La meta es salvaguardar el páramo de Pisba y los 15 nacederos de agua de los que dependen los habitantes de la vereda El Pedregal en el municipio de Tasco.
La puja comenzó en 2015 cuando la comunidad decidió levantar un campamento frente a la entrada de la mina que Acerías Paz del Río pretendía reabrir para la explotación de hierro en esa zona de Boyacá. En su reclamo fueron acompañados por la Corporación Podion para interponer una Acción Popular en contra de la pretensión de la compañía de retomar las operaciones en el lugar.
La mina, que según el abogado Luis Enrique Orduz, de la Corporación Podion, fue abandonada por la siderúrgica en 2002 luego de casi una década de operación, no fue cerrada de manera técnica por lo que su actual condición genera daños a la vegetación y a las fuentes de agua de la zona.
Comunidad y representantes de la empresa han sido convocados para conciliar, sin embargo, las diferencias de criterio motivaron a que el caso pasara a estudio del Consejo de Estado que en un concepto del pasado 2 de agosto ratificó la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Boyacá de impedir cualquier actividad extractiva en esta vereda de Tasco por parte de la empresa.
“El máximo Tribunal Administrativo reconoce la incertidumbre existente sobre los posibles efectos que se generarían con la reactivación de la explotación y aplica el Principio de Precaución Ambiental como fundamento de su decisión, en particular por la cercanía de esta con el Páramo de Pisba ya que se ubica en su zona de amortiguación”, señaló la Corporación Podion en un comunicado.
Podion agregó que el Alto Tribunal reconoció además el riesgo de deslizamientos de tierra generados por la actual condición de la mina y por una falla geológica.
En el pronunciamiento del Consejo de Estado se acoge lo expuesto en la Sentencia T – 341 de 2016 que reconoce la vulneración de los derechos fundamentales al medio ambiente sano, a la vivienda digna y a la salud de una de las habitantes de la vereda.
El conclusión, el Consejo de Estado ratificó lo dicho por el Tribunal Administrativo de Boyacá de mantener la medida cautelar sobre la actividad de la mina El Banco hasta el final de proceso.
“Lo anterior representa un reconocimiento y una victoria de la comunidad tasqueña que se ha opuesto a la reapertura de este proyecto extractivo debido a los graves impactos generados en décadas anteriores, y a la grave amenaza que se cierne sobre sus fuentes hídricas y su cultura campesina”, señaló la Corporación Podion. Acerías Paz del Río no se ha pronunciado sobre esta decisión del Consejo de Estado.
