La iniciativa busca regular el derecho a la participación ciudadana frente a proyectos extractivos.
Robinson Mejía, integrante del Movimiento Nacional Ambiental, explicó que el proyecto pretende el establecimiento de mecanismos claros para garantizar que las comunidades que puedan resultar afectadas por proyectos de minería e hidrocarburos participen activamente en la toma de decisiones frente a su territorio.
El proyecto de Ley de Democracia Ambiental surge de una decisión de la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-095 de 2018 en la que el alto Tribunal le ordenó al Congreso de la República expedir una ley que garantizara mecanismos de participación para que la ciudadanía se exprese frente a proyectos mineros y de hidrocarburos. El documento sería radicado el 20 de julio en el inicio de las sesiones ordinarias del legislativo.
En concreto, en la parte resolutiva de la Sentencia, la Corte Exhorta al Congreso de la República “para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio”.
Según los voceros del Movimiento Nacional Ambiental, esta orden “tiene como origen la constatación que hizo la misma Corte…de la inexistencia de mecanismos específicos para garantizar el derecho a la participación ciudadana en la legislación minera y en la de hidrocarburos”.
Al respecto la Corte expresó en su oportunidad lo siguiente: “Del análisis expuesto, y en razón de la inexistencia de una regulación definida por el Legislador respecto a la regulación de mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia entre la nación y las entidades territoriales específicos para la explotación del subsuelo y de RNNR, la Sala encuentra que existe en la materia un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”.
A pesar de la contundencia de esta decisión de 2018, el Movimiento Nacional Ambiental y las ONG que respaldan el proyecto de Ley de Democracia Ambiental, advierten que el Congreso aún no ha discutido una propuesta legislativa en este sentido.
“Tomando como base la sentencia de la Corte, lo que buscamos con esta iniciativa es garantizar un enfoque de derechos que nunca ha tenido la legislación minera y de hidrocarburos y garantizar la ampliación del principio democrático a aspectos tan relevantes para la vida social como la implementación de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables”, indicó Viviana Tacha, abogada del Centro Socio – Jurídico para la Defensa del Territorio (Siembra).
Este proyecto tiene el respaldado de 107 organizaciones de 48 municipios ubicados en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Quindío, Cesar, Risaralda, Santander y Tolima.
De acuerdo con la información aportada por sus promotores, esta propuesta ya fue acogida por los congresistas Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Inti Asprilla, Angélica Lozano, Jorge Eduardo Londoño y María José Pizarro.
