Si el propietario de una finca destina una parte de su predio para ser recuperado a través de restauración pasiva, restauración activa o reconversión productiva, recibirá una compensación en dinero por cinco años y aportará al restablecimiento y el cuidado de los ecosistemas.
Esa es la filosofía de los Acuerdos Voluntarios de Conservación, una iniciativa implementada en diferentes regiones del país y que avanza en la jurisdicción de Corpochivor.
Plinio Rolando Forero, director de esta entidad, explicó que están en marcha 300 acuerdos de este tipo con una inversión inicial de $ 500 millones. Durante la vigencia 2022 se proyecta la ejecución de otros 2.750 millones de pesos y se tramitan recursos adicionales ante el Fondo de Compensación Ambiental, el Fondo Nacional Ambiental y el Sistema General de Regalías.
Dichos acuerdos voluntarios de conservación están distribuidos en los 25 municipios sobre los cuales Corpochivor ejerce como autoridad ambiental, incluidos por supuesto los Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI) a su cargo como Rabanal, Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque, Cuchilla San Cayetano y Páramo Mamapacha y Bijagual.
Uno de los ejemplos referidos por Forero se ubica en la parte alta del páramo Rabanal. Allí ya se trabaja con 19 familias en una inversión compartida con la CAR y Corpoboyacá, teniendo en cuenta que este ecosistema cobija territorios de Villapinzón, Lenguazaque y Guachetá (Cundinamarca); y Ventaquemada, Samacá y Ráquira (Boyacá).
Sobre los planes de manejo de páramos
Luego de la delimitación de los páramos presentes en la jurisdicción de Corpochivor (Rabanal, Cristales, Castillejo o Guachaneque, Cuchilla San Cayetano y Páramo Mamapacha y Bijagual), el director de la entidad se refirió a las acciones asociadas a la formulación de sus planes de manejo.
Describió que se trata de una labor “muy interesante, pero muy difícil” por la cantidad de recursos económicos que precisa esa responsabilidad. Reportó inversiones en los Distritos Regionales de Manejo Integrado a partir de lo dispuesto en la Ley 1930 de 2018 o Ley de Páramos, y señaló que en las acciones asociadas a los planes de manejo tienen competencia las corporaciones, los municipios y la comunidad.
Dentro de las labores realizadas están las reuniones con los pobladores rurales para explicarles que con los planes de manejo y la puesta en marcha de proyectos de reconversión o sustitución de actividades productivas no se les va a expropiar o a sacar de los páramos.
“Queremos trabajar de la mano con los campesinos que allí viven para que nos ayuden a conservar”, y agregó: “Este proceso es de largo aliento, no se hace en seis meses ni en un año, pero debe haber voluntad de todas las partes para comenzar”.
Se refirió a iniciativas en marcha encaminadas a garantizar la subsistencia sostenible de quienes viven en el páramo entre ellas el turismo rural comunitario, la apicultura, la elaboración de artesanías a partir del aprovechamiento racional de fibras naturales y el control al avance de la frontera agrícola y ganadera.
Otras acciones están relacionadas con el ordenamiento ambiental del territorio, la economía circular, la educación ambiental y el impulso a los negocios verdes.
