Esta fue la principal coincidencia entre la administración departamental y los pobladores de esas provincias, en desarrollo de la audiencia pública citada por el gobernador Carlos Andrés Amaya para debatir sobre los estudios de sísmica que realiza la empresa polaca Geofizyka Torun a instancias del convenio interadministrativo entre Fonade y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Durante casi ocho horas, campesinos, delegados de ONG ambientales, alcaldes y concejales, incluso el mismo gobernador, le pidieron a Orlando Velandia, presidente de la ANH, suspender el contrato con Geofizyka Torun ante la resistencia que ha generado entre la comunidad la operación de los equipos a través de los cuales se pretende obtener información de las características del subsuelo en 13 municipios de Boyacá y uno de Cundinamarca.
El principal argumento es que ni Fonade ni Geofizyka Torun socializaron con suficiencia el alcance de su presencia en el departamento, en otras palabras, no gestionaron la licencia social que se requiere para este tipo de proyectos.
Aun cuando no es claro si el contrato se puede detener o suspender por esta razón, la principal alternativa considerada por ambientalistas, campesinos y autoridades locales es acudir a la figura de la consulta popular regional para que sean los pobladores de los municipios involucrados quienes decidan en las urnas si quieren o no que este tipo de proyectos se lleven a cabo en sus territorios.
¿Quién debe convocarla? De acuerdo con señalado en la Constitución Nacional y en la Ley 134 de 1994, la consulta popular regional puede ser convocada por el gobernador o los alcaldes. Los ciudadanos también tienen derecho a incidir, mediante la recolección de firmas, para que se lleve a cabo este mecanismo de participación ciudadana.
Agua sí, petróleo no
¿Cómo es posible que el gobierno nacional invierta más de $9 mil millones en sísmica en Occidente y Ricaurte, mientras Chiquinquirá no tiene agua potable por falta de recursos para su acueducto?
Esta fue la principal queja del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, para reiterarle al presidente de le ANH la suspensión de los estudios de sísmica y el rechazo a cualquier proyecto de hidrocarburos que pretenda realizarse en Cucaita, Samacá, Sáchica, Ráquira, Maripí, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Saboyá, Pauna, San Miguel de Sema, Sutamarchán y Tinjacá.
Amaya insistió en que mientras sea gobernador se opondrá a este tipo de proyectos y reiteró que su administración está comprometida con la vocación agroecoturística de estas localidades.
Sostuvo que hay suficientes elementos de juicio para exigir que la empresa Geofizyka Torun cese su presencia en Boyacá y que para ello se acudirá a los recursos legales que sean necesarios.
Su posición fue ratificada por Fabio Medrano, director de Medio Ambiente de la administración departamental, quien dijo tener suficientes evidencias para demostrar que la Agencia Nacional de Hidrocarburos si tiene previsto dar vía libre a la extracción de gas y petróleo mediante técnicas convencionales y no convencionales como el fracking en estas provincias.
Apoyo para la consulta popular
Estéfany Grajales, de la Fundación Comunidades Unidas de Colombia (Counco), pidió apoyo de la Gobernación para que las ONG ambientales puedan asistir los campesinos que se resisten a los proyectos petroleros.
Aseguró que aunque se han valido de las redes sociales para asesorar a los habitantes de Ricaurte y Occidente, requieren apoyo económico y logístico que les permita respaldar a los campesinos en las veredas y preparar el camino para la consulta popular regional.
Grajales invitó a los boyacenses a mirar hacia Puerto Boyacá y a ser testigos del deterioro social y ambiental provocado por la industria petrolera en esa región del departamento.
“No es fracking”: ANH
Orlando Velandia, presidente de la ANH, estuvo en aprietos en Chiquinquirá. Los abucheos del público que asistió a la audiencia pública en el Coliseo de Ferias interrumpieron por momentos su intervención para explicar que en Boyacá no está previsto hacer fracking.
“No voy a sacrificar una gota de agua por extraer un barril de petróleo en Boyacá”, dijo Velandia, sin embargo, aclaró que es necesario obtener información sobre el potencial del subsuelo en esta zona del departamento.
El funcionario indicó además que la misión de la Agencia a su cargo es evaluar el potencial hidrocarburífero del país y que eso se puede hacer indagando en el subsuelo con el fin de establecer qué hay, en dónde hay y en qué cantidades.
Sobre la oposición férrea de campesinos, ambientalistas y comunidades a los estudios iniciales contratos por Fonade con los polacos, Velandia apuntó que la comunidad tiene derecho a saber qué está pasando en su región. “El problema es que la desinformación llegó más rápido con el mensaje de que es fracking y que les van a acabar el agua”.
Luego de la audiencia pública, el gobernador, los alcaldes y los líderes de los municipios involucrados expresaron su decisión de desplazarse a Bogotá para exigirle al gobierno nacional la suspensión de los estudios de sísmica y para determinar el camino que permita llevar a cabo la consulta popular regional.
