La discusión sobre los proyectos financiados con recursos de regalías en ecosistemas estratégicos de Boyacá recibió una respuesta oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Las iniciativas en cuestión son los proyectos para la conservación del Parque Natural Regional Pan de Azúcar–El Consuelo, y la gestión ambiental en el páramo de Tota–Bijagual–Mamapacha, que en conjunto suman más de 35 mil millones de pesos provenientes de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías (SGR).
Su ejecución ha sido objeto de cuestionamientos por parte de colectivos ciudadanos, que pidieron suspender giros y revisar la viabilidad de varias actividades previstas en territorios de alta fragilidad ecológica.
En su respuesta, el Ministerio no se desmarcó del proceso de aprobación. Por el contrario, explicó que los proyectos fueron evaluados dentro del esquema formal de convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20 % del mayor recaudo del SGR.
Según la entidad, esta evaluación se realiza mediante un panel interdisciplinario de expertos del propio Ministerio, conformado por profesionales de distintas áreas técnicas, entre ellas la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
Ese panel analiza los proyectos bajo criterios cuantitativos y cualitativos definidos en los términos de referencia de la convocatoria y emite un concepto consensuado sobre su viabilidad.
La cartera ambiental insiste en que el diseño del proceso busca garantizar imparcialidad, rigor técnico y transparencia, bajo lo previsto en el Decreto 1821 de 2020, que reglamenta el funcionamiento del sistema de regalías.
En otras palabras, los proyectos superaron una evaluación técnica institucional dentro de un procedimiento competitivo y reglado, que era uno de los temas cuestionados por los veedores ambientales. En opinión de estos actores, los proyectos no habían pasado por la revisión de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio, sino por el Departamento de Planeación de esa entidad.
Instrumentos que avalan inversiones
Pero más allá del procedimiento, el Ministerio también precisó cuáles son los instrumentos normativos que, a su juicio, respaldan la inversión en estos territorios.
En el caso del Parque Natural Regional Pan de Azúcar–El Consuelo, recordó que este cuenta con un Plan de Manejo adoptado mediante el Acuerdo 001 del 15 de febrero de 2021 por el Consejo Directivo de Corpoboyacá. Ese plan constituye el instrumento de planificación que orienta la administración y el manejo del área protegida y, por tanto, habilita la ejecución de recursos en su interior.
Para el páramo de Tota–Bijagual–Mamapacha, el soporte normativo es distinto. Allí existe la Resolución 1771 de 2016, expedida por el propio Ministerio, mediante la cual se delimitó oficialmente el ecosistema a escala 1:25.000. Esa resolución no solo fija los límites cartográficos del complejo, sino que establece prohibiciones de exploración y explotación de recursos no renovables, define un régimen de usos y zonificación, e incorpora lineamientos sobre manejo, actividades agropecuarias y mecanismos de conservación.
Esta resolución de delimitación determina que mientras no se adopte un Plan de Manejo específico para el páramo, las corporaciones autónomas regionales competentes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las funciones ecosistémicas del territorio.
El Ministerio considera que la delimitación del ecosistema constituye un instrumento suficiente para orientar la inversión, interpretación que se alinea con el Decreto 1142 de 2021, el cual admite como instrumento habilitante, para páramos, tanto la delimitación como el plan de manejo aprobado, como lo precisó esa cartera en respuesta a una solicitud de información formulada por entreojos.co
La responsabilidad es local
Sin embargo, el Ministerio fue enfático en otro aspecto: la coherencia territorial de los proyectos no es una verificación que dependa exclusivamente de Bogotá. En el proceso de viabilización de las convocatorias se exige un certificado expedido por la autoridad ambiental competente en el territorio donde se ejecutará el proyecto.
Ese certificado debe sustentar que la iniciativa es coherente con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de Acción cuatrienal.
En este caso, esa responsabilidad recae en Corpoboyacá, como administradora de los ecosistemas y recursos naturales en su jurisdicción. Es decir, el Ministerio estructuró la convocatoria y evaluó técnicamente las propuestas, pero la validación de su coherencia con la planificación ambiental regional corresponde a la autoridad territorial.
La entidad también recordó que los recursos de la Asignación Ambiental tienen una destinación específica: la conservación de áreas estratégicas y la lucha contra la deforestación. Los proyectos financiados deben enmarcarse en cuatro pilares: preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento, y no pueden destinarse al aprovechamiento insostenible de recursos naturales.
Piden suspender giros
El debate lo mantienen los colectivos ambientales que, desde diciembre, han pedido suspender los giros y revisar las actividades previstas en el páramo. Señalan que acciones como la instalación de biodigestores, la plantación masiva de más de 500.000 árboles, la construcción de viveros, la implementación de plantas de tratamiento o la apertura de senderos podrían implicar infraestructura y transformaciones incompatibles con la fragilidad del ecosistema si no están respaldadas por una planificación específica y estudios detallados.
La respuesta del Ministerio no cierra el debate, pero sí lo redefine. La discusión ya no gira únicamente en torno a si hubo o no evaluación técnica, la hubo, dentro del esquema reglado del SGR, sino sobre si la delimitación del páramo es suficiente instrumento para soportar intervenciones de esta naturaleza y hasta dónde llega la responsabilidad de las autoridades regionales en la certificación y control de su ejecución.
En un contexto donde confluyen regalías, gobernanza ambiental y ecosistemas estratégicos, la tensión entre planeación formal y efectos reales en territorio seguirá marcando la agenda pública en Boyacá.
