A pesar del incremento de las temperaturas, de la alteración en el régimen de lluvias y del descongelamiento de los glaciares en la Sierra Nevada de El Cocuy, Güicán y Chita, ni el Ministerio de Ambiente ni las autoridades de Boyacá conocen la magnitud del cambio climático en el departamento.

A la fecha no se tiene un diagnóstico de la manera como el calentamiento global ha impactado a sus ecosistemas y a sus sistemas de producción agropecuaria de los cuales depende la subsistencia alimentaria de su población.

Tampoco se tiene una proyección consolidada a nivel departamental de lo que la crisis del clima podría provocar en materia de emergencias por inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales o incendios forestales en los próximos años.

Así lo confirmó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, Germán Bermúdez Arenas, quien señaló que esta información solo se encuentra consignada de manera puntual en los planes de gestión del riesgo de los municipios y en los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas.

Agregó que su dependencia trabaja en la actualización del Plan Departamental de Gestión del Riesgo, documento que le permitiría a los municipios y a las autoridades ambientales emprender “acciones de conocimiento y reducción del riesgo asociado a los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos atribuibles al cambio climático”, como los define el Ministerio de Ambiente.

Los únicos datos regionales disponibles sobre el panorama del departamento en esta materia son los que aportó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) a través de la III Comunicación de Cambio Climático. Allí se anticipa que entre 2011 y 2100 la temperatura de Boyacá podría subir 2,4 grados centígrados.

Una fórmula para subsanar este vacío de información la dio en 2018 el Gobierno Nacional a través de la Ley 1931 que estableció las directrices para la gestión del cambio climático y el diseño de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales (PIGCCT).

Boyacá, con el 17,8 por ciento de los páramos de Colombia y con una variedad de ecosistemas altamente vulnerables, es uno de los departamentos más atrasados. Tolima, Huila, Cundinamarca, Bogotá y Casanare llevan la delantera.

El director de Gestión del Riesgo de Boyacá informó que de acuerdo con el cronograma previsto, la Gobernación contratará con la universidad pública de Boyacá, la UPTC, la formulación del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial que podría estar listo a finales de 2020. Esta demora impide que sus recomendaciones puedan ser incluidas en los planes de desarrollo del gobernador y de los alcaldes que serán elegidos en octubre próximo y que administrarán el territorio de 2020 a 2023.

Ante el interrogante sobre las amenazas a las que se enfrenta Boyacá, la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de ese ministerio se remitió a la tercera comunicación de cambio climático para responder a entreojos.co que el departamento se encuentra en amenaza alta para la dimensión de seguridad alimentaria y muy alta en relación con la vulnerabilidad y el riesgo del recurso hídrico y la biodiversidad.

El Ministerio admitió que la información específica para Boyacá no está disponible aún dado que no se cuenta con el Plan de Cambio Climático Territorial y que eso le impide hacer el respectivo seguimiento.

Juan Carlos Salas, director de la Fundación Ecohumana e integrante del Nodo Departamental de Cambio Climático, atribuye el rezago de Boyacá a la desarticulación institucional y a la duplicidad de acciones entre el Nodo de Boyacá y el Comité Departamental de Cambio Climático que funciona al interior de la Gobernación. Las dos instancias se crearon en julio de 2017, con un día de diferencia, y de acuerdo con lo expresado por Salas no ha sido posible que unifiquen tareas y acciones.

Esta situación se ve reflejada además en la planeación de la gestión ambiental. Salas estima que el Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial debió ser un insumo esencial para la actualización que en 2018 se hizo de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (Pomca).

Ni los Pomca ni los planes de desarrollo de los próximos gobernantes dispondrán de un detallado análisis de vulnerabilidad ni de un inventario de gases de efecto invernadero (GEl) regionales que conduzca a definir acciones de adaptación y de mitigación en los 123 municipios de Boyacá. “Estos quedaron como una rueda suelta frente a la Política Nacional de Cambio Climático”, aseguró Salas.

Pese a no existir un Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial para Boyacá, las corporaciones reportaron la ejecución de proyectos orientados a mitigar los efectos del cambio climático. Corpoboyacá, una de las cuatro autoridades ambientales con influencia en el departamento, destacó, por ejemplo, varias acciones:

La conformación del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) que reúne a 4 Parques Nacionales Naturales, 13 Áreas Protegidas Regionales, 14 Sistemas Municipales de Áreas Protegidas y 47 Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

Reconversión de hornos artesanales para la producción de materiales de construcción y erradicación de otros similares. Esta medida permitió reducir en 130 mil toneladas las emisiones de CO2, según datos de 2017 certificados por Icontec.

Definición de la ronda de protección ambiental, de la cota máxima de inundación y de alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del río Chicamocha.

Investigación ‘Suelos de los páramos de Boyacá’ que busca establecer la capacidad de estos ecosistemas en la captura de carbono. Este estudio se realizó a partir de una alianza entre Corpoboyacá y la UPTC.

La Gobernación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, refirió otras iniciativas dirigidas a proteger los ecosistemas y a adaptar al territorio a las variaciones del clima. Dentro de ellas destacó:

La estrategia denominada Boyacá Bio que con recursos de Colciencias ejecuta proyectos de investigación, ciencia y tecnología encaminados a identificar el potencial y las posibilidades de la biodiversidad del departamento.

El impulso a campañas de reforestación en varias regiones que ha permitido, según datos oficiales, la siembra de 69 mil árboles en tres años.

El desarrollo del programa de Mercados Verdes a través de jornadas de capacitación a emprendedores y la realización de ferias para la exhibición y comercialización de sus productos.

El apoyo a Chita y Paya, tres de los 123 municipios de Boyacá, para la instalación de sistemas de energía fotovoltáica; y a Tópaga para la formulación de su Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial.

La creación de la Mesa Técnica Agroclimática que busca capacitar a las comunidades campesinas para identificar las consecuencias del cambio climático en el área rural. Este proyecto se ejecuta en alianza con la petrolera Maurel & Prom y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Desde la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) consideran que toda su gestión institucional está orientada a reducir los daños que provoca el calentamiento global. La entidad enumera una variedad de acciones de mitigación y adaptación entre las que se subrayan las siguientes:

Formulación, ajuste y seguimiento de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y de los planes de manejo ambiental de las microcuencas.

Asesoría a los municipios para la incorporación de las determinantes y los asuntos ambientales en sus planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial.

Generación de conocimiento de riesgo de desastres y de labores de mitigación y adaptación en los 25 municipios que hacen parte de su jurisdicción.

Corpochivor ha determinado además que al menos 10 municipios a su cargo presentan amenaza alta y mayor riesgo a fenómenos como el niño o la niña.

Otro intento por avanzar hacia iniciativas de resistencia a la variación climática y a la subida de la temperatura es el que se emprendió en municipios como Tópaga y Monguí, localidades de la provincia de Sugamuxi.

Las autoridades de Tópaga alcanzaron a aprobar su Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial que incluyó la formulación de proyectos para la adopción de energías renovables, el uso de estufas ecoeficientes, restricciones al uso de juegos pirotécnicos y la reducción de desechos , sin embargo, el alcalde Frankly Orduz expresó su desilusión porque la falta de recursos y de apoyo de su comunidad impidió materializar las iniciativas previstas.

En Monguí se avanzó en el ordenamiento del ecoturismo con la adecuación de un sendero hacia el Parque Regional Natural Siscunsí - Ocetá. En el reporte de logros se mencionó la siembra de 4.500 árboles, la contratación de guardapáramos, la ejecución de un proyecto de restauración forestal activa y pasiva, la compra de predios destinados a la conservación y las acciones para la erradicación del retamo espinoso, una especie invasora que lesiona al ecosistema de páramo. Estas acciones se ejecutan en convenio con la Gobernación, Corpoboyacá y la Región Central.

Tópaga y Monguí hacen parte además de un proyecto auspiciado por la organización internacional ICLEI-Gobiernos Locales por la Sostenibilidad que se denomina Región Funcional Territorial de la Cuenca Media del río Chicamocha para la lucha frente al Cambio Climático, de la que además hacen parte otras localidades vecinas como Gámeza, Corrales, Beteitiva, Buzbanza y Floresta.

Quizá el único esfuerzo por evaluar el estrés del clima en Boyacá es el que se ejecuta en la cuenca del Lago de Tota y que se denomina Proyecto de Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA). Este es ejecutado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) y el Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF) en coordinación con el Ministerio de Ambiente y el Ideam gracias a los recursos aportados por el Global Environment Facility (GEF).

En el marco de este proyecto se revisan las condiciones climáticas e hidrológicas que se han venido presentando en el Lago de Tota, y a partir de allí se elaborarán los escenarios de lo que podría pasar con el clima en el territorio en un futuro cercano.

Miguel Vera Lugo, responsable del proyecto AICCA, expresó que esta información es muy importante para tomar decisiones de planeación, gestión del riesgo y de desarrollo de actividades agroecológicas y productivas en la región.