Fueron 20 los recursos de reposición interpuestos por personas que plantearon reparos al contenido de la Resolución 1795 del 11 de octubre de 2021, a través de la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó licencia ambiental de exploración a la francesa Maurel & Prom Colombia para el proyecto denominado ‘Área de Perforación Exploratoria COR-15’, en jurisdicción de los municipios de Beteitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco.
Entre los argumentos de quienes radicaron los recursos de reposición están las presuntas inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizado por la UPTC, y presentado por la petrolera, y su desconocimiento del potencial hídrico de la zona, así como las dudas de los demandantes sobre el inventario real de nacimientos de agua y acuíferos presentes en las 9.397 hectáreas cobijadas por el pretendido proyecto.
Al respecto la ANLA informó que en la Resolución 1795 del 11 de octubre de 2021 estableció zonas de intervención, áreas en las que se pueden ejecutar actividades, pero bajo medidas de manejo especiales; áreas de intervención con restricciones y áreas de exclusión de cualquier tipo de actividad industrial en procura de asegurar la integridad de los recursos presentes en el territorio.
En el listado de las zonas de exclusión están, entre otras, las siguientes:
– Manantiales y sus rondas de protección de 100 metros.
– Zonas de captaciones de acueductos y plantas de tratamiento.
– Áreas de bocatomas, pozos profundos, aljibes, acueductos, infraestructura de suministro hídrico e
instalaciones de funcionamiento de las fincas y su ronda de protección de 100 metros.
– Cuerpos lénticos (lagos, lagunas, estanques, humedales y pantanos) y su ronda de protección de 30 metros, medidos desde la cota máxima de inundación.
– Áreas correspondientes a los títulos mineros con licencia ambiental vigente
– Áreas de páramo del Complejo de páramos Guantiva-La Rusia
– El río Chicamocha y su ronda de protección
Sobre la advertencia del riesgo del proyecto COR15 al entorno del páramo de Pisba, la ANLA le formuló este interrogante específico a Maurel & Prom y al respecto informó lo siguiente: “la Sociedad presentó un análisis desde los medios abiótico y biótico donde establece que el proyecto gracias a su ubicación más baja respecto a las zonas de páramo no presenta interacción. Dicha información fue verificada por esta Autoridad Nacional e incluida en el Concepto Técnico 6188 del 08 de octubre de 2021”.
entreojos.co le preguntó directamente a la ANLA por la solicitud hecha en la Resolución 1795 para que Maurel & Prom hiciera varios ajustes al Plan de Manejo Ambiental en temas como manejo de materiales de construcción, de combustibles y químicos, de residuos sólidos, peligrosos y especiales, y de fauna y flora, además de otros vinculados a la conservación de servicios ambientales y la protección y conservación de hábitats, ecosistemas estratégicos, áreas sensibles y/o áreas naturales.
La autoridad ambiental respondió que tal solicitud está dirigida a que la empresa puntualice y profundice en los Planes de Manejo Específicos (PMA) la información relacionada con la ubicación y descripción exacta de infraestructura y actividades autorizadas, e identificar las áreas de mayor y menor sensibilidad ambiental y definir aquellas en las que podrá ejecutar las actividades autorizadas.
La ANLA señaló que Maurel & Prom debe precisar las medidas de manejo para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos identificados y valorados.
Finalmente, el pasado 9 de febrero de 2022 la ANLA publicó la Resolución 00335 en la que resolvió los recursos de reposición interpuestos contra la licencia ambiental y se mantuvo en su posición de autorizar la exploración de petróleo y gas en las provincias de Tundama y Valderrama.
La licencia fue una imposición
Nicolás Vargas, candidato a doctor en geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Grupo de Investigación ‘Conflicto, Región y Sociedades Rurales’, y una de las personas que interpuso recurso de reposición contra la licencia ambiental, expresó que la desconfianza de la comunidad frente al desarrollo de este proyecto está relacionada con los daños que ya han percibido.
“A esas comunidades no les han contado sobre los impactos negativos de la industria petrolera: ellas ya los conocen de primera mano gracias a las distintas exploraciones sísmicas terrestres que han padecido, donde usando dinamita y geófonos obtuvieron datos del subsuelo, y por cuyas afectaciones muchos campesinos y mineros de carbón una década después aún reclaman que nunca fueron compensados, o tan siquiera escuchados”, sostuvo Vargas.
En su opinión la Resolución 00335 de 2022 deja en firme una licencia ambiental de exploración de gas y petróleo que permitirá la introducción de un nuevo uso del suelo en territorios donde el déficit de agua y las actividades mineras subterráneas y a cielo abierto ya son causa de conflictos.
“Esta nueva actividad industrial probablemente intensificará esos conflictos y creará nuevos, especialmente porque varias comunidades del área de influencia perciben dicha licencia como una imposición”, concluyó Nicolás Vargas.
Pedro Castañeda, de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, insistió en que la autoridad de licencias ambientales desconoció los argumentos de la comunidad y privilegió el petróleo sobre el agua y la vocación campesina. “La ANLA nos dejó sin palabras”, fue su primera reacción al enterarse de la noticia.
En octubre de 2021, cuando la ANLA comunicó acerca del otorgamiento de la licencia, el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, señaló a los gobiernos nacional y departamental de “mover los hilos” y de “hacer el lobby necesario para quedar bien con los financiadores de sus campañas electorales, y de paso, para rescatar el buen nombre de la institución pública de educación superior que pusieron al servicio de intereses multinacionales, traicionando así el espíritu que la fundó y su deber ser en favor de las poblaciones rurales históricamente agredidas y golpeadas por sucesivas violencias”.
En aquella ocasión pidieron el apoyo del pueblo de Francia y “de todos los ciudadanos del mundo que sientan como propia la responsabilidad de hacer cambios profundos en las formas como nos relacionamos entre nosotros mismos y con nuestros territorios”.
