Son numerosos los pasivos ambientales de Boyacá, sin embargo, el actuar de los entes de control no se ve reflejado en el llamado a cuentas a los funcionarios que tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones en esa materia.
Cuando el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, inició su intervención en desarrollo de la Audiencia Pública celebrada este lunes 17 de septiembre, en el Claustro de San Agustín del Banco de la República, en Tunja, mencionó que uno de los temas que abordaría sería el de los rellenos sanitarios.
La expectativa generada fue superior al resultado expuesto por el representante del Ministerio Público. Anunció la apertura de un proceso disciplinario en contra del alcalde de Sogamoso, Sandro Condía por su “extralimitación de funciones al afectar el servicio de recolección de basuras de 43 municipios”, sin embargo, no se refirió a la situación que ha originado esta crisis.
Boyacá tiene 123 municipios, pero solo Tunja y Sogamoso han asumido la tarea de recibir sus desechos. Entre los dos acopian los desperdicios de 99 municipios que corresponden al 82 por ciento de la basura que se produce en el departamento, pese a ello la Procuraduría no ha proferido sanción alguna en contra de los mandatarios que han incumplido con la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos de sus localidades.
Esta es una asignatura pendiente de la Procuraduría. Su poder fiscalizador y disciplinario podría contribuir en la adecuada gestión y disposición de las casi 374 toneladas diarias de desechos que hoy se están depositando solo en el relleno sanitario de Pirgua, en Tunja, teniendo en cuenta que el relleno sanitario de Sogamoso actualmente no está habilitado para prestar este servicio a otros municipios.
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Una situación similar se advierte en el caso de los acueductos veredales. Según la Secretaría de Salud de Boyacá, de acuerdo con los datos del primer semestre de 2018, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) es alto en el 49,59 por ciento del departamento.
Eso quiere decir que en el área rural de 61 municipios el agua que llega a los hogares no es apta para consumo humano. Pese a la evidencia de las cifras aún no se tiene un reporte de sanciones del Ministerio Púbico que comprometa a los responsables de esta problemática.
Otro conflicto de igual importancia es el relacionado con las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). En lo que respecta a la cuenca alta del río Chicamocha, solo está en operación la planta de Tunja.
Con su entrega en 2017 se aportó a la descontaminación de la que se considera como la principal arteria hídrica del centro de Boyacá, sin embargo, el esfuerzo resultará vano hasta que municipios como Paipa, Duitama y Sogamoso logren concretar las inversiones que permitan construir y poner en funcionamiento estos sistemas de tratamiento. De las tres ciudades, Sogamoso es la que mayor avance reporta. Tampoco en este caso se conocen juicios de responsabilidades.
Comunidad reclama por el ambiente
María Soto, líder ambiental de Monguí.
Durante la audiencia convocada por el Procurador General fueron variados los temas expuestos por voceros ciudadanos en materia ambiental.
María Soto, líder ambiental de Monguí, le pidió ayuda al Procurador General para proteger el páramo de Ocetá. Soto, también conocida como ‘La Maruja’, le señaló que la ganadería es el enemigo silencioso de este ecosistema y que por denunciar esta situación ha sido objeto de agresiones y amenazas.
Además de María Soto, otros ciudadanos le pidieron al Procurador Fernando Carrillo emprender acciones para enfrentar asuntos como los siguientes:
– Inundaciones en el barrio Santa Lucía de Duitama.
– Contaminación del acuífero de Tunja a causa de la operación del relleno sanitario de Pirgua, de Tunja.
– Incapacidad operativa de la Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá para proveer agua potable de calidad a sus usuarios.
– Ineficiencia de la CAR de Cundinamarca en la inversión de recursos para la recuperación de la Laguna de Fúquene y del río Suárez.
– Responsabilidad de los municipios de la cuenca del río Suárez, de las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca y de la CAR en la demora para la construcción de las PTAR que permitan el saneamiento tanto de este cuerpo de agua como de la Laguna de Fúquene.
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La audiencia concluyó con la promesa del Procurador General de atender las inquietudes formuladas por los asistentes y de enviar a su delegado nacional en temas ambientales para inspeccionar el detalle de los temas expuestos.
