La minería de carbón en el páramo de Pisba es una actividad económica, algunas veces legal y otras no tanto, que define la calidad del agua y de permanencia de sus habitantes en el territorio.
Particularmente en la porción de páramo situada en el municipio de Tasco el Grupo de Investigación en Sostenibilidad Ambiental, Biodiversidad y Agroecología (GISABA), del programa de Ingeniería Ambiental de la UPTC, trabaja con la comunidad para identificar los conflictos ambientales que la extracción del mineral ha dejado en la zona.
La ingeniera Dalia Useche, docente y líder de GISABA, relató que el equipo ha desarrollado proyectos en el páramo junto a los habitantes del sector.
Su trabajo ha consistido en evaluar las coberturas vegetales y la pérdida que han sufrido por distintos procesos, en particular por la operación carbonífera.
Según la investigadora, en el sector de Tasco esta actividad ha causado muchos impactos ambientales.
Para la docente del programa de ingeniería ambiental, el vínculo con la veeduría y los campesinos de la zona es un ejemplo de cómo la academia y las comunidades pueden articularse para aportar soluciones a los problemas de los territorios.
Conviene recordar en la parte alta de Tasco, en el sector conocido como la Serranía del Pirucho permanece incólume, sin haberse hecho efectivo el correspondiente proceso de cierre y abandono, la mima El Cerrejoncito. Es como una herida que pudre todo a su alrededor. Sus aguas residuales, supurando metales pesados, corren la vegetación y envenenan los manantiales.
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Lo que revelaron las muestras
La ingeniera Yurany Camacho Ardila, también docente del programa de Ingeniería Ambiental de la UPTC, aseguró que durante el proyecto se caracterizaron muestras de agua y de suelo del páramo. En ellas fue evidente la presencia de metales pesados como plomo, cadmio y arsénico.
Estos resultados hacen parte de una investigación publicada como artículo Q3 y presentada en una ponencia internacional en Italia, en el Congreso Internacional de Ingeniería Química.
Según Camacho, allí se expusieron los daños y afectaciones que la minería ha causado al páramo. Estos hallazgos de la UPTC, que han sido denunciados ampliamente por la comunidad, ya circularon en espacios científicos fuera del país.
Treinta años de defensa ambiental
Pedro Castañeda, veedor ambiental de Tasco y defensor del páramo, afirmó que la comunidad lleva 30 años en esta lucha. Durante ese tiempo ha dado a conocer los pasivos ambientales que ha dejado la minería en esta zona de recarga hídrica del páramo de Pisba.
Castañeda relató que la contaminación del agua se ha monitoreado con el apoyo de expertos de laboratorios certificados. Reiteró lo repetido en diversos escenarios: los análisis arrojaron presencia de plomo, cadmio, arsénico y sulfuros, y concluyó que las aguas de las fuentes próximas a explotaciones mineras ya no son aptas para el consumo humano.
Esa información coincide con los metales identificados por las investigadoras de la UPTC, y el trabajo conjunto con GISABA y otras organizaciones, destacó Pedro Castañeda, ha servido para visibilizar esos pasivos.
Su mensaje a las autoridades es explícito: que se enteren de los daños de la minería en zona de páramo, que no se otorgue ni una licencia más, que cese la explotación y que se adelante el proceso de delimitación del páramo para poder protegerlo.
Fallos que esperan cumplimiento
A la pregunta de entreojos.co sobre cuál sería el escenario ideal, en materia de decisiones de fondo, a partir del resultado de las investigaciones universitarias, Pedro Castañeda respondió que lo que han encontrado es una negativa de las autoridades nacionales y del Gobierno para actuar decididamente.
Recordó que existen fallos de una acción popular que ordenan a la Gobernación, a Corpoboyacá y a la Agencia Nacional Minera (ANM) subsanar esos pasivos, y afirmó que ninguna entidad ha asumido su responsabilidad.
Dijo que el trabajo con GISABA busca dar visibilidad nacional e internacional a lo ocurrido en Tasco.
El veedor expresó su temor por situaciones similares en otras regiones con ecosistemas similares, y en donde las comunidades terminen desplazadas.
Un futuro incierto
Sixto Amaya, también veedor ambiental del páramo, consideró que en esta fase el aporte de la academia es el más importante. A su juicio, desde las universidades se pueden unir criterios y avanzar hacia legislaciones claras para los páramos. Aclaró que ese trabajo se hace con la UPTC y con otras universidades, con el fin de ampliar el conocimiento sobre la situación de estos ecosistemas.
Amaya cuestionó que el aprovechamiento de los páramos y de los recursos naturales se haga con una perspectiva económica, sin pensar en lo que se dejará a las próximas generaciones.
Sostuvo que los bisnietos de hoy enfrentarán necesidades de agua, porque la poca que queda está contaminada y otra parte se va profundizando por la minería.
Su conclusión es que, si la academia, las legislaciones nacionales y las comunidades unen esfuerzos, Colombia puede seguir siendo un país rico en biodiversidad y en agua.
Del resultado a la apropiación
La ingeniera Dalia Useche precisó que el proyecto aún no termina. Su propósito es que la comunidad de Tasco, incluidas la Alcaldía y la autoridad ambiental, conozcan los resultados y comprendan la complejidad de la situación que se vive allí. Para ello plantea transferir el conocimiento mediante capacitaciones y procesos de educación ambiental.
En su análisis, las afectaciones en el páramo causan un impacto gravísimo e irreversible sobre el ecosistema que recoge las aguas usadas para el consumo humano en el municipio.
La investigadora agregó que los líderes del territorio están dispuestos a colaborar y lo procedente es unirse con el municipio y con la autoridad ambiental.
El caso de Pisba deja una lección para la gobernanza de los páramos en Boyacá: la evidencia técnica y el conocimiento de quienes habitan el territorio se refuerzan mutuamente. Los veedores aportan décadas de monitoreo y memoria, y la universidad suma caracterización científica y proyección internacional.
Si las entidades reconocen esa participación comunitaria como parte esencial de cualquier proceso de saneamiento, delimitación o restauración, la seguridad hídrica del departamento dejará de depender solo de la voz de quienes llevan años pidiendo ser escuchados.
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