Tras la fallida reunión del pasado 30 de enero en El Cocuy, el Ministerio de Ambiente reiteró que no es viable derogar las normas que protegen el páramo Sierra Nevada del Cocuy, especialmente la que define su delimitación, pese a la exigencia de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano.
Así lo afirmó Natalia Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, al señalar que el Gobierno insistirá en un camino de participación amplia, ordenamiento participativo y protección ecosistémica, sin dejar vacíos jurídicos que pongan en riesgo uno de los complejos de páramo más importantes del país.
En entrevista con entreojos.co, Ramírez subrayó que el reto del Ministerio no es negociar con un solo actor, sino garantizar una participación pública, abierta e incidente con todos los sectores interesados, incluidos colectivos ambientales, comunidades indígenas, academia y autoridades territoriales. “No es solo con uno de los actores con los que se han hablado, es con todos”, enfatizó.
Ajustes participativos en la Ley Segunda
Uno de los puntos centrales del desacuerdo con la Federación es la exigencia de revocar la Resolución 1405 de 2018, que delimitó el páramo, y la Resolución 1275 de 2014, que zonificó la reserva forestal de Ley 2ª. Frente a ello, el Ministerio fue categórico: la resolución de delimitación del páramo no puede ser revocada.
Natalia Ramírez explicó que ese acto administrativo está siendo evaluado judicialmente, pues cursa una acción de nulidad, y que, además, no es jurídicamente posible dejar al páramo sin un instrumento de protección, ya que ello abriría la puerta a actividades expresamente prohibidas por la ley, como la minería y los hidrocarburos.
“No podemos permitir que este ecosistema quede sin ningún acto administrativo de protección”, reiteró.
Distinto es el caso de la zonificación de la reserva forestal. Allí, el Ministerio sí ha planteado derogar la resolución vigente y expedir una nueva, construida de manera participativa en territorio, que reconozca la agricultura campesina, familiar y comunitaria cuando se realiza de forma sostenible y bajo buenas prácticas.
Ordenar sin expulsar
Según la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la propuesta del Ministerio de Ambiente parte de una premisa clara: el campesinado es sujeto de especial protección constitucional y sus actividades pueden ser compatibles con la conservación, siempre que se gestionen bajo criterios de sostenibilidad.
En ese sentido, el Ministerio propone pasar de un enfoque rígido de zonas a uno basado en acciones integrales, sustentadas en análisis prediales y regionales, con liderazgo del Ministerio y coordinación interinstitucional.
El proceso incluye recorridos en campo, validación comunitaria y un mapa indicativo, que, según la funcionaria, ya ha tenido un 98 % de coincidencia con las actividades reales en territorio en municipios como El Cocuy, Güicán, Chiscas, El Espino y Guacamayas.
“El mapa es un instrumento dinámico, que se va ajustando a medida que avanzan los pilotos y los acuerdos locales”, explicó, insistiendo en que el Estado no puede renunciar a su obligación legal de ordenar el territorio, pero sí debe hacerlo de forma concertada.
Diálogo abierto
Sobre las recusaciones planteadas públicamente por la Federación contra ella y contra el asesor del despacho ministerial, Jairton Díaz, Ramírez aclaró que no existe, hasta ahora, ninguna recusación formal presentada conforme a los requisitos de ley. No obstante, aseguró que el Ministerio respeta ese derecho y que cualquier solicitud será tramitada con transparencia y debido proceso.
La funcionaria defendió además la trayectoria de los equipos técnicos del Ministerio y rechazó que su experiencia en la construcción de normas ambientales pueda ser usada como argumento para excluirlos del diálogo.
“Esto no debería ser un obstáculo para seguir con las mesas”, afirmó, recordando que desde agosto de 2025 se han realizado más de ocho espacios de diálogo, con cerca de 800 personas convocadas, autoridades ambientales, academia y organizaciones sociales.
Más participación
Frente a las críticas de colectivos ambientales, la Nación U’wa y organizaciones como el Grupo de Trabajo en Páramos (GPT), que han advertido un posible sesgo a favor de la Federación, La directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente aseguró que el Ministerio ya está programando nuevos espacios de interlocución con estos actores.
Indicó que las propuestas normativas han sido publicadas dos veces para comentarios públicos, presentadas en mesas abiertas y transmitidas por plataformas digitales, como garantía de transparencia.
“Este Gobierno garantiza que la participación sea equilibrada, pública y abierta”, sostuvo.
El mensaje final del Ministerio fue: “Aunque hay voluntad política para ajustar instrumentos, reconocer actividades campesinas sostenibles y fortalecer la gobernanza territorial, no hay margen para desmontar la protección del páramo».
Para el Gobierno, el camino no pasa por ultimatums ni por presiones, sino por planes de manejo, financiamiento adecuado, articulación institucional y construcción colectiva.
