La participación es fundamental en los procesos de reconstrucción del tejido social. Esa fue la principal conclusión del conversatorio ¿Cómo superar la conflictividad local en el posconflicto? que tuvo lugar en Tunja el pasado 28 de abril y que permitió conocer iniciativas de resiliencia en el departamento de Boyacá.
Juan Urbano fue uno de los invitados al evento organizado por el proyecto Colombia 2020 del periódico El Espectador, y como presidente de la Fundación Red Agro, que aglutina a productores de cacao de 10 municipios del Occidente de Boyacá, fue enfático en reiterar que las comunidades no se pueden quedar esperando la ayuda del Estado para materializar sus propuestas de desarrollo.
“El progreso y el bienestar está en manos de la gente y hay que empezar dando el primer paso”, dijo Urbano al describir el proceso que desde 2002 iniciaron los campesinos de la zona cuando decidieron dejar la coca y volver a los cultivos tradicionales, a la legalidad.
Y aunque Urbano reconoce los esfuerzos del gobierno nacional para respaldar a su sector, brindar seguridad e invertir en las vías como la transversal de Boyacá, recuerda que él mismo estuvo en la mira de las autoridades por cultivar coca y que cuando regresó a la legalidad la ayuda inicial fue mínima.
Doce años después el empeño de los productores se ve reflejado en las 10 organizaciones que integran la Fundación, que en 2016 le aportaron 1.052 toneladas de cacao a la producción nacional; y en el bienestar que hoy experimentan las 1.267 familias vinculadas al cultivo y al procesamiento del producto.
Comunidad protagonista
“La reconciliación debe tener como eje central la participación ciudadana”, con ese argumento Luis Fernando Echavarría Estrada, coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizando de la Fundación Paz y Reconciliación, planteó la necesidad de que la comunidad sea protagonista en la fase del posacuerdo.
Echavarría sostuvo que tanto el Estado como las Farc y otros actores que decidan actuar desde la legalidad deben entender las necesidades y las capacidades de los campesinos y los ciudadanos, de lo contrario los procesos de reconciliación van a ser incompletos.
El experto hizo énfasis en que esa participación debe ser activa, no de validación, de firmar unas hojas de asistencia, y eso implica que los ciudadanos puedan intervenir en la definición de las metodologías de trabajo para que estas se ajusten a las realidades de los territorios.
El coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizando de la Fundación Paz y Reconciliación valoró el liderazgo de los campesinos del Occidente de Boyacá para superar los rigores del conflicto y reinventarse a través de la agricultura sostenible; el empeño de la personera de Ventaquemada, Clara Liliana Saraza, por promover la ética en el actuar de los defensores públicos; y los propósitos de la Corporación Boyapaz para que el desarrollo integral llegue, por fin, a la zona esmeraldera del departamento.
Gobernanza participativa, la clave
Sonia Pabón es la directora ejecutiva de la Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental (Cordepaz), organización que durante 17 años ha aportado a la reconciliación en el departamento del Meta.
Con un equipo interdisciplinario de técnicos y profesionales, Cordepaz ha logrado permear el concepto de la gobernanza participativa en 13 de los 29 municipios de esa región del país, y eso significa que tanto los gobernantes como las comunidades comprendan la importancia de trabajar articuladamente para asegurar el impacto de los programas de desarrollo.
El argumento de Sonia Pabón y de la Corporación es que en la formulación de los planes de desarrollo y de los procesos de ordenamiento territorial intervengan activamente las comunidades, al fin y al cabo son ellos quienes habitan los territorios y tienen un conocimiento real de lo que allí sucede y de lo que necesitan. Así se ejerce la gobernanza participativa.
La iniciativa ha permitido que además de los líderes comunales, a los procesos de capacitación asistan candidatos a cargos de elección popular que ven en esta metodología representativa una forma de asumir y resolver concertadamente los conflictos locales y en ese diálogo debe participar también la academia y los empresarios.
“Es, en muchas ocasiones, un diálogo de improbables en el que las posiciones iniciales puede ser contrarias pero que luego de una conversación franca y abierta el resultado puede ser un gana-gana”, puntualizó Sonia Pabón.
Un nuevo diálogo
“La institucionalidad debe prepararse para que a través del diálogo puedan resolverse los conflictos que hacen parte del posconflicto”, aseguró Pedro Pablo Salas, asesor de Paz de la Gobernación de Boyacá
Salas explicó que en los territorios hay muchos conflictos sociales vinculados a la confrontación armada, a la explotación de los recursos naturales y a la conservación y acceso a bienes tan preciados como el agua, y que las entidades del Estado deben prepararse no para repeler sino para encontrar soluciones concertadas.
“Debe haber una cooperación entre la comunidad y el Estado para construir un nuevo proyecto social que sea envolvente, no pueden formularse e implementarse políticas públicas que no tengan como eje central a las comunidades. Es mejor tener comunidades que se estén pensado en colectivo que de manera individual”, concluyó el funcionario.
El Asesor de Paz de Boyacá subrayó los aportes de la administración departamental en esa materia, y dijo que con la presencia del gobernador, Carlos Andrés Amaya, se ha intervenido a través del diálogo en conflictos tan severos como el paro camionero de 2016 y el cierre del Parque Nacional Natural El Cocuy.
