El proceso de delimitación del páramo de Pisba avanza paso a paso, esta vez desde los municipios de Sácama, Támara y La Salina, en el departamento de Casanare, y Labranzagrande, en Boyacá.
Allí se realizaron las primeras mesas de concertación entre las comunidades locales, las administraciones municipales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Aunque estos municipios abarcan una porción menor del páramo si se comparan con otros como Socha, Socotá o Gámeza, su participación ha sido significativa.
Según voceros del Ministerio, los habitantes expresaron desde el comienzo su respaldo a la medida de protección y su disposición a participar en la delimitación.
“Estas comunidades valoran el agua que fluye desde Pisba hacia las cuencas de los ríos Cravo Sur y Pauto, de donde se alimenta gran parte de la Orinoquia”, explicaron desde el equipo técnico del Ministerio.
Los casanareños y los residentes del piedemonte boyacense, que viven cerca del páramo, conocen los riesgos que ha traído la explotación petrolera y, a la vez, la importancia de conservar las fuentes hídricas.
Uno de los casos más inspiradores, relató una funcionaria del Ministerio, es el de don Joaquín Castro Plazas, campesino de Labranzagrande, quien decidió proteger el fragmento de páramo que se encuentra dentro de su finca en la vereda El Tablón.
“Allí nacen los ojos de agua, y si se cuida el páramo, se cuida todo”, dice convencido.
En estas zonas de alta montaña la intervención humana es baja. No hay actividades agrícolas ni ganaderas intensivas, por lo que el Ministerio no prevé procesos de reconversión productiva. Las economías locales se desarrollan en las partes más bajas, lo que ha facilitado el consenso en torno a la conservación.
Sácama: una esquina del páramo bien cuidada
En el municipio de Sácama, que cuenta con 31.194 hectáreas de extensión, unas 1.800 corresponden al páramo de Pisba. Su secretario de Planeación, Óscar Javier Cuesta, explicó que el impacto de la delimitación allí es bajo porque “el páramo tiene una esquinita que está protegida; la gente no la toca”.
Según el funcionario, la comunidad de Sácama lleva años comprendiendo el valor ambiental de esa zona. “Desde hace mucho entendieron que esa área no se podía intervenir, que es vital para el suministro de agua hacia los municipios de la Orinoquia. Por eso pidieron al Ministerio señalizar los límites del páramo para saber con claridad qué se puede y qué no se puede hacer”.
Cuesta destacó que en el sector no hay actividad económica ni deterioro ambiental, y que el nivel de preservación es alto gracias a los controles ambientales y al trabajo de educación impulsado por las autoridades. “Hace años se extraía madera o se hacían quemas, pero eso ya no ocurre. Hoy hay conciencia”, afirmó.
El funcionario también resaltó que Sácama está próximo al páramo El Cocuy, lo que ha permitido una relación cercana con Parques Nacionales y otras instituciones que promueven la conservación.
“Nuestros campesinos tienen sus cultivos, ganados y sistemas silvopastoriles a más de 15 o 20 kilómetros del páramo, incluso con experiencias en cría de trucha y siembra de mora. Todo se hace lejos de la zona de reserva”, explicó.
El Ministerio, por su parte, se comprometió a promover capacitaciones en agricultura sostenible para fortalecer esas prácticas productivas y mantener la armonía con el ecosistema.
El reto de combatir la desinformación
La siguiente etapa de la delimitación del páramo de Pisba será más compleja. En municipios como Socha, Tasco y Socotá persisten temores frente a la delimitación, alimentados por la desinformación y los intereses mineros. Para ello, el Ministerio adelanta reuniones preparatorias con alcaldías, personerías y juntas de acción comunal para definir metodologías, cronogramas y mecanismos de diálogo.
La meta del Gobierno es contar con la resolución definitiva de delimitación antes de finalizar el actual periodo.
“Estamos avanzando lo más ágil posible, pero entendiendo que cada territorio tiene sus dinámicas. La delimitación no implica que los campesinos tengan que salir del páramo; la Ley 1930 de 2018 reconoce su papel como protectores de estos ecosistemas”, señalaron desde el Ministerio.
Más allá de los límites
Con la delimitación se abre la puerta a una gestión integral del páramo, que incluirá restauración ecológica, fortalecimiento de economías sostenibles y el diseño del Plan de Manejo del Páramo de Pisba, en el que deberán participar las comunidades, las alcaldías, la Gobernación de Boyacá y las CAR (Corpoboyacá y Corporinoquia).
El proceso se apoya en los estudios realizados por el Instituto Humboldt, que entregó en 2023 el insumo técnico a escala 1:25.000 que hoy sirve de base para el análisis y la concertación.
Para el Ministerio, los avances en Casanare y Labranzagrande son una señal alentadora: muestran que el diálogo y la información clara pueden abrir camino a la protección. Desde estas montañas donde nacen los ríos del oriente, los pobladores ratifican una verdad sencilla: sin páramo no hay agua, y sin agua no hay vida.
