Por Germán García Barrera
Durante un poco más de cuatro horas el conflicto socio – ambiental por afloramientos de hidrocarburo y gas en tres veredas de San Luis de Gaceno ocupó la transmisión del Canal del Congreso en Youtube, en el marco de la audiencia realizada en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional convocada por la senadora boyacense Carolina Espitia Jerez.
Desde 2014, cuando se identificaron los primeros afloramientos en la finca de don Salvador Ávila, es la primera vez que los habitantes de Horizontes, Caño Grande y Río Chiquito tienen la oportunidad de exponer la problemática que los aqueja en un escenario nacional, aunque es preciso señalar que su drama no fue escuchado por el pleno del Senado.
Franklin Mendoza, Milena Porras, Mauricio Ávila y Jorge Rintá fueron algunos de los voceros comunitarios encargados de exponer la molestia que los agobia. También lo hizo el secretario de Ambiente de Boyacá, Fabio Medrano, quien detalló la cronología de la explotación petrolera en el lugar.
La audiencia contó además con la participación de delegados de entidades nacionales como los ministerios Ambiente y Salud, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (AHN) y la Defensoría del Pueblo, y otros de carácter regional como Corpochivor. La empresa Nikoil Energy estuvo representada por Ramiro García.
Los representantes a la Cámara, Wilmer Castellanos e Ingrid Sogamoso, se comprometieron a hacerle seguimiento político a las obligaciones del gobierno.
Petición de investigaciones
Al final de su exposición el secretario de Ambiente de Boyacá pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente al ex presidente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Negrete Montes, bajo el argumento de que el ex funcionario exhibió una conducta negligente al no haber desplegado la totalidad de las acciones materiales efectivas dentro de sus funciones encaminadas a exigir el cumplimiento de medidas de mitigación, control y seguimiento frente las afectaciones generadas por Nikoil Energy.
Su solicitud cobija además a Germán Barreto Arciniegas, subdirector de seguimiento de licencias ambientales de la misma entidad, a Marcela Moncaleano Chávez y a otros empleados de la ANLA por su presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes en relación con la crisis socio – ambiental que afrontan las comunidades de San Luis de Gaceno.
Los expertos
El grupo de expertos provenientes de la academia estuvo encabezado por el Oscar Vanegas, ingeniero de la Universidad Industrial de Santander (UIS) quien detalló aspectos técnicos del sistema de explotación petrolera, de las características físicas del terreno en donde están ubicados tanto la plataforma como los pozos de producción de crudo, y de los eventuales riesgos asociados a la actividad.
En este segmento lo secundó la ingeniera Lais Mujica Doncello, directora del Centro de Investigación Incitema, de la UPTC, quien puso a disposición la experticia de la institución para apoyar la investigación sobre las causas de los afloramientos, las acciones de remediación y la capacitación a las comunidades en temas técnicos específicos.
Que no sea una audiencia más
Nelson Garzón, alcalde de San Luis de Gaceno, lamentó la falta de respuestas por parte del Estado frente a la problemática y confió en que esta audiencia no sea una más de las realizadas en el pasado. El mandatario pidió que por fin alguna entidad independiente y con autoridad se comprometa con el estudio de integridad del pozo Medina para determinar eventuales fisuras y fugas de crudo.
Al final lamentó el otorgamiento de la licencia ambiental a favor de la industria petrolera a pesar de la proximidad del centro poblado de Horizontes, así como la falta de inversión social para compensar a la comunidad.
El concejal Manuel Zárate, ingeniero ambiental y guía turístico de San Luis, complementó las demandas del alcalde al describir el evidente perjuicio socio – ambiental y económico de los afloramientos y la vulnerabilidad del territorio. Destacó las posibilidades agroturísticas y de turismo de naturaleza de la zona, aunque subrayó las restricciones impuestas por el actual estado de cosas.
Al cierre de su intervención se preguntó por lo que muchos han indagado sin obtener respuestas concretas: ¿ante la negligencia del Estado quién es el responsable, de quién es la competencia?
Darbey Leguizamon Perilla, personero de San Luis de Gaceno, abogó por la urgente formulación de un plan de contingencia frente a eventuales riesgos por la concentración de crudo en la plataforma, y por una estrategia de mitigación y restauración ambiental de las áreas comprometidas. Es preciso recordar que ante la protesta que mantienen las juntas de acción comunal desde junio desde 2021 la empresa no ha podido evacuar 1.750 barriles de petróleo almacenados en los depósitos de la plataforma horizontes.
¿Rezumaderos o afloramientos?
Ramiro García, vocero de Nikoil Energy, argumentó que los estudios y análisis de laboratorio indican que los “rezumaderos” son de origen natural y no tienen vínculo con la operación del campo Medina.
A lo largo de su disertación reiteró en el término rezumaderos en alusión directa a “manaderos”, que, según una definición técnica aceptada por Ecopetrol, “son fenómenos naturales que revelan la presencia de petróleo o gas en la superficie terrestre”. Su versión fue respaldada por el delegado de Ecopetrol, Luis Eduardo Arévalo.
De esa manera García, y de paso la estatal petrolera, se desmarcaron del concepto de afloramientos usado por la comunidad para citar específicamente las emanaciones de crudo y gas que invaden predios en Caño Grande, Río Chiquito y Horizontes.
Sobre el bloqueo de la comunidad para impedir la extracción del crudo almacenado en la plataforma, Ramiro García dijo que este es producto de la falta de atención institucional y citó inversiones sociales de la compañía desde 2013 por el orden de los $6.200 millones.
¿Y Corpochivor?
En respuesta a las críticas hechas a las autoridades responsables por su débil incidencia en el proceso, Juanita Andrade, bióloga de Corpochivor, salió en defensa de la entidad y citó varias de las acciones adelantadas por la Corporación, alguna de ellas ejecutadas gracias a la alianza con entidades como la CAR y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH):
- Identificación e la línea de drenaje de los afloramientos hacia las microcuencas Caño Grande y Río Chiquito.
- Caracterización geológica e hidráulica en 14 puntos de afloramiento identificados: 13 de sustancia líquida y uno de gas. A la fecha el número de afloramientos de gas contabilizados por la comunidad es de 10.
- Evaluación de calidad ecológica usando peces y macroinvertebrados como indicadores biológicos.
- Diagnóstico participativo de impactos reales y potenciales.
Laura Lozano, subdirectora de Corpochivor, le pidió a la empresa mantener las obras de mitigación con los ajustes correspondientes para evitar afectaciones adicionales a los predios de los pobladores, y acentuó en la necesidad de incluir las emanaciones de gas.
Las autoridades nacionales
Germán Barrero, director de seguimiento de ANLA, fue enfático en pedir que se evite hablar de emanaciones naturales o rezumaderos hasta tanto se avance en las investigaciones correspondientes para identificar el origen de la sustancia oleaginosa que invade pastos y manantiales.
Frente a la petición de la comunidad de suspender la licencia ambiental a Nikoil Energy, consideró importante mantenerla vigente para garantizar la continuidad de las tareas de control y seguimiento. En caso contrario sería difícil, dijo, ejercer la vigilancia requerida en este caso.
Desde la ANLA también se informó que a la fecha esta autoridad ha abierto cinco procesos sancionatorios en contra de la petrolera.
El Servicio Geológico Colombiano también fue protagonista de la audiencia cumplida en el Salón Boyacá. Su director, Julio Fierro Morales, se refirió al alcance de la investigación en curso sobre el origen de las emanaciones de hidrocarburos en superficie y sus efectos en el área de San Luis de Gaceno y sus alrededores.
Fierro se refirió a la necesidad de estudiar las fracturas en el subsuelo, a los trabajos de ingeniería, petrofísica y de química de aguas orientados a formular una hipótesis válida de la situación, y al hecho prematuro de señalar que los afloramientos son naturales. “Hay que esperar el resultado de las investigaciones”.
Aseguró que el estudio a cargo del Servicio Geológico Colombiano estará finalizado en diciembre de 2025.
Una de las intervenciones más decepcionantes durante la audiencia fue la del vocero del Ministerio de Ambiente, Jairo Gómez, director (E) de Asuntos Ambientales Sectoriales. Gómez reconoció las críticas de los habitantes de San Luis por su falta de oportunidad en la atención de las demandas colectivas.
En su breve discurso comprometió la disposición técnica del Ministerio para articularse con las otras entidades llamadas a intervenir en la evolución de este conflicto. No ofreció ningún diagnóstico de los daños ambientales provocados por los afloramientos.
Desde el Ministerio de Salud se anunció una inversión de $ 481 millones de pesos con destino a la adecuación de la ESE Hospital San Francisco.
Medidas de protección
Al final de la audiencia, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Carlos Cantillo, solicitó medidas urgentes de protección a la población frente al riesgo de accidentes, explosiones, incendios y deslimzamientos. Pidió además implementar un sistema de alertas tempranas, continuar con las obras de mitigación y determinar su efectividad para decidir si se continua con ellas o no.
Desde esa dependencia del Ministerio Público se recomendó estudiar la posibilidad de apelar al principio de precaución para proteger a la población y a los recursos naturales de las veredas Caño Grande, Río Chiquito y Horizontes.
Conclusiones
Al final de la audiencia la senadora Carolina Espitia Jerez pidió a las entidades ponerse de acuerdo respecto a las competencias y dejar de endilgarse responsabilidades mutuas sobre quién debe liderar el estudio de integridad del pozo Medina.
Ese análisis permitirá establecer si los afloramientos provienen del interior del Pozo Medina 1, y si tienen relación directa con la inyección de nitrógeno realizada en 2014 con el propósito de incrementar la producción, según la denuncia de ex trabajadores de Nikoil Energy.
Para Fabio Medrano los responsables y encargados de desarrollar esta “prueba reina” son ANLA, Nikol, Ecopetrol y la ANH.
Milena Porras, ex concejal de San Luis de Gaceno y veedora ambiental, planteó varias conclusiones:
La primera, su decepción con el ‘Gobierno del Cambio’ del presidente Gustavo Petro y su ministra de Ambiente, Susana Muhamad, de quienes se esperaba diligencia para resolver, por fin, el interrogante sobre los afloramientos. El desconocimiento y la falta de claridad de los funcionarios del ANLA sobre sus competencias en este tema resultó decepcionante para la líder social.
Sobre la declaración de Luis Eduardo Arévalo, gerente de activos de Ecopetrol, la integrante de la veeduría concluyó que el suyo fue un aval sin objeciones a los estudios contratados por Nikoil Energy.
El escenario sirvió, según Milena Porras, para demostrar que ninguna entidad del gobierno está cumplimiento con su función. Las intervenciones de sus representantes en la audiencia se centraron en sus limitaciones más que en sus capacidades para ejercer el papel de autoridades que les corresponde.
Porras insistió en que Ecopetrol es el principal responsable al ser esta compañía oficial la contraparte del contrato solo riesgo bajo el cual actúa Nikoil Energy en San Luis de Gaceno, y, en consecuencia, la que debería hacer seguimiento a sus obligaciones.
La veedora confió en la noticia dada por la ANLA de resolver en mayo próximo una nueva solicitud de audiencia ambiental formulada desde 2023, luego del rechazo a una primera petición en ese sentido.
Al final de la jornada la delegación de San Luis de Gaceno se fue con la promesa de una mesa técnica, de otra mesa técnica, en la cual las instituciones responderán las inquietudes no resueltas en la audiencia de este 27 de marzo.
