En una carta dirigida al jefe de Estado, 34 parlamentarios de la oposición exigieron del gobierno nacional garantías para las personas y movimientos que han expresado su rechazo a los pilotos de fracturamiento hidráulico para la extracción de gas y petróleo en varias regiones del país.
Los dirigentes acogieron el pedido de la Alianza Colombia Libre de Fracking y de jóvenes pertenecientes al Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (AguaWil), quienes denunciaron actos de intimidación por parte de hombres armados que les prohibieron su activismo social en Puerto Wilches (Santander). A esto se añade la actuación de miembros de la Policía Nacional de esa población quienes retiraron afiches con la inscripción ‘No al Fracking en Puerto Wilches’, de acuerdo con su testimonio.
“Estos hechos se suman a otras amenazas y ataques contra organizaciones de la Alianza Colombia Libre de Fracking en Barrancabermeja, Santander, y San Martín, Cesar, que ponen en grave riesgo la vida e integridad de activistas ambientales en el Magdalena Medio”, señalaron los congresistas en su comunicación al presidente Iván Duque Márquez.
En su misiva le plantean un dilema ético entre el bienestar de las poblaciones, sus vocaciones productivas, la protección de los recursos naturales y la limitada acción estatal para garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personales de quienes cuestionan el actual modelo de desarrollo; y las garantías y licencias otorgadas por el gobierno a multinacionales petroleras y del carbón como Ecopetrol, Drummond, Tecpetrol y Exxon Mobil.
“Estamos, señor Presidente, ante un conflicto social y ambiental complejo que enfrenta a partes muy desiguales, y que demanda acciones urgentes del Estado para hacer respetar la ley y garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personales de quienes cuestionan un modelo de desarrollo basado en este tipo de extracción de recursos”, plantearon los firmantes de la carta al presidente. Los mismos pidieron con urgencia a Duque lo siguiente:
– Se proteja efectivamente la vida, seguridad e integridad de las personas integrantes de Aguawil, sujetos de especial protección, en su calidad de jóvenes.
– Se exija a la Fiscalía General de la Nación la priorización para investigar a los autores intelectuales y materiales de las amenazas, el esclarecimiento de los hechos y la judicialización efectiva de los responsables.
– Se protejan efectivamente los derechos a la movilización pacífica y a la oposición de los integrantes de Aguawil, a fin de que se garantice un entorno seguro para el libre ejercicio de su labor.
– Se exija a Ecopetrol, en su calidad de operadora del proyecto piloto en Puerto Wilches, garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las etapas de implementación de dichos proyectos, en aplicación coherente y eficaz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) de 2011 que como empresa mayoritariamente estatal le corresponde.
Por su parte los integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking hicieron un llamado al presidente Iván Duque para que “se suspendan de inmediato los proyectos piloto como medida urgente para salvaguardar los valores democráticos, la vida de estas y los integrantes del Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (AguaWil) , y de quienes en Puerto Wilches y la región del Magdalena Medio se oponen a la imposición del fracking”.
