“Nos hemos encontrado para cambiar radicalmente el modelo de país impuesto en las últimas décadas, el cual ha dejado a la naturaleza como víctima del mal desarrollo que violenta comunidades, despoja territorios, deja pasivos ambientales y sociales, y vulnera ecosistemas naturales, la salud, la biodiversidad y la vida de quienes los habitamos, humanos y no humanos”.
Así comienzan su reclamo al gobierno nacional los firmantes de esta declaración en la cual sindican al Estado de pretender implementar modelos económicos extractivistas y desarrollistas para justificar la recuperación económica post pandemia.
En su pronunciamiento reiteran la desconfianza generada por el fracaso de la mesa ambiental de 2019 en la que, como parte de la llamada ‘Conversación Nacional’, el presidente Iván Duque y su equipo de gobierno dispersaron la atención del país y desatendieron los reclamos formulados en ese momento.
“Le exigimos hoy al gobierno que no continúe imponiendo su visión, ahora a través de lo que ha denominado el “Gran diálogo”, con el que se mantiene oídos sordos a los cambios estructurales que millones de colombianas y colombianos estamos reclamando en las calles y en las ruralidades”, expresan en la declaración pública.
Además de ratificar su apoyo al paro nacional, consideran que cualquier escenario de diálogo entre los sectores populares y el gobierno nacional debe ser amplio, transparente, enmarcado en el respeto por el derecho fundamental a la vida, con garantías reales al desarrollo de la protesta.
A renglón seguido denunciaron excesos de la fuerza pública, responsable, según su sindicación, de la muerte “de 52 personas, 435 desaparecidos, 15 casos documentados de violencia sexual y 1.365 detenciones arbitrarias en todo el país, según datos de la campaña Defender La Libertad”. Lamentaron asimismo “el uso de la violencia por parte de algunos manifestantes que ha dejado víctimas en la fuerza pública, compuesta en su mayoría por jóvenes humildes a quienes el país les ha negado otras oportunidades”.
A partir del pliego de exigencias formulado en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, los delegados de las 143 organizaciones sociales y ambientales resumieron sus pretensiones en ocho puntos las cuales consideran “deben ser ajustadas a las dinámicas y conflictos ambientales locales y los espacios de incidencia que se tengan en departamentos y municipios de acuerdo con las formas de movilización social que se den en cada territorio”.
Las reivindicaciones planteadas en esta declaración pública son las siguientes:
1. Proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientales que vienen siendo amenazados, atacados y asesinados por su legítima labor de cuidar y proteger la naturaleza en el país, y que según Global Witness, Colombia lidera la cifra de ambientalistas asesinados. Exhortamos además al Congreso a la ratificación del Acuerdo del Escazú, enredado por la nula voluntad política del gobierno Duque y sus partidos aliados.
2. Prohibir la aspersión de glifosato sobre cultivos denominados de uso ilícito, garantizando la implementación de los puntos 1. Reforma Rural Integral y 4. Sustitución de cultivos de uso ilícito del Acuerdo de Paz, que permitan la dignificación de la labor y los proyectos de vida de quienes trabajan la tierra para la seguridad y soberanía alimentaria, a partir de prácticas agroecológicas, protegiendo las semillas como bienes comunes y reconociendo la Declaración de los Derechos de los Campesinos.
3. Detener de manera urgente la deforestación y frenar su principal foco de avance en la Amazonia. Evitar la expansión de la frontera agropecuaria, el latifundio, la agroindustria o agronegocio de palma africana y otros hacia áreas protegidas (jurídicas como comunitarias), sin que eso implique la militarización de las zonas de protección ambiental y la criminalización del campesinado.
4. Declarar una moratoria a los proyectos de megaminería en el territorio nacional, como los que se pretenden hacer en el Suroeste Antioqueño, el Páramo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Macizo Colombiano y Cajamarca (Tolima), que generan impactos irreversibles, acumulativos y a perpetuidad como los que se viven actualmente en la explotación de carbón en La Guajira y Cesar ante el inminente cierre.
5. Prohibir el fracking, la explotación de yacimientos no convencionales y de nuevos yacimientos costa afuera; sustituir en el corto plazo la explotación de combustibles fósiles y detener la construcción de nuevas termoeléctricas para avanzar hacia una transición energética justa como medida urgente ante la emergencia climática.
6. Respetar la consulta previa, libre e informada y las consultas populares como mecanismos legales y legítimos de participación, autonomía territorial y decisión de las comunidades sobre el destino de sus territorios.
7. Garantizar la protección integral del agua como bien común, sus cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos (humedales, ciénagas, ríos, océanos, glaciares, páramos, etc.) desde la autogestión territorial, fortaleciendo los acueductos comunitarios como organizaciones claves en el entramado social, histórico y cultural en torno al agua.
8. Desescalar el avance de megaproyectos hidroeléctricos, de turismo, navegabilidad, puertos e infraestructura, que puedan impactar negativamente los ecosistemas y las comunidades de su entorno.
