas ganaderas para una producción más segura y eficiente, que a la vez lo motive a delimitar y proteger el hábitat de los felinos y de sus presas, liberando áreas boscosas que permitan la conectividad y que favorezcan la protección de los cuerpos de agua. Con este tipo de medidas se disminuiría la confrontación y se mitigaría el conflicto.
El protocolo planteado desde Cormacarena y la Fundación Omacha concluye que “se hace necesario desarrollar procesos que integren de manera articulada a instituciones, productores, investigadores y ONG’s, para favorecer la soberanía técnica y logística en el manejo del conflicto humano-felino, y de este modo garantizar una secuencia de acciones determinada por un mecanismo de respuesta eficiente, un diagnóstico correcto, una gestión adecuada de la información de eventos atendidos y el acompañamiento posterior al productor durante la implementación de medidas antidepredación y de buenas prácticas ganaderas.
