En una carta dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le envió un mensaje contundente: “la protección del ambiente debe asumirse como una prioridad de derechos humanos”.
El pronunciamiento acompaña el documento ‘Decisiones Impostergables en Derechos Humanos’, construido por la Defensoría del Pueblo a partir de su presencia en los territorios, el seguimiento a las alertas sobre vulneraciones y el diálogo permanente con comunidades urbanas, rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas.
La propuesta identifica cuatro desafíos estratégicos para el país: la desigualdad estructural, la violencia y la paz, la degradación ambiental y la reforma rural integral.
Desde la perspectiva ambiental, el mensaje de la Defensoría resulta especialmente relevante en un contexto marcado por el aumento de la deforestación en varias regiones del país, la expansión de economías ilegales sobre ecosistemas estratégicos, los efectos cada vez más visibles del cambio climático y los riesgos que enfrentan quienes defienden los territorios.
El ambiente como un derecho humano
En su comunicación al mandatario electo, Iris Marín solicita abrir un espacio de trabajo con el equipo de empalme para presentar las recomendaciones de la entidad.
Entre ellas destaca el eje denominado ‘Degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza, uno de los cuatro pilares que, según la Defensoría, deberán orientar las decisiones del próximo gobierno.
La propuesta parte del principio de que “proteger la naturaleza implica proteger los derechos de las personas que dependen de ella para garantizar su vida, su salud, el acceso al agua, la alimentación y sus medios de subsistencia”.
Por ello, el documento recomienda fortalecer las acciones contra la deforestación y la minería ilegal, mejorar la gestión del riesgo con enfoque de derechos humanos y avanzar en instrumentos normativos que reconozcan el desplazamiento forzado por causas ambientales y brinden mayores garantías a las comunidades afectadas por el cambio climático.
Un llamado para quienes protegen los territorios
Aunque la carta tiene un carácter institucional, el mensaje adquiere un significado especial para las organizaciones sociales y ambientales que desde hace años advierten sobre la presión que enfrentan los ecosistemas y quienes los defienden.
La Defensoría ha insistido en que la protección de líderes y lideresas ambientales no puede desligarse de la defensa de los derechos colectivos ni de la conservación de los territorios donde desarrollan su labor.
Su propuesta plantea que la gobernabilidad del país dependerá también de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad y participación a las comunidades que cuidan bosques, páramos, ríos y otras áreas estratégicas.
Un mensaje que trasciende el cambio de gobierno
Más que una agenda ambiental, el documento propone incorporar la protección de la naturaleza dentro de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.
La Defensoría sostiene que estas recomendaciones no responden a una posición política sino al conocimiento acumulado por la institución en los territorios, donde confluyen conflictos ambientales, pobreza, violencia y disputas por el acceso a la tierra.
Por esa razón, la entidad solicitó una reunión con el equipo de transición del presidente electo para presentar formalmente estas recomendaciones y abrir un canal permanente de diálogo institucional alrededor de los cuatro ejes definidos en el documento ‘Decisiones Impostergables en Derechos Humanos’.
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