El municipio de El Espino sirvió de marco a un encuentro pactado entre campesinos con predios en el páramo de El Cocuy, y delegados del Ministerio de Ambiente para resolver los reclamos planteados por la Federación de Párameros del Nororiente Colombiano.
Esta Federación, presidida por Roberto Arango, representa a un grupo de campesinos que dicen estar afectados por la Resolución 1405 de 28 de julio de 2018 a través de la cual se delimitó el Páramo Sierra Nevada del Cocuy.
Esta área de páramo de 271.167 hectáreas se ubica en la cordillera Oriental y es compartida por los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Norte de Santander. Su altitud se sitúa entre los 3.100 y 5.340 metros sobre el nivel del mar.
En sus reclamos al gobierno nacional, el presidente de la Federación de Párameros del Nororiente Colombiano le dijo a Caracol Radio que el Ministerio incumplió su compromiso de responder con soluciones efectivas al pliego de peticiones planteado en diciembre, y aseguró que “el Ministerio llegó con propuestas absurdas e inviables que no solucionan la grave problemática que enfrentamos”.
Esta Federación le exige a la autoridad ambiental derogar el artículo 206 del Código de Recursos Naturales a través del cual se define el concepto de área de reserva forestal, entendida esta como una “zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras – protectoras”.
Sandra Esquerra, asesora del despacho de la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, describió además que las otras peticiones de Arango y su Federación pretenden la derogatoria de la Resolución que delimitó el Páramo Sierra Nevada del Cocuy, y de la que adoptó en 2014 la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy y la cual cobija a 715.800 hectáreas de este páramo.
Esquerra hizo ver que las resoluciones de zonificación de las reservas forestales protectoras se usaron para preservar seis grandes masas de bosques en el país, y otros ecosistemas estratégicos de vital importancia, y fueron precursoras para la creación de los parques nacionales naturales.
La funcionaria resaltó que las medidas de delimitación y zonificación emprendidas por el Estado son producto de llamados formulados por las mismas comunidades campesinas preocupadas por el deterioro del ecosistema paramuno, y su vulnerabilidad frente a la incidencia de proyectos mineros y de hidrocarburos.
La asesora del Ministerio de Ambiente reiteró: “No es viable ni pertinente ni conveniente para el país derogar la delimitación de páramos ni las resoluciones de zonificación de las reservas forestales de Ley 2ª”, como lo pide la Federación de Párameros.
Se refirió luego al alcance de la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos, y al reconocimiento que la misma hace del campesinado como habitante histórico de ese territorio, a las garantías para su permanencia en la alta montaña y a su papel protagónico en el cuidado de los valores ambientales allí concentrados.
Sandra Esquerra, en nombre del Ministerio de Ambiente, insistió en que la delimitación del páramo no promueve el desplazamiento del campesino, y al tiempo resaltó las posibilidades otorgadas en la Ley para permitir la actividad agropecuaria sostenible y de bajo impacto en sectores ya intervenidos, siempre y cuando esta no se amplíe ni se afecte la funcionalidad del páramo.
Las propuestas del gobierno
En su entrevista con entreojos.co, la señora Esguerra expuso que la propuesta formulada por el Ministerio de Ambiente a los campesinos de El Cocuy consiste en avanzar en un proceso de zonificación participativa del área de páramo para entender dónde está la comunidad, qué actividades está realizando, dónde está mejor conservado el páramo y en dónde se requiere restauración ecológica.
“A partir de esta caracterización conjunta podemos hacer una zonificación de uso y manejo en el marco de lo que nos permite la legislación sobre páramos y la legislación sobre Ley segunda”, aseguró la asesora y añadió: “esta zonificación participativa sería la base técnica para modificar el marco normativo que prohibía la agricultura, antes de la Ley 1930 de 2018, y armonicemos la delimitación a esta nueva realidad jurídica, de manera que queden reglas claras para las comunidades y las entidades”.
Desde el Ministerio de Ambiente se propuso además que mientras se transita esta ruta conjunta, el gobierno se compromete a facilitar la oferta institucional para apoyar a los campesinos en el desarrollo de su actividad productiva a través de líneas de crédito, asistencia técnica, entrega de insumos y trámites para la formalización predial.
También se hizo referencia a lo previsto en la Ley de Páramos en cuanto a proyectos de reconversión y/o sustitución de actividades productivas, una tarea en la que deberá concretarse la articulación del gobierno nacional, la administración departamental, las alcaldías y las autoridades ambientales regionales.
Opiniones contrarias
Expertos en temas ambientales e integrantes de colectivos en defensa del páramo han cuestionado la exigencia de la Federación de Párameros del Nororiente Colombiano para que se derogue la resolución de delimitación del páramo El Cocuy.
entreojos.co conoció que los integrantes de los grupos de trabajo en páramos, conformados por pobladores rurales, académicos e integrantes de varias oenegés, están preparando una comunicación para fijar una posición al respecto.
Previo a su pronunciamiento oficial, algunos miembros de estos colectivos han desvirtuado los argumentos de la Federación frente a su requerimiento de dejar sin efecto las resoluciones del Ministerio de Ambiente y la Ley 1930 de 2018.
Felipe Rubio, biólogo y consultor en preservación de ecosistemas, difundió su posición al respecto y lo hizo a través de la red social Facebook en los siguientes términos:
“Es triste que desde posiciones radicales se distorsionen muchas decisiones que favorecen lo colectivo, lo público. Es claro que la Ley 1930 de 2018 (Ley de páramos) aboga por la protección del campesinado, está Ley aclara que NO se expropiara, que es claro que se necesitan transiciones agroecológicas, y el Estado debe actuar de forma articulada”.
Rubio agregó: “Hay que leer las leyes y no mal interpretarlas, es también obvio que varias leyes son inexactas e imprecisas, pero los que desdibujan la Ley 1930 de 2018, se aprovechan que la gente en Colombia no las lee”.
