Aunque la ganadería y la agricultura en los páramos no son prácticas recientes, asuntos como su delimitación, la prohibición de la minería y la restricción impuesta por el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 para llevar a cabo actividades propias del agro tienen en jaque a los campesinos que históricamente han habitado estos territorios.
Esa fue la principal motivación de la reunión que se cumplió el viernes primero de septiembre, en Socotá, en la que instituciones nacionales del sector ambiental, autoridades locales y comunidades rurales pusieron sobre la mesa sus responsabilidades y preocupaciones frente a la aplicación de lo previsto en el artículo 173 del Plan de Desarrollo propuesto por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El artículo en referencia señala que “en las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos”.
A pesar de la trascendencia de esa determinación, su implementación depende del cumplimiento de varias tareas que están a cargo de los ministerios de Ambiente y Agricultura, de las Corporaciones Autónomas Regionales, de las gobernaciones y las alcaldías.
Las tareas y los responsables
El Ministerio de Ambiente debe avanzar en la delimitación de los 37 complejos de páramos del país. A la fecha este ejercicio se ha adelantado en 23. El Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas deben definir las directrices para la reconversión productiva del sector agropecuario, las Corporaciones Autónomas Regionales tienen que avanzar en la formulación de los planes de manejo de los páramos y a las gobernaciones y alcaldías les corresponde articularse con estas instituciones para la adecuada implementación de los programas y proyectos que se definan.
Y hasta que eso no suceda, y no va a ser pronto, los campesinos podrán continuar con sus actividades tradicionales sin que eso implique la expansión de sus ganaderías y cultivos a expensas de la vegetación de páramo, sin embargo, en regiones como la provincia de Valderrama han surgido comentarios en el sentido de que muy pronto las autoridades van a expulsar a los agricultores de las áreas protegidas.
Pedro Pablo Salas, asesor para el Diálogo Social de la Gobernación de Boyacá, pidió mesura a quienes han difundido esas informaciones y tranquilidad a los residentes de las partes altas. Sostuvo que actualmente se está en una fase de transición hasta que no se resuelva de fondo el tema de la reconversión.
Salas se refiere al compromiso que el pasado 14 de agosto asumió el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, en Málaga, Santander, donde dio un parte de tranquilidad a los campesinos al proponer “un régimen de transición de 10 a 15 años para el diseño e implementación de alternativas de reconversión productiva que permitan el sustento económico a partir de la conservación de los hábitats”.
Pequeños acuerdos
Una de las peticiones de la comunidad es que se permita abrir un carreteable hasta la vereda de Pueblo Viejo.
Adriana Pinilla Guzmán, la jefe del Parque Nacional Natural de Pisba, destacó que la reunión de Socotá permitió llegar a acuerdos como la instalación de una mesa local campesina del Parque en la que la comunidad plantee sus inquietudes y entre todos se puedan hallar soluciones a sus problemáticas.
Dijo que este encuentro permitió aclarar las responsabilidades de las instituciones que tienen que ver tanto con el páramo como con el parque. Mientras Parques Nacionales ejerce como autoridad al interior del Parque de Pisba, Corpoboyacá hace lo propio en la zona de amortiguación.
También se refirió al proceso que se adelanta para esclarecer la propiedad de los predios que colindan con el parque y a la reiterada petición de los campesinos con el fin de que se permita adecuar la Ruta Libertadora para el acceso de vehículos.
Al respecto Pinilla hizo énfasis en que la norma que creó y protege al Parque de Pisba no permite hacer grandes obras de infraestructura, sin embargo, mencionó que junto con la Alcaldía de Socotá, la Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se evaluará la situación particular de la Ruta Libertadora al interior del Parque.
En relación con las opciones de reconversión y sustitución de actividades agropecuarias, desde la jefatura del Parque se presentó la posibilidad de hacer ecoturismo al interior del área protegida y de que los beneficiarios sean las mismas comunidades a través de la prestación de servicios de guianza, alojamiento y alimentación.
Pago por Servicios Ambientales
Compensar a los campesinos por cuidar los páramos es para Germán Bermúdez Arenas, director de Medio Ambiente de la Gobernación de Boyacá, una de las opciones para asegurar su subsistencia y permanencia al interior de estos ecosistemas.
“El Ministerio y Parques ya tienen claro que no pueden prohibir actividades agropecuarias hasta tanto no se tengan alternativas. Hoy se habla de una transitoriedad que va a ser muy larga y se apoyan en la tesis de que son las Corporaciones las que deben formular los planes de manejo para los proyectos productivos sostenibles o de reconversión”, sostuvo Bermúdez.
El funcionario advirtió que aunque las Corporaciones deban hacerlo lo cierto es que hoy no disponen del dinero para formular esos planes de manejo de los páramos.
Mientras se define cómo y con qué recursos se avanzará en la reconversión y la sustitución, los campesinos se han comprometido a seguir vigilando que los páramos continúen cumpliendo con su función de regular el flujo del agua que luego de un largo recorrido llega a nuestros grifos.
