Todas las tutelas radicadas ante el Consejo de Estado están dirigidas contra la providencia judicial del Tribunal Administrativo de Boyacá que avaló el proceso a través del cual se le preguntará a los habitantes de Gachantivá si quieren o no minería en su municipio.
En una de ellas se pidió como medida cautelar la suspensión de la consulta por inconveniente, sin embargo, tal solicitud fue rechazada provisionalmente por el Consejo de Estado y será resuelta cuando se conozca el fallo definitivo, explicó el magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, Fabio Iván Afanador.
En otra más reciente, interpuesta por los trabajadores de la empresa Cementos Tequendama, se argumenta violación al derecho al trabajo ante la imposibilidad de adelantar la explotación de piedra caliza en la localidad.
Afanador dijo que las tutelas son acciones constitucionales a las que pueden acudir todos los ciudadanos y que en este caso su presentación ante el Consejo de Estado obedece a que este alto órgano es, en orden jerárquico, el superior funcional del Tribunal Administrativo de Boyacá.
El magistrado sostuvo además que el Tribunal ha intervenido como parte interesada en el trámite de las tutelas que hacen curso en el Consejo de Estado, porque está convencido de que la aprobación del mecanismo de participación ciudadana cumplió con los requisitos establecidos por la Ley “y se ajustó en un todo al ordenamiento jurídico colombiano y para el Tribunal la providencia judicial debe confirmarse”.
Sobre la suspensión de la consulta por falta de recursos para su realización y la posibilidad de que el Tribunal le orden al gobierno nacional apropiar el presupuesto necesario, Afanador dijo que ese es un asunto que deben definir el municipio, el Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Al respecto Enrique Ortega Almanza, delegado departamental del Registrador Nacional, afirmó que la entidad está a la espera de la transferencia de los dineros que permitan llevar a cabo la consulta, que se han hecho las gestiones respectivas ante el Ministerio de Hacienda y que una vez estos sean autorizados la Registraduría se tomaría tres meses para programarla.
Ante la negativa del Ministerio de Hacienda, Ricardo Morales, uno de los promotores de la consulta minera, aseguró que también se recurrió al mecanismo de la tutela para exigirle al alto gobierno que les permita a los habitantes del municipio pronunciarse a favor del agua, la vida, los bosques y la tradición campesina.
