Fuente: JEP
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP alertó por el incremento de amenazas de muerte contra líderes y lideresas ambientales en Santander y la expansión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tanto en ese departamento como en el Cesar.
Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y la otrora guerrilla de las FARC –noviembre de 2016– hasta el 24 de marzo pasado, “Santander (se) constituyó (en) el departamento del país donde se han presentado la mayor cantidad de amenazas de muerte contra personas que ejercen un rol de liderazgo de tipo ambiental”.
El reporte del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, que está a cargo de la Unidad de Investigación de Acusación, dio cuenta de que entre 2017 y la semana pasada en Santander se han registrado siete hechos globales de amenazas a los liderazgos ambientales, afectando con ello a 49 líderes/as del departamento.
En la medición que realizó el equipo de prevención de la UIA, se estableció que un líder o lideresa ambiental, son aquellas personas que manifiestan públicamente su oposición a proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos o minerales.
Asimismo, son quienes ejercen la vocería de comunidades y realizan actividades de incidencia pública para defender el medio ambiente natural (por ejemplo, páramos, arrecifes, etc.)
“Este fenómeno de intimidación constituye un incumplimiento de las garantías de no repetición, ya que diferentes organizaciones sociales del departamento de Santander han presentado informes a la JEP donde documentan hechos de victimización de sindicalistas, líderes ambientales y ciudadanos que se oponían públicamente al impacto medioambiental de la industria extractiva en Santander”, recalcó la Giovanni Álvarez Santoyo, director de la UIA.
La mayoría de las amenazas contra los liderazgos ambientales son atribuidas a grupos sucesores del paramilitarismo, como el Clan del Golfo y las autodenominadas Águilas Negras, que a través de panfletos se han encargado de atemorizar a personas que defienden los territorios y se han opuesto a la realización de proyectos extractivos.
Estas amenazas se han registrado principalmente en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Puerto Parra. En Barrancabermeja, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) ha llamado la atención sobre el amedrentamiento en contra de Oscar Sampayo, líder ambiental que ha denunciado constantemente las consecuencias negativas de los proyectos extractivos que se realizan actualmente en el Magdalena Medio.
Por su parte, en Puerto Wilches, la Alianza Colombia Libre de Fracking “denunció que una de las lideresas que hacen parte del colectivo, Yuvelis Natalia Morales, tuvo que salir forzosamente del país porque ha recibido constantes amenazas”. En 2021 Morales había sido intimidada después de su intervención en el Congreso de la República en una audiencia sobre fracking.
Asimismo, el 26 de febrero pasado, también en Puerto Wilches, circuló un panfleto amenazante –atribuido al Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia– en el que fueron declarados “objetivos militares” las lideresas ambientales Miladys Sánchez y Liliana Avendaño, además del líder José Elías Muñoz.
Según la investigación de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en los últimos 18 meses se incrementaron sustancialmente las amenazas de muerte contra defensores/as de derechos humanos de Santander.
En Barrancabermeja, por ejemplo, se reportaron 22 casos; en Bucaramanga, 19; en Puerto Wilches, nueve, y en Sabana de Torres, ocho.
Expansión territorial del Eln
Respecto de la expansión del ELN en poblaciones de Santander y Cesar, la investigación agregó que esa guerrilla “ha desplegado una estrategia de copamiento y recuperación de áreas históricas de retaguardia (…) Así, para 2017, el Frente de Guerra Nororiental registró presencia en 12 de los 87 municipios santandereanos, y para 2022 ya logró irrumpir en 37 municipios del departamento, equivalentes al 43% de las entidades territoriales”.
Asimismo, en el Cesar el ELN “ha registrado una presencia continua en los municipios de Aguachica, Río de Oro, Pelaya y La Gloria, a través de los frentes ‘Camilo Torres Restrepo’ y ‘Luis José Solano Sepúlveda”.
En Cesar, igualmente, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP alertó por el ingreso de grupos sucesores del paramilitarismo en el sur del departamento y “ha evidenciado el resurgimiento de repertorios de violencia que antes eran utilizados por el Bloque Norte de las antiguas AUC y las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (…) Los otrora grupos paramilitares detentaron formas de control social y la práctica de asesinatos selectivos a personas etiquetadas como repudiables para el orden social (trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, drogadictos, etcétera)”.
En consecuencia, el monitoreo de riesgos de la UIA detectó en los últimos dos años un incremento en prácticas de control social (llamadas de “limpieza social”) en San Alberto, Pelaya, Aguachica y Gamarra.
