Reinel González Quiroga, integrante del Colectivo Ambiental ‘Por Fúquene todos en Acción’. Foto: Secretaría de Educación de Boyacá.

Es urgente fortalecer a la Procuraduría Ambiental de Boyacá

El debilitamiento de la entidad pone en riesgo la vigilancia de los conflictos ambientales en el departamento.

Por Reinel González Quiroga

Colectivo Ambiental ‘Por Fúquene todos en Acción’

Es lamentable para los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander que la Procuraduría General de la Nación liderada por la doctora Margarita Cabello, y su delegado ambiental, hayan debilitado tanto la capacidad de acción de este organismo de control en materia ambiental y agraria en Boyacá, con la reducción de funcionarios judiciales con graves consecuencias en materia ambiental.

Consideramos que las realidades ambientales y los conflictos socio – ambientales en el territorio boyacense y la región exigen fortalecer y no debilitar la acción de este organismo de control que en la administración del doctor Fernando Carrillo y su delegado ambiental, el Diego Trujillo Marín – hay que reconocerlo – estaban adelantando procesos de transformación en la Laguna de Fúquene, Lago de Tota y los municipios de la Provincia de Ubaté, para buscar restaurar y conservar nuestras fuentes hídricas y los ecosistemas de la mano con las comunidades y las autoridades ambientales.

Tenemos la más alta consideración y aprecio por la doctora Alicia López Alfonso, como Procuradora Judicial y Agraria en Boyacá, quien adelantó una defensa jurídica frontal para declarar el Lago de Tota y la Laguna de Fúquene como “sujetos de derechos” buscando su protección y restauración como camino seguro para las nuevas generaciones que emergen en estas cuencas.

Valoramos el trabajo de acompañamiento que ha adelantado en las instituciones educativas del departamento con los niños y niñas para darles a conocer normas jurídicas para actuar en defensa de nuestros ecosistemas, y su participación importante en numerosos foros hídricos; pero reconocemos que infortunadamente hoy le ha tocado asumir una carga mayor por reducción de funcionarios.

El tema de los rellenos sanitarios, de la minería en Moniquirá y destrucción de la biodiversidad de flora y fauna en la Serranía del Peligro, la minería en el occidente del departamento, y el estado de la Laguna de Fúquene y el Lago de Tota exigen fortalecer la Procuraduría Ambiental y Agraria para proteger el Patrimonio Natural en Boyacá y toda la cuenca de Fúquene y el río Suárez.

Hoy nos duele que la acción de la Procuraduría General de la Nación en materia ambiental se vea limitada con la reducción de funcionarios judiciales en nuestro Departamento de Boyacá y esperamos que el nuevo Procurador General de la Nación, doctor Gregorio Eljach, retome el rumbo que en materia Ambiental y Agraria tenía este ente de control, por el bien de nuestro Patrimonio Natural, el futuro de la economía regional y la supervivencia de los niños y niñas en nuestras cuencas.

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