Foto: archivo particular

Corpoboyacá advierte que municipios deberán responder por el mal uso de la maquinaria a su cargo

El ultimátum se originó a raíz de la afectación de áreas bosque y páramo como las registradas recientemente en Socotá y Sativanorte

En el primer caso, reportado el 31 de octubre de 2018, un trabajador que operaba un buldócer de la Gobernación de Boyacá abrió una carretera de 6.5 kilómetros a través de un bosque nativo, en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural de Pisba, en jurisdicción de la vereda Pueblo Viejo del municipio de Socotá.

La situación motivó a la Procuraduría General de la Nación a exigir la suspensión de la obra y a ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental para determinar la responsabilidad de quien dio la instrucción y evaluar el daño a la vegetación y a las fuentes de agua del sector. 

Aunque el buldócer está a cargo de la Secretaría de Infraestructura de Boyacá, su secretario Oscar Ricardo Corredor, aseguró que la máquina fue prestada a la Alcaldía de Socotá y que son los “alcaldes quienes programan los trabajos de acuerdo con las necesidades de mantenimiento vial de cada localidad”.

Esta advertencia de Corpoboyacá se dio luego de un nuevo hecho registrado el pasado 16 de enero en la vereda Téquita, de Sativanorte, cuando miembros de la Policía y técnicos de la Corporación sorprendieron a Adrián Benítez Castro, de 39 años, arando un predio en el páramo Guantiva – La Rusia. De acuerdo con el cálculo de la autoridad ambiental, el hecho provocó la muerte de 2.000 plántulas de frailejón.

Aunque en principio se rumoró que el tractor con el que se cometió el ilícito ambiental pertenecía a la Gobernación de Boyacá, desde la Oficina de Prensa del Departamento de Policía se desestimó esa versión. Adrián Benítez Castro fue capturado y el tractor decomisado. Hombre y equipo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Sexta de Santa Rosa de Viterbo y en los próximos días el caso será trasladado a una Fiscalía Especializada de la ciudad de Tunja.   

{source}<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”>En la imagen se observa una tractor marca Masey Ferguson, nuevo, color rojo. las mismas caracteristicas a los &quot;regalados&quot; por <a href=”https://twitter.com/CarlosAmayaR?ref_src=twsrc%5Etfw”>@CarlosAmayaR</a> se debe investigar a fondo <a href=”https://twitter.com/FiscaliaCol?ref_src=twsrc%5Etfw”>@FiscaliaCol</a></p>&mdash; Diego F. Sánchez Pérez (@diegofransanpe) <a href=”https://twitter.com/diegofransanpe/status/1088073347408297988?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 23, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
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Ultimátum de Corpoboyacá

Ante los hechos registrados en Socotá y Sativanorte, y al parecer otras denuncias en ese mismo sentido, Ricardo López Dulcey, director de Corpoboyacá, expidió una circular en la que expresa su preocupación por los “recientes hechos de afectación ambiental sobre ecosistemas estratégicos asociados al desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, así como de infraestructura vial”.

López señaló que en el marco de su responsabilidad de salvaguardar el patrimonio natural recomienda a las autoridades regionales y locales planificar adecuadamente el desarrollo de proyectos viales o de infraestructura y prever los posibles impactos ambientales que estos puedan ocasionar y agrega que la Corporación están en disposición de brindar las orientaciones necesarias cuando surjan dudas al respecto.

En los casos en que los municipios presten a particulares equipos a su cargo para adelantar labores agrícolas o pecuarias, indicó que las alcaldías deben exigir y verificar con antelación la localización exacta del área a intervenir para descartar que se trate de “zonas de protección o conservación ambiental o franjas de amortiguación”.

El Director de Corpoboyacá advirtió que “la responsabilidad de las acciones e impactos adversos a los recursos naturales y el entorno deberán ser asumidas directamente por los municipios y beneficiarios del préstamo de la maquinaria, y/o ejecutores de las obras viales y de infraestructura” y que los infractores estarán expuestos al régimen sancionatorio de carácter legal ambiental contemplado en la Ley 1333 de 2009.

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