La juez primera civil del circuito de Sogamoso, Adriana Guasgüita Galindo, resolvió el primero de diciembre de 2020 una tutela radicada por el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Diego Trujillo Marín, y en ella dispuso acciones concretas para restaurar el ecosistema del lago de Tota.
En su actuación, la juez determinó tiempos precisos a entidades el orden regional, como Corpoboyacá y los municipios de la cuenca, y a otras de carácter nacional entre ellas el Ministerio de Ambiente, el ICA y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a fin de ejecutar tareas encaminadas a garantizar el cumplimiento de las normas ambientales diseñadas para el cuidado de los humedales.
Sus decisiones no son nuevas. Ya el Tribunal Administrativo de Boyacá había dispuesto medidas de protección para el embalse natural al fallar una acción popular de 2006, y aprobar un pacto de cumplimiento que cuenta con el seguimiento de un comité de verificación coordinado por la Procuraduría 2 Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá.
Pese a esta labor, las órdenes del Tribunal no se han acatado a cabalidad lo que ha dado pie a las peticiones de apertura de un incidente de desacato por parte del actor popular, Alfonso Pérez Preciado, y de la misma Procuraduría General de la Nación.
En una determinación del pasado 12 de marzo de 2020, el magistrado Luis Ernesto Arciniegas negó las pretensiones de Pérez Preciado y pidió informes a las entidades comprometidas, entre ellas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la cual requirió con el fin de identificar los predios baldíos que se hallen alrededor del cuerpo lagunar, y proceder a deslindar los terrenos cubiertos de aguas y sus líneas de mareas máximas, solicitud que en octubre de 2019 también había hecho el Procurador Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, Álvaro Cardona González, tal como aparece en el Informe del Comité de Verificación y Cumplimiento de fecha 18 de noviembre de 2019.
La Procuraduría insiste en que hay razones de peso para hacer efectiva la medida de apertura del incidente de desacato contra las instituciones que han sido inferiores a sus obligaciones.
En octubre de 2019 el ministerio público pidió a los alcaldes de Tota, Cuítiva y Aquitania identificar a los propietarios, tenedores y poseedores que se encuentran en el área de influencia del lago de Tota y remitir la información obtenida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para avanzar en el proceso de deslinde en el menor tiempo posible.
También les hizo un llamado a actualizar los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de sus municipios, teniendo en cuenta el Plan de Manejo y Ordenamiento la Cuenca (Pomca Tota); la Resolución No. 1786 de 2012 que estableció la cota máxima de inundación del lago; y la resolución que delimitó el páramo Tota – Bijagual – Mamapacha.
Aunque la Procuraduría considera que se han dado algunos avances como el entubamiento de las conducciones del agua extraída de manera legal del lago de Tota, concluye que varias de las entidades responsables están en mora de poner en marcha las órdenes impartidas por las diferentes instancias.
El Conpes del 2014
A las decisiones judiciales sobre el lago de Tota se suma la adoptada en 2014 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), a través del cual se avaló el plan de acción para el manejo integral de la cuenca del Lago de Tota, conocido como Conpes 3801.
Su propósito era mejorar la gestión ambiental e implementar alternativas productivas sostenibles en la zona de influencia del lago con inversiones por 41.000 millones de pesos. De esa manera se pretendía “superar los problemas sociales, económicos y ambientales que ponen en riesgo la sostenibilidad del lago de Tota”.
Este plan contempló 40 acciones puntuales, algunas de las cuales aún no se han puesto en marcha por la falta de articulación entre entidades, y en otros casos su implementación ha sido lenta como la transformación de cultivos hacia prácticas sostenibles.
Entre las tareas asignadas hace seis años a cerca de 16 instituciones del Estado, a instancias del Conpes 3801, están las siguientes:
– Delimitar los páramos que hacen parte de la cuenca del Lago de Tota.
– Realizar la adecuación hidráulica de quebradas y ríos aportantes.
– Elaborar el modelo hidráulico, hidrológico y de calidad de agua, que incluya módulos de consumo en los principales cultivos.
– Diseñar e implementar los proyectos de recuperación ambiental de la cuenca.
– Establecer la demanda efectiva y potencial de agua para la cuenca del Lago.
– Identificar alternativas de diversificación y de generación de valor agregado para los productos como cebolla junca, papa y trucha.
– Incorporar dentro de los mercados verdes la producción y comercialización de la cebolla.
– Gestionar proyectos de saneamiento básico para Aquitania, Cuítiva y Tota.
En enero habrá audiencias
En diálogo con entreojos.co, el magistrado del Tribunal Administrativo de Boycá, Luis Ernesto Arciniegas, informó que se está previendo lo necesario para la realización de varias audiencias por sectores para revisar el cumplimiento de lo previsto en el fallo de la acción popular. Tales encuentros se realizarían de manera virtual dadas las restricciones impuestas por la pandemia.
Arciniegas recordó que luego del fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado impartió obligaciones adicionales a las entidades comprometidas.
