Cada vez es más frecuente que las comunidades protesten por los efectos negativos de un proyecto extractivo en su territorio.
Desde la minería del carbón, pasando por el petróleo, la piedra caliza y la arena, son variadas las causas por las cuales juntas de acción comunal y de acueducto veredal, líderes ambientales, ONG y hasta administraciones municipales se han pronunciado en contra del inicio o la continuidad explotaciones de esta naturaleza.
La contaminación del aire y de las fuentes de agua, el deterioro del suelo y de la vegetación, la drástica transformación del paisaje y el impacto que dichas actividades generan sobre las vocaciones productivas de las comunidades, son los principales detonantes de los conflictos socio – ambientales registrados en el departamento.
De acuerdo con lo expuesto por expertos en la materia como Claudia Ávila y Carlos Tapia, un conflicto socio – ambiental está relacionado con los daños provocados “por un modelo de desarrollo que genera contaminación, afectación de las condiciones de la vida humana y distribución injusta de los beneficios y perjuicios de las actividades productivas en todo el planeta”.
Este será precisamente el enfoque de la Audiencia Pública ‘Conflictos Socio – Ambientales en Boyacá’, programada para el próximo viernes 29 de julio, desde las 8 de la mañana, en la sede de la Asamblea de Boyacá, en Tunja, convocada por iniciativa del diputado Luis Carlos Ochoa Pasachoa.
En diálogo con entreojos.co, Ochoa explicó que hay dos escenarios problemáticos responsables de provocar dichos conflictos: las cada vez más frecuentes concesiones o licencias para la explotación de recursos naturales, y las decisiones de conservación que tienen implicaciones sobre la vida y las tradiciones de pobladores campesinas en áreas de páramo y de bosque, especialmente.
El diputado del partido Alianza Verde informó que a la Audiencia Pública del próximo 29 de julio fueron invitados miembros de la comunidad, quienes serán los primeros en intervenir; expertos de la academia, representantes de empresas que ejecutan proyectos minero – energéticos, y representantes de autoridades ambientales y de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Durante la audiencia se expondrán diversas problemáticas como la asociada, entre otros temas, a los afloramientos de petróleo y gas en San Luis de Gaceno, a una licencia para explorar petróleo en Santa María, a la pretensión de extraer carbón muy cerca de la Serranía de las Quinchas y las restricciones impuestas a los pobladores para hacer uso del bosque en este Parque Regional Natural de la provincia de Occidente; a la contaminación provocada por las empresas generadoras de energía en Paipa, a la instalación de paneles solares en zonas de páramos, a la construcción de una hidroeléctrica en Pajarito y a la explotación de petróleo en la provincia de Valderrama.
Luis Carlos Ochoa, el diputado promotor de la Audiencia Pública, precisó que el papel de la Asamblea de Boyacá es propiciar espacios para la exposición de la problemática, y con la participación de la institucionalidad y de los órganos de control, explorar caminos para reducir las tensiones socio – ambientales y garantizar un desarrollo sostenible de los territorios.
