Con el Plan de Desarrollo en la mano, Saavedra fue categórico al señalar que la vocación de Gachantivá está soportada en las actividades agropecuarias, la conservación de los recursos naturales y el turismo responsable.
Su planteamiento se dio a propósito de la convocatoria ciudadana liderada por el Movimiento Cívico por el Agua y la Vida y el Colectivo Ambiental del Alto Ricaurte que se oponen a que la empresa Cementos Tequendama explote piedra caliza cerca de la laguna La Colorada de la que se surten 20 acueductos rurales.
“Permitir cualquier tipo de explotación en esa zona sería como quitarle la tapa a una alberca, se sale todo el agua”, explicó el alcalde queriendo graficar el impacto que generaría esta actividad extractiva en los ecosistemas de la localidad. Añadió que allí el potencial ambiental es significativo y que está representado por 25 cascadas, tres lagunas, ríos, riachuelos y una diversidad de pisos térmicos.
A pesar de su convicción personal, Saavedra aseguró que como Alcalde ha propiciado escenarios para el diálogo constructivo entre quienes tienen puntos de vista diferentes buscando que las discrepancias se expongan de manera respetuosa y que la decisión final se adopte por las vías democráticas, sin embargo, hizo hincapié en la vocación agroecoturística de la zona: “no necesitamos de empresas cementeras que vengan a decirnos que lo mejor para Gachantivá es la minería sostenible”.
Jorge Saavedra, alcalde de Gachantivá.
La comunidad dice no
Martha Emilce Saiz hace parte del Movimiento Cívico por el Agua y la Vida de Gachantivá y desde hace tres semanas integra la comisión que visita la zona rural y los otros municipios de la región para invitar a los campesinos y a los líderes de las juntas de acueducto veredal a sumarse a la caravana del 3 de septiembre para rechazar las pretensiones de Cementos Tequendama.
Martha Emilce y su compañera de recorrido, Laura Carreño Suárez, recordaron que el movimiento surgió en 2003 cuando una empresa minera llamada Mina Sabaneta adquirió predios en la vereda Igua de Páez con el propósito de explotar piedra caliza. El rechazo de los pobladores fue inmediato por las implicaciones sobre las corrientes hídricas y la emisión de partículas contaminantes al aire. En ese momento Corpoboyacá negó el licenciamiento.
En 2015 se presentaron alrededor de 10 nuevas solicitudes, entre ellas la de Cementos Tequendama con intereses en la vereda La Hoya, sin embargo, y de acuerdo con lo relatado por Martha Emilce Saiz, la autoridad ambiental se abstuvo de darle curso a la petición hasta que se tuviera claridad sobre el potencial hidrogeológico de la zona.
La empresa, empeñada en su propósito industrial, expresó interés por extraer piedra caliza pero ahora de las partes altas de las veredas de Igua de Pardos e Igua de Pinzones, situadas a un kilómetro del municipio, cerca al cerro de Santa Bárbara y de la laguna La Colorada. Este hecho motivó la reacción del movimiento cívico y el inicio de los trámites para que se adelante una consulta popular a través de la cual se le pregunte a los habitantes de Gachantivá si quieren convivir o no con la minería.
Aunque la consulta fue avalada por el Concejo Municipal, la pregunta que se les formularía a los habitantes tuvo reparos en el Tribunal Administrativo de Boyacá que tomó la decisión de rechazar esa posibilidad. Ante tal situación la administración y la comunidad acudieron al Consejo de Estado para revertir dicha determinación.
El organismo estuvo de acuerdo con la posición de los ciudadanos y le dio vía libre a la consulta, sin embargo, Cementos Tequendama interpuso un recurso ante la Sección Segunda del Consejo de Estado que deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la legalidad tanto de la consulta como de la pregunta.
El proceso está siendo acompañado por la Gobernación de Boyacá, a través de la Oficina para el Diálogo Social que lidera el ex concejal de Tunja, Pedro Pablo Salas Hernández. Salas le dijo a entreojos.co que por directrices del gobernador Carlos Andrés Amaya su despacho ha estado atento de las acciones que adelanta el Movimiento Cívico en procura de asegurar que este disponga de todas las garantías para que su labor se desarrolle sin contratiempos.
El funcionario sostuvo además que es política del departamento defender el derecho de las comunidades a velar por sus recursos naturales y por su vocación social y económica, y alertó que intereses políticos y económicos están interesados en incidir en las decisiones de los tribunales a favor de las pretensiones empresariales.
Mientras el tema se resuelve en los estrados, el próximo domingo 3 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, el Carnaval por el Agua y por la Vida recorrerá 17 kilómetros entre el sector de La Cometa, en Gachantivá; y la plaza principal de Arcabuco en donde se tienen previstas alocuciones y actividades culturales asociadas a la defensa de la autonomía de los pueblos a decidir sobre su futuro.
