Francisco Cipagauta es el abogado que, mediante acciones jurídicas, le ha pedido a la justicia intervenir para que la Alcaldía de Socha cumpla el artículo 306 del Código de Minas.
Esa norma instruye a los alcaldes a suspender, en cualquier momento, la explotación de minerales que no cuente con título inscrito en el Registro Minero Nacional.
Cipagauta ha acudido a acciones legales dada su preocupación frente a lo que ocurre en el páramo de Pisba por cuenta de la minería ilegal.
La decisión judicial más reciente, publicada por Caracol Radio el 20 de octubre, corresponde al Juzgado Primero Administrativo de Duitama, que requirió al alcalde Óscar Antonio Hurtado Carvajal para que presente las pruebas del cierre definitivo de las bocaminas ilegales en la vereda Curital.
Cipagauta afirmó que, pese a las reiteradas órdenes judiciales, los alcaldes de Socha, incluida la hoy senadora Zandra Bernal, y el actual mandatario no han cumplido.
Recordó la reunión del 8 de junio de 2023, en el coliseo de ese municipio, con la presencia de la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad; Corpoboyacá, la Policía y el Ejército, en la que el minero Carlos Granados les dijo a las autoridades que no se saldrían de El Curital.
Según el abogado demandante, el minero tenía razón: tres años después siguen allí. Añadió que, a su juicio, para entonces ya existía una sentencia que ordenaba al alcalde aplicar el artículo 306
En aquella ocasión, la ministra Muhamad señaló que tenía indicios de la participación de organizaciones criminales en la explotación de carbón en el páramo y se comprometió a emprender acciones para combatirla.
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Cipagauta describió al Juzgado Primero Administrativo de Duitama como el que más se ha acercado a una solución.
En su relato mencionó que el alcalde Oscar Hurtado ha respondido con argumentos como la falta de policía, de recursos y de acompañamiento institucional para ejecutar la medida, y que el juzgado ha desvirtuado esas “barreras insuperables”.
Sobre la protesta minera
A propósito de la manifestación del lunes pasado, Franciso Cipagauta consideró necesario investigar el origen de los recursos que financian la minería en El Curital pues en su opinión es dinero que circula en Socha pero que no pasa por bancos, ni genera impuestos.
Se refirió además a las cerca de dos mil personas que podrían estar trabajando en la zona en condiciones de riesgo, sin seguridad social ni asignaciones salariales dignas, así como la falta de control institucional para verificar la ocurrencia de accidentes al interior de los socavones.
Sobre Corpoboyacá, afirmó que antes el personal de la entidad verificaba coordenadas y cerraba minas, pero que ahora, según él, la entidad dice que, si el alcalde no actúa, tampoco ellos lo harán.
Consultamos a la autoridad ambiental para contrastar esta declaración, sin embargo, al cierre del artículo no se había dado una respuesta a la solicitud de información.
El páramo y quiénes resultan afectados
Respecto de la petición de formalización de la minería en El Curital como lo solicitan los mineros, el alcalde y el gobernador Carlos Amaya, en declaraciones a entreojos.co, Cipagauta afirmó que ese sector está técnicamente en zona de páramo, “totalmente”.
Describió que la minería existe allí desde hace mucho tiempo, pero que se incrementó con el aumento internacional del precio del carbón en los últimos diez años.
Reconoció que por la deforestación histórica y la escaza vegetación nativa asociada a la intervención minera, podría considerarse que el suelo ya no cumple funciones de regulación hídrica, pero, señaló que: “un páramo no se define solo por la presencia o ausencia de frailejón. El subsuelo y las rocas siguen actuando con un filtro”.
Según el abogado, los afectados son las comunidades alrededor del páramo de Pisba y las que se benefician de sus servicios ecosistémicos, que llegan hasta la estrella fluvial del río Cravo Sur y la cuenca del Orinoco.
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Miedo entre quienes defienden el agua
Francisco Cipagauta dijo sentirse en riesgo y haber recibido alertas sobre posibles amenazas en contra de su integridad por la persistencia de sus denuncias.
Mencionó que, en una reunión celebrada en Paz del Río, un minero habría dicho que, si no se resolvían sus reclamos de formalización tendrían que “eliminar al abogado que ha presentado las demandas».
Afirmó que las comunidades de los acueductos rurales que toman agua de nacimientos del páramo ni siquiera pueden manifestarse por temor a las intimidaciones de las que han sido objeto.
Confió en que las autoridades departamentales y nacionales, incluidas Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, actúen contra la minería ilegal, la protección del páramo y de quienes han levantado la voz para defenderlo.
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