entreojos.co abordó con el funcionario varios de los conflictos socio – ambientales que este medio ha documentado por años, y frente a los cuales existe un evidente rezago institucional producto de factores como la desarticulación entre las entidades, la debilidad en el ejercicio de la autoridad ambiental y atrasos en temas como la actualización de los ordenamientos territoriales, entre otros.
Para la Gobernación de Boyacá, la crisis de vertimientos de aguas residuales en ríos y quebradas del departamento tiene una raíz común: fallas estructurales en la planeación territorial.
Así lo explicó Wilfredy Bonilla, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al ser consultado sobre la lectura que tiene la administración del gobernador Carlos Amaya frente a este conflicto que afecta a decenas de fuentes hídricas.
Según Bonilla, el problema no puede entenderse de manera aislada. La gestión del agua, de los residuos sólidos y del conjunto de los servicios públicos sigue un mismo ciclo administrativo: planeación, ejecución, seguimiento, control y evaluación. Y es en la primera fase —la planeación— donde se concentran las mayores debilidades.
“Para resolver los vertimientos primero hay que revisar si los municipios cuentan con los instrumentos básicos: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado”, señaló.
La razón es sencilla: en el POT se define dónde debe ubicarse la infraestructura de saneamiento, como plantas de tratamiento de aguas residuales, colectores y redes. Sin ese ordenamiento, es prácticamente imposible avanzar en proyectos que mitiguen la contaminación.
Bonilla advirtió que muchos municipios no tienen POT actualizado ni Plan Maestro, lo que impide formular proyectos, estructurar costos, definir prioridades y gestionar cofinanciación ante la Nación. Esa ausencia de planeación —subrayó— termina bloqueando soluciones urgentes para la descontaminación de las fuentes hídricas.
El secretario también recordó que las responsabilidades están distribuidas: los municipios son los primeros llamados a actuar; el departamento interviene por subsidiariedad y cooperación; y el nivel nacional entra a apoyar principalmente con recursos. Pero si no existe un proyecto formulado, ninguno de los niveles puede avanzar.
¿Qué está haciendo la Gobernación?
Frente a este panorama, la administración departamental, según el funcionario, ha comenzado a intervenir en el eslabón donde detectó la falla principal: la planeación.
“No tenemos recursos para cubrir a los 123 municipios, así que debemos priorizar”, explicó Bonilla. La Gobernación está identificando cuáles territorios requieren de manera urgente:
- Ajustes en sus POT
- Actualización o formulación de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado
- Estructuración de proyectos estratégicos para saneamiento básico,
- Apoyo para diseñar plantas de tratamiento, colectores y sistemas de alcantarillado
La idea, según la Secretaría, es fortalecer los cimientos técnicos y normativos que luego permitan buscar financiación y pasar a la ejecución.
Bonilla insiste en que la crisis de aguas residuales no es la única: la misma lógica se repite en el manejo de residuos sólidos y en la transformación de residuos orgánicos.
Al pedirle al secretario Wilfredy Bonilla un balance sobre los apoyos que la Gobernación ha brindado a los municipios en materia de saneamiento básico durante estos dos años de administración (2024–2025), la respuesta mostró un panorama mixto: algunos avances focalizados y, al mismo tiempo, grandes limitaciones derivadas de la disponibilidad presupuestal.
El funcionario señaló que los esfuerzos del departamento se han concentrado en tres frentes:
- La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tunja (quinta etapa).
- Acciones puntuales en la PTAR de Aquitania.
- Apoyo a municipios en tramos de alcantarillado y suministro de tuberías.
Bonilla insistió en que la capacidad de inversión está directamente amarrada a lo que quedó definido en el Plan de Desarrollo Departamental, lo que obliga a priorizar antes que repartir recursos de manera generalizada
El caso de Tunja ocupa un lugar central en la agenda de saneamiento.
Según Bonilla, la Gobernación y el Ministerio de Vivienda están realizando una revisión final del presupuesto del proyecto de ampliación de la planta de tratamiento, particularmente para asegurar que los costos estén actualizados.
El motivo, explica, es evitar un riesgo que en Boyacá ha dejado cicatrices profundas: obras que arrancan sin financiación suficiente y terminan convertidas en “elefantes blancos”.
Inicialmente, la quinta etapa de la PTAR de Tunja tenía un costo aproximado de 20 mil millones de pesos, una cifra calculada hace dos o tres años. Sin embargo, al revisar los precios actuales han surgido diferencias “sustanciales” que exigen replantear el presupuesto total antes de abrir el proceso de contratación.
Aunque el secretario no entregó una cifra concreta sobre cuánto aportaría la Gobernación, sí enfatizó que existe la voluntad del gobernador Carlos Amaya de participar en la cofinanciación. Ese monto, dijo, dependerá de la decisión directa del despacho del mandatario regional.
Aqunitania: una puesta a punto y muchas preguntas
Sobre Aquitania, un municipio estratégico por su cercanía al Lago de Tota, ecosistema que a la vez padece sus aguas negras, Bonilla señaló que la acción se ha concentrado en realizar los ajustes necesarios para poner en operación la PTAR, cuya construcción fue contratada durante la primera administración del gobernador Amaya.
Aunque no entregó detalles de las recientes inversiones y sus adiciones, ni fechas exactas, Bonilla dejó claro que se trató de una intervención dirigida exclusivamente a la “puesta a punto”.
El secretario no se refirió a las críticas de diversos sectores sobre fallas advertidas en la estructura y diseño de la planta que impedirían su adecuada operación, ni a las advertencias hechas por la Contraloría General de la República sobre presunto detrimento patrimonial.
Bonilla mencionó también apoyos en tramos de alcantarillado y entrega de tuberías para otros municipios. No se detallaron montos ni localidades, y la descripción confirma una realidad que se repite en todo el departamento: la atención se está dando por goteo y en función de la capacidad presupuestal disponible.
El preocupante panorama de las basuras
Si la falta de infraestructura para tratar aguas residuales es un problema urgente, la situación del manejo de residuos sólidos en Boyacá es una verdadera alerta roja.
Un dato clave por señalar en este punto es que el Parque Ecológico y Tecnológico de Pirgua, como denomina Urbaser al sitio de disposición final de residuos sólidos de Tunja, recibe 23.823 toneladas en promedio/mes de desechos provenientes de 125 municipios y su vida útil está en descenso.
Al consultarle al secretario Wilfredy Bonilla sobre el cierre de los rellenos sanitarios de Sogamoso y Garagoa, las restricciones en Chiquinquirá y la presión creciente sobre el relleno de Tunja —que hoy recibe la mayor parte de los residuos del departamento y algunos de Cundinamarca—, su diagnóstico fue directo: “Es preocupante, realmente es preocupante”.
Bonilla reconoce que Boyacá está frente a un escenario que ya no se puede considerar de mediano plazo. Las proyecciones de vida útil del relleno de Pirgua, administrado por Urbaser, – aseguró – hablan de siete años. Eso significa que en menos de una década el departamento deberá tener resuelto un nuevo esquema de disposición final, o enfrentará una emergencia sanitaria.
Cambiar los patrones de consumo
Para el secretario, la solución no pasa únicamente por identificar un nuevo sitio para disponer toneladas de basura. Requiere un giro cultural profundo: reducir el consumo, fortalecer el reciclaje, ampliar la recuperación de materiales y transformar los residuos orgánicos.
Solo así —dijo— puede alargarse la vida útil del relleno existente y evitar que el nuevo termine colapsando en pocos años.
Bonilla admite que los cambios exigidos por la política pública basura cero, la economía circular y el enfoque de “reducir–reutilizar–reciclar” no se han materializado a la escala necesaria. Y allí, señala, hay fallas de origen: los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de muchos municipios no están actualizados, y el tema ni siquiera aparece adecuadamente integrado en los Planes de Ordenamiento Territorial.
El resultado es un círculo vicioso:
- Sin POT actualizado no hay dónde ubicar infraestructura,
- sin POT ni PGIRS no hay proyectos formulados,
- sin proyectos no hay recursos,
- y sin recursos los rellenos colapsan.
“Necesitamos una política pública seria, contundente y obligatoria”
En palabras del funcionario, la política de residuos sólidos en Boyacá —y en buena parte del país— se ha movido entre las buenas intenciones y acciones voluntarias. No existe, asegura, un mecanismo que obligue a los municipios a ajustar sus planes ni una estrategia que combine incentivos reales con sanciones claras para modificar los hábitos de consumo.
El secretario habla incluso de la necesidad de una “campaña agresiva” que involucre educación, incentivos positivos y también castigos para el consumo irracional y la generación excesiva de basura.
“Tiene que llamar la atención sobre lo que debe ser una actuación responsable con el medio ambiente y con la sostenibilidad de la vida”, enfatizó.
Bonilla también advierte que el agua, el alimento y el consumo deben tratarse como ejes prioritarios de la planificación territorial. Por eso insiste en que los temas de residuos sólidos y aguas residuales deben ser obligaciones explícitas dentro de los instrumentos de ordenamiento, no anexos ni capítulos opcionales que dependen del interés o la disponibilidad financiera del gobierno de turno
Ciudadanía sostenible: programas que avanzan, pero a cuentagotas
Cuando se le preguntó al secretario Bonilla qué ha hecho la Gobernación de Boyacá para promover hábitos de ciudadanía sostenible —un eje clave para enfrentar tanto la crisis de vertimientos como la inminente emergencia en disposición de residuos sólidos— su respuesta evidenció un panorama de esfuerzos fragmentados y capacidades limitadas.
Según el funcionario, la administración departamental ha impulsado programas de capacitación, sensibilización y asistencia técnica en temas como:
- Manejo y gestión del recurso hídrico
- Negocios verdes
- Economía circular
- Prácticas escolares ambientales
No obstante, el propio secretario admite que estas acciones son insuficientes para producir cambios reales en los hábitos de consumo, reciclaje y separación en la fuente.
“Es como una gotica que no rompe ninguna piedra”, dijo, al explicar que la Gobernación no tiene capacidad operativa ni presupuestal para llegar de manera sostenida a los 123 municipios y a todas las instituciones educativas del departamento.
Programas aislados, impactos limitados
Bonilla reconoce que lo que hoy existe son intervenciones puntuales, charlas ocasionales y procesos que dependen más del entusiasmo local que de una directriz estructural. “No se siente eso realmente sino como experimentos aislados, atomizados”, afirmó.
La falta de continuidad, seguimiento y obligatoriedad termina diluyendo lo que podría ser el corazón de una política de largo plazo: formar ciudadanía para transformar patrones de consumo, reducir residuos, y fortalecer modelos productivos basados en la economía circular.
El secretario insiste en que promover hábitos sostenibles no puede quedarse en talleres esporádicos. Se necesita un sistema de incentivos reales —sociales, económicos y de mercado— que respalde a quienes están tratando de producir de manera responsable.
Para Bonilla, los productores de negocios verdes y economía circular deben tener acceso a ferias, ruedas de negocios y canales comerciales que valoren su esfuerzo y reconozcan que, aunque estos productos pueden ser más costosos, su impacto ambiental es menor. “Hay que encontrar un mercado responsable, uno que entienda que pagar más significa contaminar menos”, expresó.
Esta respuesta enlaza con su diagnóstico anterior: la política pública de sostenibilidad en Boyacá sigue siendo, en gran medida, declarativa. Carece de mecanismos obligatorios, de continuidad presupuestal y de un plan integral para que la ciudadanía —desde la escuela hasta los sectores productivos— participe activamente en una transición ecológica que el departamento ya no puede aplazar.
“No tenemos ni para lo básico”
Frente a la pregunta sobre qué puede hacer realmente la Gobernación de Boyacá con sus capacidades actuales —limitadas en lo financiero, en lo técnico y en lo institucional— el secretario Wilfredy Bonilla planteó un esquema de tres niveles: lo básico, lo intermedio y lo sofisticado.
Lo básico: infraestructura mínima para evitar el colapso ambiental
Para Bonilla, lo esencial es contar con tres elementos que hoy muchos municipios ni siquiera tienen:
- Una planta de tratamiento de aguas residuales
- Un sistema de alcantarillado que lleve esas aguas hasta la planta
- Una planta de transformación de residuos orgánicos que convierta restos de alimentos en abonos o fertilizantes.
Ese es el piso mínimo para mitigar impactos ambientales y evitar que ríos, quebradas y rellenos sanitarios sigan acumulando la carga de un manejo inadecuado.
Pero la realidad es contundente: “la capacidad financiera del departamento a veces no da ni para lo básico”, admitió el secretario. Incluso estas obras fundamentales requieren inversiones que hoy exceden la disponibilidad presupuestal.
Lo intermedio: educación, cultura ambiental y cambio de hábitos
En el segundo nivel, Bonilla ubica los procesos de:
- Sensibilización
- Educación ambiental
- Promoción del consumo responsable
- Disminución de plásticos de un solo uso
- Fortalecimiento de negocios biodegradables
Aquí la Gobernación logra avanzar parcialmente: talleres, visitas a colegios, acompañamiento técnico, actividades con jóvenes. Sin embargo, el secretario reconoce que estos esfuerzos llegan “solo a algunos municipios y algunas instituciones”, y no alcanzan para transformar de manera sostenida la cultura ciudadana.
Lo sofisticado: innovación, tecnología y negocios verdes de alto impacto
El tercer nivel es, en sus palabras, el más ambicioso y el que permitiría una verdadera transición ecológica:
- Investigación en nuevas tecnologías para plantas de tratamiento
- Desarrollo de alimentos orgánicos
- Empresas o emprendimientos dedicados a reducir impactos ambientales a través de innovación.
Pero este nivel no es viable hoy para el departamento. “No da ni siquiera para lo básico”, reiteró Bonilla, al explicar que los recursos solo permiten —con suerte— impulsar algunas iniciativas del nivel intermedio.
La necesidad de una política masiva, permanente y obligatoria
Bonilla cerró esta parte de la entrevista con una comparación que retrata la magnitud del desafío: así como en gestión del riesgo existe el Simulacro Nacional, obligatorio para todas las entidades y ciudadanos, Boyacá necesitaría una campaña masiva de sostenibilidad con el mismo nivel de fuerza normativa, alcance y permanencia.
Una campaña que logre que:
- Todos los hogares separen residuos en la fuente
- Todos los municipios incorporen prácticas sostenibles en su quehacer
- Todas las instituciones educativas integren de manera obligatoria procesos de educación ambiental.
- Toda la ciudadanía incorpore hábitos responsables de consumo.
“Algo así necesitamos”, dijo. Una estrategia de gran escala que permee cultura, comportamientos y decisiones cotidianas.
Educación ambiental: avances y límites
Cuando se le preguntó directamente si la institucionalidad —pública y privada— había fracasado en su intento de formar ciudadanía ambiental, Bonilla respondió con cautela. No habló de fracaso, pero sí reconoció un estancamiento evidente: “Llegó a un nivel que no avanza más para generar el impacto que se espera”, aseguró.
Según el secretario, los programas de educación ambiental han logrado llegar a cierto número de niños, jóvenes e instituciones, pero no cuentan con el seguimiento necesario para asegurar continuidad en el tiempo.
Una política que solo logra intervenir un momento del proceso educativo —un grado escolar, un taller, un ciclo corto de capacitación— termina diluyéndose cuando no existe un acompañamiento permanente.
La cultura como territorio de largo plazo
Para Bonilla, el problema es estructural: la cultura tarda años en consolidarse, y los procesos actuales no están diseñados para sostener esa transformación. La educación ambiental, dice, debe trabajarse como se trabaja la formación en principios y valores, con una insistencia diaria y un horizonte de largo aliento.
El secretario lo explicó con una metáfora agrícola: “Es como sembrar algo que su cosecha se demora bastante tiempo”.
Crear hábitos de reciclaje, uso responsable del agua, consumo consciente y producción sostenible requiere constancia, coherencia institucional y una política pública que acompañe ese proceso a lo largo de la vida escolar y comunitaria.
Cobertura sin continuidad: el gran vacío
Uno de los puntos más críticos que plantea Bonilla es la ausencia de evaluación y seguimiento. Aunque miles de estudiantes pueden haber recibido talleres de reciclaje, agua o sostenibilidad, nadie sabe si esa semilla germinó:
- ¿Los estudiantes continuaron aplicando lo aprendido?
- ¿Se integró ese conocimiento en su vida diaria y en su formación posterior?
- ¿Sus colegios reforzaron esos aprendizajes al siguiente año?
- ¿Hubo acompañamiento en casa, en la comunidad, en el municipio?
Hoy la respuesta es incierta. Las intervenciones existen, pero son parciales, discontinuas y, como reconoce el mismo funcionario, insuficientes para transformar prácticas sociales arraigadas.
Construir al “nuevo ciudadano” ambiental
Bonilla insiste en que se necesita algo mucho más profundo: educar para formar un ser humano nuevo, capaz de relacionarse con el ambiente desde la responsabilidad, el respeto y la sostenibilidad. Eso implica enseñar que producir no puede equivaler a contaminar, que consumir no puede significar desechar, y que cada decisión cotidiana —del agua, del alimento, de la basura— debe hacerse desde la conciencia.
Páramos: el reto de regular sin expulsar
La delimitación de los páramos es competencia del Ministerio de Ambiente, pero la Ley 1930 de 2018 ordena a departamentos y municipios acompañar la formulación de planes de manejo y diseñar programas para garantizar la conservación y la reconversión productiva. ¿Qué ha hecho Boyacá en ese frente?
El secretario Wilfredy Bonilla sostiene que el paro campesino de agosto abrió una puerta para replantear desde el nivel nacional la relación entre Estado, conservación y campesinado de alta montaña.
Según él, la nueva perspectiva del Ministerio reconoce al campesino como “sujeto especial de protección” y como parte integral del ecosistema, no como un actor externo que deba ser prohibido, excluido o desplazado.
Una reglamentación en construcción
Bonilla explicó que actualmente existe un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Boyacá, la UPTC y las comunidades de alta ladera para construir un acto administrativo que reconozca:
- Los derechos de la montaña, del bosque altoandino y de las fuentes hídricas;
- y los derechos del campesino, su forma de vida, su producción de pancoger y su permanencia histórica en estos territorios.
La clave —dice— es evitar dos extremos: ni permitir la explotación sin control, ni imponer procesos de exclusión o expropiación. La norma buscaría establecer con precisión cuáles actividades agropecuarias son compatibles, en qué extensión, y bajo qué condiciones pueden mantenerse.
Lo que dice el Plan de Desarrollo y lo que la Gobernación está haciendo
Sobre las obligaciones concretas del departamento, Bonilla aseguró que Boyacá está acompañando el proceso nacional con varias entidades: la UPTC, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Turismo y los comités campesinos del territorio paramuno.
Además, informó que la Secretaría de Ambiente ganó dos proyectos del Ministerio para acciones en:
- Páramo de Tota–Bijagual–Mamapacha (municipios de Mongua, Monguí, Siachoque, Pesca, Aquitania y Tota), por 9.500 millones de pesos.
- Páramo del Consuelo (Tutazá, Belén, Cerinza y Santa Rosa)., por 26.500 millones de pesos.
Estos proyectos contemplan:
- Restauración ecológica mediante siembra y mantenimiento de especies nativas,
- Aislamiento de áreas sensibles.
- Adecuación de senderos de bajo impacto para turismo contemplativo
- Reconversión productiva para sustituir prácticas agropecuarias que hoy afectan el ecosistema.
En cuanto al programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), el funcionario señaló que antes de su llegada ya existían acciones en predios de Tota y Pesca, donde se entregaron herramientas, insumos, mangueras de riego e incluso unidades fotovoltaicas.
Los PSA en Boyacá, según Bonilla, funcionan por “comunidades y áreas protegidas”, no de forma individual.
¿Qué esperar de la Gobernación en 2027?
La última parte de la entrevista aterriza las expectativas de Wilfredy Bonilla no como funcionario, sino también como ciudadano de Duitama, una de las ciudades con mayores deudas ambientales del departamento: sin planta de tratamiento de aguas residuales, sin relleno sanitario y con una infraestructura de saneamiento históricamente rezagada.
Cuando se le preguntó cómo espera entregar el departamento el 31 de diciembre de 2027, Bonilla fue realista: los avances dependerán, sobre todo, de la capacidad del departamento para ganar convocatorias nacionales y participar en proyectos financiados por el Ministerio de Ambiente. “Estamos en una carrera por identificar esas convocatorias”, aseguró.
Esa dinámica ya le permitió al departamento acceder a 26.500 millones de pesos para el proyecto del Páramo Tota–Bijagual–Mamapacha y otros 9.500 millones para el Páramo del Consuelo. La aspiración es que nuevas convocatorias permitan llegar a territorios como la Serranía de las Quinchas y el complejo Iguaque–Merchán, donde también existen necesidades críticas de conservación.
El secretario explicó que el presupuesto propio de la Gobernación destinado al ambiente es mínimo: 3.500 millones de pesos en 2025, con la expectativa de subir a unos 5.000 millones. Con esos montos —insuficientes para infraestructura— la prioridad ha sido la compra de predios de importancia estratégica para la producción hídrica, mediante convenios con Corporinoquía y Corpoboyacá.
El objetivo es consolidar predios protegidos, cerramientos y aislamientos que garanticen que esas áreas no sean degradadas mientras se avanza en otros frentes.
El reto de fondo: dejar proyectos listos
Más allá de obras o intervenciones puntuales, Bonilla asegura que el mayor compromiso de esta administración es dejar formulada una “batería de proyectos”, con línea base clara, diagnóstico actualizado, prioridades definidas e instrumentos listos para presentación ante el Gobierno Nacional o cooperación internacional.
“Si no hay un proyecto formulado, no se va a poder participar por ningún recurso”, explicó. Por eso insiste en que el mayor legado debe ser:
- Instrumentos de planeación actualizados.
- Proyectos estratégicos listos para ser financiados.
- Criterios de priorización definidos
- Una hoja de ruta que oriente al próximo gobierno sobre dónde invertir los escasos recursos ambientales del departamento.
El indicador final: gestionar siete veces más de lo que se tiene
El secretario cerró con una proyección ambiciosa: si el 2026 permite repetir los buenos resultados de gestión de este año, Boyacá podría multiplicar por siete sus recursos propios gracias a la participación en convocatorias.
Es decir, pasar de 3.500 millones propios a cerca de 34.000 millones gestionados.
Pero enfatiza que ese escenario depende de tres factores clave:
- Formular proyectos oportunamente
- Tener los instrumentos técnicos al día
- y que el Ministerio abra convocatorias donde Boyacá tenga cabida.
